La cuerda separada
El Perú termina el año con decrecimiento económico y recesión. El as con más de 20 años de crecimiento ininterrumpido entre los países latinoamericanos ha sucumbido a la policrisis política y de representación: hoy presenta un PBI acumulado 2023 de -0.5% y la pobreza llega a un 28,7% aunque la inflación se mantiene en 3.1%. El consumo ha caído a cero (cifras del Instituto Nacional de Estadística – INEI).
Lo que durante años se llamó a la interna la “cuerda separada” hoy en día no funciona: la crisis política que está representada con un 81% de rechazo a Dina Boluarte, la presidenta, y casi 91% de rechazo al congreso, ha impactado en la economía. El ex ministro de Economía, Luis Castilla, ha dicho en un programa de La República (26.12.23), que el decrecimiento del Perú es casi de un país insolvente y en crisis pero que esta situación no se condice con la realidad.
¿Cuál realidad?
Lo que sucede es que en el Perú al parecer existen realidades paralelas.
Para algunos como los directores del Banco Central de Reserva y los economistas neoliberales que aplaudieron durante años el manejo del gasto público y el ahorro del Estado, la realidad está centrada en la extracción de minerales y agroindustria de exportación y, por otro lado, evitar “gastos” en educación, transporte o salud. Lo último quedó palmariamente demostrado con la pandemia que nos encontró con apenas 140 camas UCI a nivel nacional y que, debido a la gestión pública y privada de esos días, subió a 1300 camas UCI.
Esta cifra, sin embargo, no sirvió para poder gestionar la multiplicación de casos de COVID19 durante el 2020 y 2021 que produjo la muerte de cientos de miles de peruanos, a pesar de un confinamiento riguroso que, por supuesto, también destruyó la economía y los ingresos de millones de personas. El Perú finalmente se convirtió en el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo: 6.571,58 (Macrodatos, ver cuadro). El tema de la crisis de salud parecía el producto clásico de no querer mirar a los grandes sectores ciudadanos y dedicarse a considerarlos solo sujetos de programas sociales.
Precisamente la gran crisis política en manos de Dina Boluarte ha funcionado en esa perspectiva: cuando ella en los inicios de su régimen pretendía “dialogar” con los diversos sectores, les percibía como un encuentro con subalternos solo en torno a “ayuda social”. Los pobladores del Sur Andino y regiones como Cusco, Puno, Apurímac o Ayacucho, pretendían defender su voto y su propuesta de gobierno. Le hablaban a la presidenta como sujetos políticos. Cuando eso sucedía ella, de inmediato y sin pensarlo —sigue gobernando prácticamente sin pensar— los calificaba de antisistema, revoltosos y terroristas. Hace poco en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver el caso de los muertos y heridos en las movilizaciones de este año, el embajador peruano Gustavo Adrianzén, fuera de sus casillas, le contestó a los deudos “se mataron entre ustedes”. Esos son los argumentos del Estado.
Esta percepción esquizoide de la realidad es algo que Dina Boluarte ha sabido defender y llevar hasta el paroxismo. El espurio Tribunal Constitucional decidió que el indulto trucho dado por Pedro Pablo Kuczynski al reo Fujimori en el año 2017 sí tenía validez. El martes 5 de diciembre de 2023 en una resolución que excluyó a dos de sus miembros ordenó al Instituto Nacional Penitenciario que dejara en inmediata libertad al asesino, corrupto y ladrón. Durante 24 horas no hubo una respuesta del Poder Ejecutivo: Otárola, el premier, un año antes había despotricado en redes sociales contra los intentos de indultar al dictador. Pero una cosa es con guitarra y otra con cajón. En el gobierno, Otárola y Boluarte organizaron un razonamiento funambulesco para liberar al reo. Sin embargo, antes de hacerlo, llegó una carta de la Corte Interamericana advirtiendo que si le hacían caso al previcador Tribunal Constitucional, el Perú estaría en franca rebeldía antisistema interamericano. Ambos co-gobernantes lanzaron su interpretación: vamos a dejar libre a Fujimori, pero respetamos las resoluciones de la Corte Interamericana. ¡¡¡¿Qué?!!!
La realidad paralela, nuevamente. La cuerda separada. Pero esta vez convertida en argumento jurídico absurdo hasta la náusea. No queremos salir del sistema interamericano pero debemos respeto a nuestro Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en realidad debajo de la mesa se juega el apoyo al gobierno: si no se le otorgar el indulto al asesino, corrupto y ladrón, el gobierno de Otárola/Boluarte cae bajo el hacha de Fuerza Popular y sus secuaces del congreso. Esa es la realidad real que ellos suponen nadie entiende, ni ve, ni percibe, ni intuye.
Pero la cuerda separada está a punto de convertirse en la cuerda floja de Dina Boluarte.
Como ha sostenido el ex ministro de economía Pedro Francke en un artículo para la Revista Comunes “este gobierno, que combina la defensa de los grandes monopolios con beneficios especiales a sus allegados, sólo agrava los problemas del país, sumando recesión, desempleo y empobrecimiento a su socavamiento de la democracia, y por eso el repudio que provoca sólo irá creciendo”. Pensar que se podía continuar con crisis de presidentes —siete en siete años— y con un rechazo rotundo a toda la clase política y seguir viento en popa en la economía es algo que se está terminando. Los CEO’s que le dieron su apoyo a Boluarte (75% según cifras de Ipsos-Apoyo) están reculando porque se les está tocando ahí donde más les duele: la billetera. Alberto Vergara, hace un tiempo, criticó duramente esta manera de posicionamiento de los grupos económicos de espaldas a los reclamos de miles de peruanos: “Tendríamos que preguntarnos por qué a nuestras élites lo que ocurre en el país no le parece una barbarie. Más de 60 muertos y al ministro de Defensa lo ascienden a primer ministro, sale la presidenta y contra todos los anuncios, llamó inmaculadas las acciones […] es una puesta en escena del respaldo a la brutalidad de las fuerzas del orden”.
Sin embargo, las mayorías urbanas y especialmente la clase media y popular limeña no tiene ojos ni oídos para los reclamos de los familiares de los asesinados. Un fotógrafo artístico y publicitario, Mario Colán, convenció a un gran grupo de actores y escritores, para un proyecto extraño de derechos humanos, con el que yo discrepo, pero al parecer está dando resultados. Se llama ¿De qué color son tus muertos? Estos hombres y mujeres urbanos, blancos, de edades diversas, llevando ropas blancas ensangrentadas, son fotografiados y cuando se hace clic sobre sus rostros o torsos, aparece la historia y fotografía real de uno de los fallecidos en las masacres de Juliaca, Huamanga, Andahuaylas, Pichanaki, entre otras, de este año.
A mí me parece que es una banalización de los derechos humanos a través del blanqueamiento de los cuerpos-muertos, es decir, los cuerpos de los verdaderos muertos se invisibilizan ante la mirada hegemónica —de la Lima centralista— por ser marrones, indígenas o fuertemente mestizos, en tanto que son cuerpos que no importan. Para que sean visibles, deben racializarse a la inversa, blanquearse, a través de cuerpos de actores blancos de Lima que son parte del mainstream hegemónico. Entiendo que quienes han participado lo han hecho de manera desinteresada y sin cobrar un sol y que el propio Mario Colán lo ha propuesto como una manera de luchar contra la indiferencia limeña. Sin embargo, no me convence el hecho de tener que «cambiar unos cuerpos por otros» para que sea visibles en una Lima colonizada hasta la médula por el eurocentrismo, racista y patriarcal.
Quizás me equivoco. Al parecer, esa es la forma de enganchar con sectores indiferentes, mostrar el cuerpo de un escritor, de una cantante o de un periodista político, y luego lanzar el caso verdadero a los ojos del indiferente que solo quieren “conocer qué le pasó a ese escritor o cantante o periodista” y se dan con la realidad. Otra extraña cuerda que arrejunta cuerpos separados por el racismo, la colonialidad, las violencias simbólicas y el desprecio mutuo.
Los olvidados del Perú y las elites artísticas están jugando en tándem, literalmente acuerpándose, y esa es, por lo menos, una buena señal para que otras cuerdas separadas se aten.
Rocío Silva-Santisteban Manrique
Feminista, activista, poeta, profesora universitaria y consultora de derechos humanos, género y conflictos ecoterritoriales para UNICEF, OXFAM, GIZ, Diakonia, Broederlijk Delen, Terre des Hommes, Red Muqui, entre otras. Miembro del Pacto Ecosocial del Sur y del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.
Hola, Rocío. Gracias por hablar del proyecto desde tu perspectiva. Una sola atingencia; no soy fotógrafo publicitario, sino documental. La publicidad me parece francamente detestable. Muchas gracias.