Por. Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
Twitter:@imumidf

En enero del año pasado, cuando del Donald Trump entró a la Casa Blanca, los políticos en México y las comunidades y organizaciones migrantes en EUA, junto con los medios de comunicación y analistas, entraron en pánico colectivo ante las amenazas de la deportación de las más de 5.5 millones de personas mexicanas viviendo en ese país de forma indocumentada, y quienes con las órdenes ejecutivas del 25 y 27 de enero del 2017 se convirtieron en prioridad para ser deportadas. Para febrero de ese mismo año, iniciaron las redadas migratorias en ese país y vimos casos emblemáticos de familias separadas a la fuerza cuando de buena fe se presentaban a su cita anual ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como el caso de Guadalupe García de Arizona. Mientras en México se realizaban reuniones, iniciativas de leyes sobre retorno, programas, foros, y visitas a la comunidad mexicana en EUA.

Se hacía evidente la importancia del Congreso estadounidense, la acción del sistema judicial y el debido proceso que pudo disminuir la rapidez o detener ciertas acciones de Trump, como el primer “Veto Musulmán” que intentó realizar en enero del 2017. Esta orden ejecutiva llegó a la Suprema Corte y su implementación fue por lo menos diluida en el camino. Vimos la misma tendencia con otros proyectos, como la construcción del muro –aun si en octubre del 2017 se instalaron 8 prototipos de muro en una zona cerca de San Ysidro, California- que a la fecha Trump no cuenta con el presupuesto necesario para iniciar la construcción completa; la solicitud de contratar a 5,000 agentes de la patrulla fronteriza y 10,000 más del ICE; la terminación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés); y el veto de entrada a personas refugiadas.

Esto no significa que no haya tenido un impacto en la política migratoria en el mundo con sus anuncios y programas racistas, así como para las personas afectadas que están viviendo estas tragedias familiares, pero nos da pauta para analizar con más detenimiento el progreso que tendrá su agenda migratoria en 2018. Trump necesita del Congreso para emprender cambios estructurales al sistema y no puede ir por encima de las leyes estadounidenses y las decisiones judiciales, y así nos lo recordó la acción emprendida por un juez de San Francisco, el pasado 9 de enero, cuando ordenó al ejecutivo volver a abrir el sistema de renovaciones de documentación para DACA. Tan sólo 4 días después, el gobierno cumplió abriendo el sistema.

En este contexto, qué pueden esperar las mujeres en la migración y sus familias este año, por un lado, Trump quiere seguir con la política de miedo lo que puede significar un incremento en las deportaciones de personas con muchos años viviendo en EUA, traduciéndose en más separaciones familiares, como el caso del padre que se despidió de su esposa e hijos en el aeropuerto de Detroit, la semana pasada, después de vivir 30 de sus 39 años de vida en ese país.

La legislación que permite la “legalización” de las más de 800,000 personas que actualmente cuentan con DACA a cambio de mayores medidas de seguridad en la frontera, sea partes de un muro u otras medidas. Considerando que más del 25% de las y los dreamers tienen hijas e hijos nacidos en EUA, una reforma legislativa sería un mecanismo importante para evitar la separación familiar. El Senado tiene hasta el 8 de febrero para presentar una propuesta que convenza a los dos partidos políticos.

Por otro lado, son necesarias campañas y acciones de cabildeo para buscar una solución para las más de 300,000 personas que perderán su autorización para trabajar y protección contra la deportación, al terminar los plazos del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) para Haití, Nicaragua, El Salvador, Sudan y probablemente Honduras. Muchas de las personas beneficiarías son de El Salvador, quienes tienen más de 17 años viviendo en EUA, con hijas e hijos estadounidenses.

Así como mayores detenciones de familias en la frontera entre Mexico y EUA. Mientras la retórica de Trump tuvo su impacto de disuasión durante los primeros meses de su administración, para mayo del 2017 los números de familias centroamericanas huyendo de la violencia en sus países habían subido nuevamente. Ante este escenario, es muy probable que Trump siga implementando medidas para detenerlas y aislarlas en centros de detención donde la asistencia jurídica sea difícil de conseguir.

Por lo que la política migratoria de México juega un papel importante, ya que los dos países llevan años colaborando en políticas de detención y deportación, desde México, para disuadir la migración centroamericana hacia EUA. En un año electoral, los partidos tomarán posturas de protección a la comunidad mexicana en EUA, -una postura popular con la población mexicana en general. Sin embargo, es probable que no haya cambios para aumentar la protección de las personas migrantes y refugiadas de Centroamérica en busca de protección internacional en nuestro país, aun cuando se ha visto un aumento en las solicitudes de asilo, más de 8,000 en 2017, de las cuales las mujeres y familias representan poco más del 50%.

Desde México, nos toca seguir trabajando para proteger a las mujeres migrantes y sus familias en la región, con atención legal y emocional; propuestas firmes en la agenda política de la próxima administración, al tiempo que vamos incidiendo en programas de integración y binacionalidad para las familias retornadas al país.