El 17 de diciembre de 2020, el presidente López Obrador dijo en conferencia de prensa en Sonora que “su gobierno ha respetado los derechos humanos de las personas migrantes en México” y que no es cierto que hay miles de casos de extorsión, violencia, secuestro y homicidio en contra de las más de 68 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos retornadas a algunas de las ciudades más peligrosas del territorio mexicano a esperar sus casos bajo el Protocolo “Quédate en México”, como han documentado Human Rights First, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, Women´s Refugee Commission, y decenas de organizaciones de la sociedad civil en México. También dijo que “…la política migratoria del país está regida por los principios del artículo 89 constitucional: autodeterminación, no intervención y solución pacífica a las controversias”. Explicó que su gobierno tomó una decisión soberana al participar en ese protocolo.

Esta declaración es contraria a la que diversos funcionarios del ejecutivo han señalado, en reiteradas ocasiones, que fue la amenaza de los aranceles de parte del presidente Donald Trump, en mayo de 2019, la que les obligó a firmar un acuerdo suplementario el 07 de junio de ese año, a través del cual el gobierno de México autorizó la extensión del Protocolo “Quédate en México” –que ya había aceptado desde el 20 de diciembre de 2018 y que se puso en marcha el 29 de enero de 2019, a toda la frontera norte del país, y dio paso al despliegue de la Guardia Nacional en ambas fronteras (sur y norte) para participar en tareas de control migratorio. Aclarado que fue una decisión propia, consciente y soberana, será más fácil evaluar su responsabilidad ante los hechos.

Desde 2019, algunas organizaciones que representan personas migrantes que han sido víctimas de delitos y violaciones de derechos presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos así como amparos ante el poder judicial impugnando la legalidad de la participación del gobierno mexicano en el Protocolo “Quédate en México”. Argumentan que, al participar, el gobierno viola el derecho al debido proceso y la no-devolución, sabiendo que personas con necesidades de protección internacional no tendrían acceso a representación legal de parte de abogados estadounidenses si están sobreviviendo en albergues, campamentos o cuartos en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Agua Prieta, Nogales, Nuevo Laredo y Matamoros. Las personas que huyen de la violencia de sus países, que se presentan ante las autoridades en los puertos de entrada a Estados Unidos para pedir asilo, conforme a la ley estadounidense, deberían seguir sus procesos en ese país como lo han hecho durante los últimos 60 años.

El proceso para solicitar asilo en Estados Unidos es complejo, no obstante, las probabilidades incrementan un poco si se cuenta con representación legal. Sin embargo, la mayoría de las personas que solicitan asilo en la frontera entre México y Estados Unidos no cuenta con representación legal, no leen ni hablan inglés, por lo tanto, es imposible que llenen los formatos que pide los detalles de su caso en ese idioma sin el apoyo de una traductora o traductor y alguien que les pueda explicar a detalle. Para la preparación de casos de asilo, representantes legales normalmente llevan a cabo varias entrevistas, buscan pruebas –artículos, denuncias, declaraciones de países de origen– que ayuden a dar sustento al testimonio de la persona solicitante de protección; además de la traducción de documentos de identidad.

Imaginar que todos esos procesos iban a ocurrir desde México implica un nivel muy alto de cinismo. Más bien, “Quédate en México” fue diseñado para disuadir a las personas huyendo de la violencia en Centroamérica a solicitar asilo e impedir su acceso a un proceso justo –el cual nunca hubiera podido funcionar sin la plena participación de México. A la falta del debido proceso, México tampoco puede garantizar la no-devolución de estas personas. El Estado mexicano tendría que garantizar que ninguna persona solicitante de asilo o con necesidades de protección internacional sea retornada al país del que está huyendo (normalmente el país de origen).

Considerando que el gobierno mexicano ha dado visas temporales de turista (formas migratorias múltiples) a las personas bajo dicho protocolo, muchas de las cuales han vencido dejándoles indocumentadas, es imposible garantizar que no serán o no han sido devueltas a sus países. De hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó fondos de cooperación internacional (Fondo México) para llevar a estas personas de Nuevo León a la frontera con Guatemala para su auto-deportación. Eso, llamado devolución en cadena, viola el principio de no-devolución garantizado por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México.

Además de violar el debido proceso y el principio de no-devolución, la participación de México en dicho protocolo requería que el gobierno garantizara condiciones de seguridad y sobrevivencia mínimas durante su estancia en el país. Sin embargo, la inseguridad y las condiciones precarias son la consecuencia más evidente de “Quédate en México”. Human Rights First publicó un informe, el 16 de diciembre de 2020, con una lista de más de mil 300 personas que han sido violadas, secuestradas o agredidas mientras esperan sus casos en territorio mexicano. Son números subestimados debido a que la mayoría de las personas no denuncian y la violencia en su contra se queda sin documentarse.

Para las organizaciones y personas voluntarias, que han estado apoyando a la población esperando bajo el Protocolo “Quédate en México”, las historias de violencia y trauma son temas de todos los días. El miedo, llanto, depresión, angustia son emociones expresadas por las personas entrevistadas. La violación de las garantías de debido proceso, no-devolución y seguridad son las razones por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería declarar inconstitucional la participación de México en el protocolo, pero la violencia, inseguridad, y las terribles condiciones de vida debería ser suficientes para ponerle un alto.

Es común escuchar, “Ellos nos golpearon repetidamente, no quitaron la ropa y nos violaron…”; “Tengo miedo. Me da temor salir por lo que me pueda pasar a mi o a mi familia. Cuando llegamos acá fuimos secuestrados por policías mexicanos”; “Mi hija de siete años de edad me dijo que no se quería morir, luego de escuchar que nuestros secuestradores hablaban sobre los asesinatos de migrantes que cometieron quienes no pudieron pagar su rescate”. (Extractos de testimonios de mujeres que esperan sus casos bajo el Protocolo “Quédate en México”)

Al negar las experiencias de las personas, el presidente López Obrador implementa una estrategia empleada comúnmente por perpetradores: negar, atacar y revertir el orden de víctima y perpetrador (DARVO por sus siglas en inglés – deny, attack and reverse victim and offender). Es un mecanismo para que las víctimas se cuestionen y una forma más de violencia verbal, emocional e institucional. El mensaje que manda López Obrador al decir que no ha habido violaciones a derechos humanos en contra de las personas esperando protección es que: “están mintiendo”, “están confundidas”, “lo que dicen no ocurrió”, “es un invento de quienes están en contra de su gobierno”. Las organizaciones ya conocemos el juego –pero las violaciones de derechos humanos trascienden partidos políticos y nosotras transcendemos administraciones presidenciales-, y para las víctimas, “sus hermanos centroamericanos” –como suele decirles, es un acto de crueldad.

Hace dos semanas presentamos una denuncia penal a la Fiscalía General de la República en nombre de las personas solicitantes de asilo que han sido atacadas, secuestradas, violadas, asesinadas o desaparecidas durante su espera en México. Estuvimos revisando audios y videos de secuestradores, giros bancarios enviados de familiares en Estados Unidos a los secuestradores a través de BanCoppel, Western Union, y Banco Azteca. Los nombres de las personas que recogieron esos giros están ahí. Volvimos a leer algunos testimonios y teníamos la lista de más de mil 300 reportes de violencia. El presidente puede seguir negando estas situaciones pero los hechos muestran lo contrario.

Como la mayoría de las políticas migratorias, el Protocolo “Quédate en México” no ha generado un costo político para el gobierno mexicano, lo que permite que las autoridades, desde los agentes del Instituto Nacional de Migración hasta el presidente puedan seguir negando las violaciones sistemáticas de derechos de la población migrante y solicitante de asilo en Estados Unidos que se encuentran en el país bajo el Protocolo “Quédate en México”.

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