Hace mucho tiempo que en la sala grande del local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) no se desarrollaba una reunión de la envergadura del encuentro de grupos, sindicatos, movimientos, colectivos y algunos partidos políticos del 11 de setiembre de 2023. Todos hablando al unísono en un hervidero de ideas y acciones. La convocatoria tenía como objetivo llamar a una acción frente a la lenta pero intensa cooptación del Estado peruano de parte de las fuerzas oscuras del congreso que impusieron la presidencia de Dina Boluarte. Boluarte, en la práctica, no es más que un títere del fujimorismo y lo que algunos llaman el “fujicerronismo” (la alianza contra natura de la izquierda radical y la derecha mafiosa). Ese día se convocó para el miércoles siguiente a una conferencia de prensa y para el sábado 16 de setiembre a una movilización desde el tradicional Campo de Marte, ubicado en la periferia del centro de la ciudad, hasta Palacio de Justicia. La marcha se inició en la tarde, tuvo un recorrido un poco menor de lo acordado, aunque de todas maneras, se cubrieron 8 kilómetros con un promedio de cinco mil personas.

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad o de encuentros tensos entre los diversos sectores convocados, cinco mil personas es un número bastante modesto, en comparación con las movilizaciones que se realizaron en Lima y en las regiones, especialmente en el Sur Andino, durante los últimos meses. Un analista de izquierda que tiene muchos años trabajando en el ámbito de la gobernabilidad sostenía hace poco que “la movilización social que ha salido a las calles en contra del gobierno de Dina Boluarte ha fracasado”.

En efecto, Boluarte está entronizada en el poder no solo aupada por las fuerzas ultraconservadoras del congreso sino también co-gobernando con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la famosa CONFIEP, quien ha colocado a su vicepresidenta, Ana María Choquehuanca, como Ministra de la Producción. Los sectores empresariales no están incómodos con los estándares de uso de la fuerza en las movilizaciones y no les importan los 68 muertos de las protestas contra el gobierno (49 por impacto de bala de la policía o el Ejército). En realidad, al sector empresarial peruana, nunca les han importado porque son los sacrificables: el precio del desarrollo. Frente a la urgencia de seguir lubricando la economía que, este año, ha exportado millones de toneladas por el modesto puerto de Matarani, al sur de Arequipa, por donde sale toda la producción de cobre de la mina Las Bambas, “unos cuantos muertos” de vidas que no importan son “un lamentable costo”.

Los crímenes de esos meses a pesar de todos los informes internacionales de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la CIDH y diarios como el New York Times y The Guardian, siguen impunes. La fiscalía ha denunciado a Dina Boluarte por genocidio para hacer la finta porque es un delito muy difícil de probar. Lo más factible es que, Patricia Benavides, la cuestionada Fiscal de la Nación —que echó de la fiscalía a una funcionaria que investigaba a su propia hermana por prevaricato— probablemente archive más temprano que tarde la investigación contra Boluarte y su primer ministro Alberto Otárola.

Patricia Benavides, además de ser una fiscal con mucho poder, está muy vinculada al fujimorismo —su madre fue alcaldesa por el partido naranja en la selva central— y como hemos señalado tiene dos hermanas que son juezas, una de ella ha sido denunciada por favorecer a decenas de delincuentes con juicios totalmente benignos. La Junta Nacional de Justicia – JNJ empezó una investigación a Benavides por plagio, tanto de su tesis de maestría como de su tesis de doctorado —que a la sazón terminó ambas en menos de dos años— y por otras inconductas. Jugando en pared con la fiscal, el Congreso, inició una investigación sumaria a todos los miembros de esta institución del Estado que nombra y ratifica jueces y fiscales y que fue instituida por todos los poderes del Estado (congreso, ejecutivo, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional).  La cooptación de la JNJ sería, en buena cuenta, una especie de golpe de Estado en slow-motion.

Esta pretensión congresal de destitución de todos los miembros de la JNJ es percibida por algunos analistas como una estrategia para cooptar al Estado. En realidad, es obvia y la costura se ve a lo lejos. El camino es el siguiente: primero fue el Tribunal Constitucional, con miembros totalmente funcionales al congreso; después fue el Defensor del Pueblo, un abogado sin ninguna experiencia en derechos humanos, pero miembro del partido fujicerronista; después han sido poco a poco otros funcionarios, hasta tener en el bolsillo al Ministerio de Justicia, con un ministro cercano a la mafia de los Cuellos Blancos del Puerto, un grupo de magistrados que vendían justicia al mejor postor. La intención es ir luego por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones —hoy con medidas cautelares de la Comisión Interamericana por las reiteradas amenazas de muerte que ha recibido— así como por el Jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales, para tener un Estado aceitado y preparar unas elecciones el 2026 en las que Keiko Fujimori, por cuarta vez, no podría perder de ninguna manera. Ni siquiera si compite contra un panetón (un chiste que ella misma se dedicó a divulgar).

La destitución de la JNJ es percibida por los abogados progresistas y activistas de derechos humanos como un golpe de Estado. Lamentablemente las grandes mayorías no lo ven así, ni lo entienden, ni les importa. Hay un discurso en contra de los derechos humanos que levantan tirios y troyanos, sin ningún tipo de coherencia, pero repetitivo y adjetivo: los jueces son caviares, los comisionados son caviares, los de la JNJ son caviares. ¿Qué son los caviares? En realidad, nadie lo sabe muy bien pero el sustantivo sirve para calificar todo aquello que se mueve contra la línea de flotación de la derecha medieval y del fujimorismo congresal. Incluso hay algunos activistas de regiones que sostienen que la pelea por la JNJ es “limeña”. Esta percepción de las luchas por la institucionalidad democrática como algo de las élites progresistas y bienpensantes disiente de la lucha por la democracia, cruda, radical, que se percibe como la batalla de las regiones contra el centralismo colonialista de la vieja “ciudad letrada”.