Son las 21 hs. del viernes 12 de noviembre de 2021, varias cuentas de facebook inician la transmisión en vivo de lo que se convertiría en una de las masacres carcelarias más desesperantes del Ecuador. La pantalla nos hace recorrer los pasillos húmedos del ala 2 de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, una de las cárceles que más hacinamiento ha sufrido desde su creación. Una voz va narrando lo que pasa; el miedo se apoderó del pabellón cuando supieron que los hombres de otra ala estaban avanzando. En el fondo se escuchan disparos, explosiones, desesperación y despedidas…

El sábado 13 de noviembre, el Ecuador amaneció mirando en vivo cómo se aplicaba, sin ningún disimulo, una política de exterminio al excedente, a los nadie, a los que el Estado colonial, capitalista y patriarcal marcó como el otro al que se debe temer: el delincuente.

Mientras el dolor se apoderaba de estos hombres racializados encerrados entre esos muros que huelen a abandono, a unos minutos de distancia, se encontraba el presidente del mal gobierno Guillermo Lasso, el gobernador del Guayas, la alcaldesa de Guayaquil —la socialcristiana Cynthia Viteri— junto a otras autoridades; homenajeando a los marines gringos en un evento al puro estilo de las élites: de frac, corbatín y tragos que una botella representa la comida de un mes de una familia… Ellos fueron informados de lo que estaba pasando en la Penitenciaría y decidieron seguir en la fiesta, decidieron dejar matar y dejar morir…

Esa noche y madrugada murieron más de 68 hombres racializados-empobrecidos en manos de otros hombres racializados-empobrecidos. ¿Qué tienen estos dos grupos en común —los que matan y los que mueren—?, pues que son los hijos del despojo; infancias rotas racializadas, discriminadas y violentadas por un sistema que decide qué vidas importan y cuáles no; con técnicas biopolíticas que convierten los cuerpos racializados en la evidencia del delito. Dentro de esas 68 personas, cuyos nombres jamás se conocerán en su totalidad, estaba el compañero Victor Guaillas, defensor del agua; arrestado en octubre del 2019 en el marco del paro nacional; su delito: estar presente en un cierre de vías, su condena: la pena de muerte. Hasta la última semana de noviembre, su cuerpo no era entregado a sus familiares, porque aún no podían identificarlo; hasta el ADN actuó con crueldad… También, en esa lista de muertxs que no representan nada más que una cifra para el Estado, está Hellen, una compañera trans encarcelada en una cárcel de hombres; su delito: rebelarse a la heteronorma; su condena: la marginalidad eterna que devino en pena de muerte.

Durante el periodo 2020-2021, Ecuador ha vivido lo que con certeza podemos ya llamar un genocidio carcelario; un crimen de Estado que en dos años ha cobrado violentamente la vida de más de 380 seres humanos. Y frente a este horror y muerte, surgen preguntas urgentes que como movimiento social y sociedad en general debemos hacernos: ¿Quiénes son estos hombres, por qué están ahí? Lxs compas de la Alianza contra las prisiones y Mujeres de Frente han proporcionado información y reflexiones indispensables para poder acercarnos a estas respuestas: hombres de entre 25-35 años, racializados, que vienen de comunidades despojadas que sobreviven en los cordones de miseria de las ciudades; cuyo empobrecimiento ha hecho que sus familias estén asechadas por el ojo punitivo del poder. Asechadas porque sus cuerpos racializados encarnan el imaginario del “no civilizado”, del “salvaje”; miradas producto de una matriz colonial de poder cuya estrategia de desposesión y esclavitud se mantiene desde hace más de 500 años.

Con la llegada de la conquista, una pregunta se formuló estratégicamente para justificar el genocidio de los puebles del Abya Yala; si había población organizada, había que pensarse una maniobra “en clave de guerra” para doblegarlos y poseer sus tierras, recursos y cuerpos… Y la estrategia fue dudar de su humanidad a través de una pregunta: ¿tienen alma? Esa duda implantada en los cuerpos racializados da origen a la invención de la raza como mecanismo de control, jerarquización de los cuerpos y despojo. Esa misma duda encarnada fue la base para la invención del delincuente y su perfil, y el asecho a comunidades y barriadas. Esa misma duda se fortalece en la mirada de una sociedad, como la nuestra, que afirma el punitivismo justificando esta matanza bajo la idea de “estos hombres mueren bajo su propia ley”.

El miedo político ha sido utilizado para elaborar una de las mayores herramientas de control poblacional: la seguridad ciudadana; una trampa bajo la cual se divide las ciudades entre centros que deben ser protegidos y periferias que hay que marcar en el mapa como “peligrosas” cuya población casi “naturalmente” es delincuente.

En el caso ecuatoriano, en el último año de gestión de Moreno y el primero de Lasso, los asesinatos en las cárceles crecieron estrepitosamente; pensar que estos gobiernos del retorno al neoliberalismo son los únicos responsables es un error garrafal; porque esto no estaría pasando si no fuese por los cambios en materia penal que hizo el progresismo. Hasta el año 2013, la vida carcelaria estaba organizada en cárceles dentro de las ciudades, en las cuales lxs personas privadas de la libertad tenían cierta posibilidad de generar autonomía en sus vidas: tenían su ropa, sus familiares les proveían de útiles de aseo, alimentación; manejaban algún tipo de negocio dentro de los recintos que les permitía tener control sobre su economía y apoyar a sus familias; había una organización por parte de la población penitenciaria en las cárceles; pero lo más importante eran las visitas: las esposas, parejas, madres, hijxs podían entrar al recinto y pasar con los hombres de su familia en lo que incluso parecía un picnic de domingo. Los lazos familiares y sociales, a pesar del encierro y la separación, resistían a la ruptura. La presencia de las mujeres cuidaba la vida.

En el año 2014, el gobierno de Correa decide trasladar a la población privada de la libertad a megas ciudades carcelarias, construidas en las afueras de los centros urbanos. Enormes recintos con políticas que despojaban a las personas de toda posibilidad de identidad y autonomía. Uniformes anaranjados idénticos, restricción de visitas familiares, imposibilidad de ingreso de alimentación y útiles de aseo; creación de economatos: tiendas que para poder comprar algo, lxs familiares deben depositar dinero en una cuenta a su familiar encarcelado para que pueda acceder a comprar productos de alimentación y aseo dentro de las prisiones a precios realmente altos. Esto significó un enorme esfuerzo emocional, físico y económico para las familias, ya que el solo hecho de ir a la visita, implicaba todo un viaje. La imposibilidad de ver seguido a familiares y compartir un espacio con ellxs devino en la ruptura violenta del tejido social y la obligatoriedad de convivir entre hombres en un entorno patriarcal, en el cual la virilidad es un recurso obligatorio para sobrevivir.

A más de esto, el correismo modificó las leyes penales, intensificando penas, instaurando la prisión preventiva en casi todos los casos, generando juicios en 24 horas y disminuyendo sentencias si las personas se declaraban “rápido, rápido” culpables. En Ecuador, las políticas penales del correismo significaron el aumento de la población penitenciaria, generando hacinamiento y condiciones de vida nada dignas; es decir, aumentando más castigo al castigo.

Todos estos factores son claves para entender la crisis que vive la población encarcelada, sus familias y las clases populares. Frente a esto, el movimiento social tenemos la obligación de tomar una posición. Andrea Aguirre (2021) militante de Mujeres de Frente, habla de la mirada errónea y cómoda que está teniendo el movimiento social al dividir a los sectores populares entre “personas del pueblo buenas” y “personas del pueblo malas”, reconociéndose la izquierda en el primer grupo. Sin darse cuenta que, mientras vivamos dentro de un sistema patriarcal-colonial-capitalista, todxs lxs que no pertenecemos a las élites y somos vistxs como cosas por explotar, conformamos el imaginario del “enemigo”, siendo parte del excedente a eliminar y nuestra historia de vida estará siempre transitando bajo el ojo punitivista del poder.

La pena de muerte se ha instaurado en el Ecuador desde los marcos ilegales del Estado; se ha creado la figura del “mafioso” para justificar la ley del “dejar morir” en las cárceles. El gobierno habla en clave de guerra, la militarización es su arma. Como movimiento social no podemos mirar a otro lado, debemos hablar de la abolición del sistema penal porque simplemente no funciona, porque las cárceles son parte del régimen de control de la pobreza creado por los Estados; porque la cárcel es patriarcal y en sus planes verdaderos, no busca rehabilitar sino eliminar. Desde el movimiento de mujeres, ya hace muchos años, estamos pensándonos las otras justicias; sospechamos de la justicia patriarcal del Estado nación, esa justicia que nos revictimiza y nos sigue matando. Mientras la justicia siga siendo patriarcal, clasista y racista nunca nos reparará. Escuchemos y aprendamos del movimiento de mujeres que, bajo el cuidado de la vida, proponemos nuevas formas de justicia que no se conforman con encerrar a quien roba o entra en el círculo del microtráfico por llevar la comida a su casa.

Solo cuando tengamos claro que esta discusión no puede entrar en el reduccionismo binario de “gente buena” y “gente mala” o de “crimen y castigo”; solo ahí podremos pensarnos una salida que no va por “retomar el control estatal de las cárceles”, cuya respuesta siempre llega a la misma solución: la militarización y el contínuum de relaciones de poder basadas en la violencia, relaciones que se dan entre hombres que no tienen otra herramienta para sobrevivir que matarse unos entre otros. La única salida es la abolición de las cárceles y su círculo de muerte.

“Ya me quiero ir de aquí”

Todxs los seres humanos encerrados en esa mierda que llaman “centro de rehabilitación social”.