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El 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas, una fecha que para México había sido importante por la “tradición de asilo” que tenía a lo largo de los años. En los 70 abrió sus puertas a las personas provenientes de países sudamericanos que huían de las dictaduras; y en los 80 recibió a población de Guatemala. Todas encontraron protección en México ante el fascismo, las dictaduras y el autoritarismo que se vivía en sus países de origen.

Este contexto hizo que en julio de 1980 se creará la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), institución encargada de recibir y procesar las solicitudes de asilo en el país. Para 2011 se publica la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político donde México adopta la definición amplia internacional de persona refugiada que incluye, entre otras cosas, la violencia de género como un motivo para solicitar y recibir protección internacional. Sin embargo, pocas veces se reconoce a las mujeres por esta razón.

En términos estadísticos, en la última década, las solicitudes de asilo incrementaron un 10,776%, pasando de 1,295 en 2013 a 140,854 en 2023, 4 de cada 10 fueron de mujeres, según datos de la COMAR.

La figura de protección internacional por definición es temporal, esta se otorga hasta que las condiciones de riesgo que hicieron salir a la persona de su desaparecen. Las personas refugiadas no quieren abandonar sus países, sus familias, sus amistades, sus redes de apoyo, sus posesiones y sus recuerdos. Ellas se ven obligadas a salir porque su vida corre peligro, por ejemplo, cuando se trata de guerras (como en Siria o Ucrania); para evitar sanciones desproporcionadas, por ejemplo, en personas de la comunidad LGBTIQ+ (como en Arabia Saudita); cuando se trata de evitar violencias en razón de género como cuando una mujer no puede denunciar o acceder a la justicia, no puede votar, acceder a la educación o decidir con quién casarse (como en Afganistán).

Adaptarse a un país nuevo no es fácil. El tránsito desde sus países a menudo está plagado de violencias; el proceso de solicitar asilo es tortuoso y plagado de rechazo y exclusión. Integrarse a la vida cotidiana del país donde se establecen es complejo; y sus derechos se ven “restringidos”. Para muchas personas sortear eso, incluso el reto de aprender otro idioma, es mejor que permanecer en sus países, por lo que los Estados deben garantizar el principio de no devolución, como lo establece el marco jurídico internacional y nacional. Sin embargo, en los últimos años México ha dejado atrás su “tradición de asilo” y transgredido este principio.

En 2022, se observó que personas refugiadas y solicitantes de asilo eran detenidas y devueltas a su país de origen. Para 2023, el problema se recrudeció, no sólo se ha hecho más complejo acceder al procedimiento ante la COMAR, también contar con una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias en lo que su solicitud está en proceso no ha sido posible, sumando a sus condiciones de vulnerabiidad.

En un mundo ideal, las personas deberían salir de sus países por elección, no como un recurso para salvar la vida. La “tradición de asilo” poco a poco se ha quedado en el recuerdo, las autoridades y el crimen organizado han hecho de la necesidad de protección un negocio lucrativo; las sociedades un entorno más hostil para la recepción e integración de las personas; y las leyes pocas veces están pensadas para la multiculturalidad.

Reflexionemos una vez más a propósito de esta fecha emblemática; busquemos generar empatía con las poblaciones refugiadas y reconozcamos que, además de aportar sus saberes, cultura, gastronomía, suman al desarrollo de nuestro país. Démosles la bienvenida y facilitemos su integración.

*Coordinadora de la Clínica Jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).