Los nuevos “mercados de carbono” y las propuestas que vienen aparejadas entrañan muchos impactos y problemas. Además de que son un engaño, ya que no sirven para enfrentar el cambio climático, conllevan aspectos muy negativos como nuevas formas de despojo y apropiación de territorios indígenas y campesinos. Veamos por qué.

Para empezar por lo más evidente, los mercados de carbono son solamente una forma de hacer negocios en mercados financieros, es decir, hacer ganancias sin producir nada, solamente especulando. Para ello, imitando los bonos u otros títulos financieros, se crearon los llamados bonos o créditos de carbono y/o créditos de compensación (offsets por su nombre en inglés).

Se basan en el concepto enfermo de que se podría “compensar” la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático con la absorción y almacenamiento de dióxido de carbono en alguna otra parte. Por ejemplo, en áreas que se conoce absorben dióxido de carbono -como bosques, manglares, oceános, praderas, agrosistemas y otros ecosistemas, que supuestamente compensarían que se emitan gases GEI en otras partes. A esta compensación se le pone un precio y se puede vender y revender por más dinero a empresas que necesiten alegar que limpian su contaminación.

Esto es absurdo por dos razones principales. La primera es que esos ecosistemas ya están absorbiendo carbono (a veces demasiado y por eso algunos, como los marinos, están acidificados). Decir que ahora lo harán para compensar nuevas emisiones de alguna empresa en un lugar determinado es una falacia. Además, son ecosistemas vivos y respiran, absorben carbono pero también lo emiten, como parte de su ciclo de vida. Pueden emitir más dióxido de carbono del que absorben si son dañados o destruidos. La segunda razón es que el carbono emitido por las formas de producción y consumo industriales es acumulativo y no hay ninguna forma de salir del ciclo enfermo que causó calentamiento global y creó el caos climático actual que no sea detener las causas. Es decir, reducir realmente las emisiones de carbono en su origen en las actividades industriales y empresas que las crearon, y en el consumo desigual y suntuario que sostiene esa producción industrial.

Por tanto, inventar que existirá una “compensación” para la contaminación, que justifique seguir aumentando la emisión de gases de efecto invernadero, es falso, absurdo y además cruel contra las y los más afectados por el caos climático, ya que empeora el cambio climático.

Para evadir la primera de estas razones, los “empresarios del carbono” han inventado que con las nuevas herramientas digitales y otras, se podría medir con precisión la cantidad de carbono que absorbe un ecosistema y asegurar -sin bases reales- que es más de lo que haría en forma natural. Pero medir con precisión esta dinámica es otra falacia: los ecosistemas son diversos, dinámicos y variados, no se ajustan a estas mediciones.

Aún reconociendo que por ejemplo, los árboles y plantas en crecimiento absorben más CO² del que emiten, esto hay que analizarlo en su ciclo completo de vida: si una plantación se corta o cosecha, vuelve a emitr el carbono, mientras que un bosque natural cumple un ciclo que en total absorbe, libera y retiene carbono, brindando muchos beneficios ambientales y de sustento a las comunidades que conviven con ellos, que los usan, cuidan y renuevan.

Para forzar la supuesta “medición precisa”, se han creado empresas transnacionales de registro, verificación y certificación de los bosques, que según sus propios estándares, establecen si un bosque absorbe carbono, cuánto y cómo podría supuestamente hacerlo mejor. Les acompaña un ejército de consultores e intermediarios y grandes ONGs “conservacionistas”, que están a la caza de comunidades con territorios forestales a las que enganchar en estos esquemas.

Para ello, prometen a las comunidades que ganarán mucho dinero vendiendo créditos de carbono, para lo que deben fijar un área de su territorio -que en general estos intermediarios ya tenían en vista- la cual deben designar como “área prioritaria de captura de carbono”, o como titula una de estas empresas “reserva de acción climática”. La comunidad debe pagar a ciertos consultores para éstos definan el estado de ese bosque. Esto en ocasiones lo paga incluso el estado, como forma de promover este engañoso comercio de carbono, lo cual podría ser en desmedro de otros apoyos que el gobierno debiera dar a la comunidad.

Si la comunidad entra en el esquema, otras empresas dedicadas al negocio, como la estadounidense Reserva de Acción Climática y otros intermediarios -mexicanos o transnacionales- contratan empresas de certificación y verificación que dicen cuántos créditos de carbono se generan. Y otras, como es el caso de la empresa MEXICO2, comercian los créditos generados. En cada paso, cada consultor y empresa cobra cuotas y porcentajes.

Esa es la teoría. En realidad, para obtener más ganancias, varios estudios recientes han mostrado que las empresas exageran las amenazas y el supuesto deterioro de los bosques -que no pocas veces atribuyen al “mal manejo” de las comunidades por sus prácticas tradicionales- y también exageran los resultados potenciales, para poder vender más créditos de carbono en total. Por ejemplo, un estudio de 2022 mostró que la empresa certificadora VERRA, que creó uno de los estándares mundiales para estimar y vender créditos de carbono forestales, creó “créditos fantasma” en 94% de sus proyectos, casi todos en países del Sur global.

Otro estudio de 2021, mostró que este tipo de esquemas llevó a un aumento de emisiones de muhcos millones de toneladas de carbono adicionales, ya que las mediciones de la ONG Climate Action Reserve no se ajustaban a la diversidad de los bosques, y los créditos vendidos no tenían base real, pero las empresas que los compraron siguieron contaminando y aumentaron emisiones excusándose en que las tenían “compensadas”.

¿Cuáles son las consecuencias directas para las comunidades? Por ejemplo, en el proyecto Alto Mayo en Perú, uno de los proyectos de créditos de carbono forestales certificados por la empresa VERRA, se expulsó a la propia comunidad de su bosque, porque los gestores consideraron que molestaban a la generación de más créditos de carbono.

En otro caso en Veracruz, México, en un programa de la ONG Pronatura y World Resources Institute llamado cínicamente CO2MUNITARIO , 59 comunidades fueron engañadas a trabajar por dos años “mejorando” el bosque, al cabo de lo cual les pagaron en total unos 40 dólares por trabajador (en total por 2 años de trabajo), mientras la petrolera BP se hizo con 1,5 millones de créditos de carbono, que pueden revender multiplicando muchas veces lo pagado.

Cualquier monto que se les prometa a las comunidades puede ser manipulado por los intermediarios, porque se trata de mercados financieros especulativos, en los que los precios pueden subir, bajar o desaparecer, procesos totalmente fuera del control de éstas.

Quizá el efecto más tremendo de estos programas para las comunidades, es que de hecho pierden el control de su propio territorio (y hasta puede perder el acceso o el mismo territorio), porque pasa a estar declarado una “reserva” o un área prioritaria para el cambio climático, y como tal, queda bajo control de consultores, registros transnacionales, verificadoras y programas de gobiernos nacionales y extranjeros, lo cual si bien no les quita el título de propiedad, les roba de hecho el manejo y acceso a su territorio.

Además, en muchos de los contratos que les ofrecen estas empresas e intermediarios, se aseguran de que toda responsabilidad por lo que las empresas consideren daños, errores, incumplimiento e incluso demandas de terceros por indemnización, quedan a cargo de las comunidades.

Esto es un paso más allá de los esquemas anteriores de pagos de por servicios ambientales y proyectos REDD+, que tuvieron también el efecto de desplazar a las comunidades de sus territorios y en parte meterlos a mercados de carbono. Ahora, se trata de programas “climáticos” directamente dirigidos al mercado financiero especulativo, en el cual, si se revelan fraudes como los descriptos arriba, las empresas que compraron los “créditos fantasma” o “créditos basura”, podrían demandar incluso a las comunidades por no generarles sus créditos de carbono.

Más información:

Venta de aire: fraude y violencia en mercados de carbono, Silvia Ribeiro, La Jornada, 2023

Colonialismo climático, Silvia Ribeiro, La Jornada, 2022

Engañados en el invernadero Contra las soluciones falsas al cambio climático, 2021

Unicornios de carbono: el engaño de los mercados de carbono y la reducción de emisiones a “Cero Neto”, Amigos de la Tierra internacional, 2021