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La crisis sanitaria por COVID-19 ha puesto de manifiesto las múltiples situaciones de vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres. Las respuestas de los gobiernos a la pandemia no han tomado en cuenta el impacto diferenciado entre mujeres y hombres, sobre todo de las más desfavorecidas, entre ellas, las migrantes.

Para hacer frente al coronavirus, los gobiernos de la región optaron por el cierre de sus fronteras y restricciones a la movilidad, dejando atrapadas a las migrantes en medio de Estados que no las reconocen. La suerte de las mujeres nacionales no es diferente, sus necesidades han sido invisibilizadas. De sus agendas quedan fuera temas como la violencia de género, la salud sexual y reproductiva, y la precarización laboral.

En México, al menos 6 de cada 10 mexicanas han sufrido algún incidente de violencia -41 por ciento ha sido víctima de violencia sexual, y en su forma más extrema, al día son asesinadas 9 mujeres. Durante la pandemia los casos de feminicidio subieron 40 por ciento, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De enero a junio, a nivel nacional, se iniciaron 18 mil 884 carpetas de investigación por violencia familiar, de las cuales 2 mil 824 se abrieron en junio, lo que representó un incremento de 18 por ciento comparado con las registradas en mayo. Las especialistas no han dejado de insistir en el papel del confinamiento como factor para el incremento de la violencia.

En este México transitan o residen las mujeres migrantes, solo que a diferencia de las mexicanas es menos probable que se conozca los tipos y modalidades de violencia de la que son objeto; cuántos feminicidios se registran y si la pandemia ha agudizado estas violencias. A ello se suma que no cuentan con redes de apoyo que las auxilien si padecen algún tipo de violencia y la falta de sensibilización de las autoridades. Entre 2014 y 2016, del total de delitos cometidos contra la población migrante, el 99 por ciento de los casos quedo impune.

En el caso del acceso a la salud sexual y reproductiva los datos no son más alentadores. Actualmente el 90 por ciento de los hospitales en el país son para COVID-19, por lo que no hay monitoreo, seguimiento y, en algunas instituciones, persiste el desabasto de medicamentos. Las instituciones de salud carecen de información detallada sobre la atención a mujeres, y las restricciones para salir de casa y el temor de acudir a las unidades médicas incrementa los riesgos para esta población. A nivel mundial, se estima que 113 mil mujeres podrían morir por no tener acceso a salud reproductiva durante sus embarazos a raíz de la pandemia.

De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de bajos y medianos ingresos no puedan tener acceso a anticonceptivos modernos, por lo que se prevén hasta 7 millones de embarazos no deseados. Por su parte, el Instituto Guttmacher calcula que este año se producirán al menos tres millones de abortos en condiciones de riesgo.

Este escenario, también lo conocen muy bien las migrantes en nuestro país. Es común que el personal médico les niegue el derecho a la atención médica, incluso si están embarazadas, supeditándola a su estatus migratorio o documentación, ya sea por falta de sensibilización, desconocimiento o xenofobia.

Ellas son doblemente discriminadas, por su condición de género y por su situación migratoria, a pesar de que su acceso a la salud está garantizado en la Ley de Migración, y de la campaña del gobierno federal en la que enfatiza la importancia de que las migrantes embarazadas sean atendidas. No obstante, siguen siendo rechazadas en hospitales, en centros de salud y, en algunos casos, amenazadas con la deportación.

Tal es el caso de “Rosa”, una migrante hondureña que llegó a México en diciembre pasado con tres meses de embarazo, acompañada de su esposo y de su hijo de 4 años de edad. Ella y su familia se quedaron en casa de sus suegros en el Estado de México.

“Rosa” migró en busca de una vida mejor, dejando atrás la violencia generalizada que prevalece en su país, pero en México encontró otro tipo de maltrato: la discriminación y el abuso de autoridad por parte del personal administrativo de un hospital en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz.

Cuando acudió a solicitar atención médica, la trabajadora social le pidió su pasaporte o algún documento que probara su estancia regular en el país. Le dijo que si no los presentaba tendría que pagar una “cuota alta” por el parto, pues solo la podían atender al momento del alumbramiento, negándole la atención prenatal.

Preocupada por esta situación, la centroamericana fue al Consulado de Honduras en México para realizar el trámite de su pasaporte y les explicó que necesitaba el documento para que la atendieran en el hospital. El Consulado le explicó que, sin importar su condición migratoria, ella tenía derecho a recibir servicios de salud, y la contacto con nosotras.

Seis meses después, el día del parto, la trabajadora social del hospital mexiquense le dijo que debía presentar la documentación que probara su estancia regular en el país o de lo contrario llamaría a migración y la separarían de su hijo recién nacido.

Los familiares de “Rosa”, atemorizados, se comunicaron con nosotras y las abogadas informaron sobre la situación al Consulado de Honduras, éste intervino para proteger los derechos de “Rosa” y su hijo. En el hospital solo dijeron que “había sido un malentendido”. Ella tuvo “suerte”, pues contaba con el apoyo consular y nuestra asesoría jurídica, pero existen muchas “Rosas” que quedan en total indefensión ante este tipo de abusos.

Este caso refleja un patrón de conducta al que se enfrentan las migrantes en México, con o sin pandemia. La falta de información y de sensibilización de los prestadores de servicios pone en riesgo la salud de las mujeres migrantes. El personal médico y administrativo de los hospitales y centros de salud requiere capacitación sobre el marco jurídico que protege a esta población, con perspectiva de género, pues el trato que brindan sigue siendo discriminatorio.

Situación que se agudiza, por ejemplo, en la frontera norte del país. Actualmente ahí permanecen aproximadamente 20 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que bajo el Protocolo “Quédate en México” han sido regresadas a territorio mexicano a esperar la resolución de sus casos ante las cortes estadounidenses –con la pandemia las audiencias están suspendidas hasta nuevo aviso. Algunas de estas personas son mujeres embarazadas. Organizaciones locales han identificado y brindando apoyo a al menos 30 migrantes en esa condición. La situación se repite, son rechazadas de las instituciones de salud, y no tienen empleo ni dinero para costear servicios de médicos particulares.

Ante la discriminación y violación a su derecho a la salud, el pasado mes de mayo, promovimos un juicio de amparo (570/2020), en colaboración con las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción y la Fundación Justicia y el Estado Democrático de Derecho, para garantizar el acceso a la salud de la población migrante expulsada de Estados Unidos. El 13 y 18 de mayo, el juez Arturo Alberto González Ferreiro, del Segundo Distrito de Chihuahua, resolvió una suspensión en beneficio de la población migrante y sujeta de protección internacional como resultado del amparo.

Estas medidas son necesarias para garantizar el derecho a la salud de esta población, para que como enuncia la campaña del gobierno federal “sin importar la nacionalidad, situación jurídica o migratoria” todas las personas reciban atención médica en el país.

Esta garantía debe ser una realidad, principalmente, para las migrantes embarazadas, pues como lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud a los países miembro, el cuidado de su salud debe ser prioritaria y se debe tener mayor precaución de contraer coronavirus durante la gestación.

En materia de empleo, para nadie es un secreto los innumerables empleos que se han perdido en medio de la pandemia, donde el sector servicios es el que más se ha visto afectado, justo en el que un porcentaje alto de las mujeres se encuentra. Mientras que el trabajo no remunerado se ha multiplicado en el confinamiento, a las labores de quehaceres del hogar se han sumado el cuidado de personas adultas mayores, de niñez y adolescencia y la instrucción escolar. A nivel mundial los datos demuestran que con cada 2 horas más de trabajo de cuidados diario que tiene una mujer pierde 10 por ciento de trabajo remunerado.

En el caso de las migrantes, más del 70 por ciento son trabajadoras del hogar, cuidan de terceros o están en el sector servicios. Sus condiciones son precarias. Nuevamente su situación migratoria o nacionalidad juega un papel determinante. En medio de la pandemia, se ha agudizado la discriminación que padecen.

A ello se suma que durante la pandemia se ha vuelto casi imposible iniciar o continuar con sus trámites de regularización migratoria o solicitud de asilo debido a las restricciones de movilidad y de cierre de oficinas. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, de enero a mayo de este año, de las 19,211 solicitudes de asilo recibidas, 40 por ciento son de mujeres.

Estos son sólo algunos ejemplos del impacto de la crisis sanitaria por COVID-19 que enfrentan las mujeres, incluidas las migrantes, en nuestro país. Con el objetivo de dar seguimiento a estos y otros obstáculos que enfrentan para la garantía y el ejercicio de sus derechos, desde el pasado 30 de junio organizaciones de la sociedad civil y activistas nos hemos articulado en el Observatorio Género y COVID-19 en México, como un ejercicio de contraloría social respecto a las obligaciones del Estado y una iniciativa que busca evidenciar las contribuciones de la sociedad civil para la creación de futuros donde la igualdad de género y la justicia sean el marco de acción en la nueva normalidad. Estamos convencidas que esta pandemia es una oportunidad para mejorar, siempre y cuando las respuestas de los Estados incluyan una perspectiva de género.