El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que en América Latina se conmemora desde 1981. No existe mayor grado de inhumanidad en la especie que el genocidio, y como parte de esta experiencia de exterminio humano, se inserta la sofisticada construcción militar, social y tecnológica del “desaparecido”, como un arma brutal de la guerra dirigida no sólo a la destrucción de unos cuerpos victimados, sino a todo un conjunto de cuerpos de familiares, de amigos, de un entramado social alrededor de la víctima y no tan cercano, del tejido social.

La no “aparición de los cuerpos” lacera toda posibilidad de “cerrar una herida”, de realizar un duelo y poder retomar, en lo mínimamente posible cierta cotidianidad anterior. Hemos atestiguado por años cómo una parte del entramado familiar y social de la víctima, en muchos sentidos, ‘deja de vivir en plenitud’, no descansa en ningún sentido, se llena de indignación valiente para denunciar y buscar la verdad, arriesga altamente su vida y la de quienes les rodean en sus acciones por la verdad, justicia y reparación. Esta construcción de la guerra, en épocas recientes, fue altamente desarrollada por los nazis en sus campos de exterminio¹ , y perfeccionada luego en la guerra de Argelia por los franceses y por las dictaduras del cono sur de América -especialmente la argentina- en los setenta.

Cuando empezó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en marzo de 2011, se manejaba la cifra de 10 mil desaparecidos en el país, y se comenzó a hacer un “observable social” este tema a nivel público masivo, así como los cientos de testimonios de familiares que dignificaban las historias personales de estas víctimas, la impunidad y complicidad de los aparatos políticos, policiales y militares del Estado involucrados en la mayoría de las desapariciones, lo que las transformaba en “desapariciones forzadas”, haciendo más dramático e indignante aún el tema, si esto es posible.

Hoy día en México, según cifras oficiales, hay 28 mil 189 casos de desaparecidos² (que el gobierno llama eufemísticamente “personas no localizadas”); en noviembre de 2014 Segob reconocía 23 mil 603. Amnistía Internacional en su último Informe (“Un trato indolente. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, enero 2016) habla de 27 mil 600 desaparecidos, señalando que casi la mitad se registraron durante la administración de Peña Nieto (3425 sólo en 2015). Las organizaciones de familiares de víctimas hablan de no menos de 35 mil desaparecidos³. Vemos así, cómo el gravísimo problema social se ha incrementado en este sexenio y, además, más que triplicado desde 2011. Sin olvidar, que en pocos días se cumplirán dos años del mayor caso de desaparición forzada en un mismo hecho genocida, como es la de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hasta hoy en la impunidad total, misma que se ha incrementado por la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo haremos para que retorne?

Dentro de este proceso tan doloroso empezó también la construcción de un sujeto social fundamental de la actual historia del país al respecto, que son los familiares y amigos de las víctimas de esta perversamente llamada “guerra al narco” por la autoridad. Ellos, en gran número, pasaron de ser ciudadanos apolíticos u oficialistas, a defensores-investigadores-activistas sociales de los derechos humanos, hoy día incluso a ser ellos mismos ya actores cada vez más autónomos –respecto también al Estado- que organizan y encabezan con sus redes –nacionales e internacionales- las acciones de búsqueda, justicia, verdad y reparación.

Ya casi en todos los estados del país existen organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas de esta absurda guerra, iniciada en su etapa más reciente por Calderón en enero de 2011 en Michoacán, muchas de ellas agrupadas en redes como Enlaces Nacionales, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Madres y Padres de los 43 de Ayotzinapa, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos «Hasta Encontrarlos», por ejemplo.

Las organizaciones de familiares de desaparecidos han encabezado en estos últimos meses, y años -desde los grupos de Baja California, Coahuila y Chihuahua-, operativos de búsqueda con gran determinación, valor y riesgo de todo tipo, en acciones ejemplares de organización para así pasivamente “dejar de esperar” que la autoridad haga lo que nunca va a hacer porque ellos son los principales responsables de ese hecho, promoviendo una no-cooperación con la impunidad. Así ha aparecido un nuevo “observable social” de este alto grado de inhumanidad, otra variante de esta brutal e impune guerra de gobiernos cómplices con el delito contra la sociedad civil indefensa: las fosas clandestinas del propio Estado, con cadáveres arrojados en masa sin ningún tipo de identificación ni cuidado de nada, en una forma también para “desaparecer el delito y la justicia”.

Han aparecido entonces las fosas clandestinas de Tetelcingo (Morelos) con 150 cuerpos, las encontradas en Veracruz durante las dos Caravanas de las Brigadas de Búsqueda de Enlaces Nacionales (abril, julio), las 38 fosas encontradas muy recientemente por el Colectivo Solecito de Veracruz en la zona norte del puerto y otras del grupo VIDA en Coahuila, las de Palo Verde en Jalapa con 192 cuerpos, las de Huhuetoca (Edomex)…y más y más. En fin, un infierno de horror e impunidad de todos los niveles de gobierno, exhibido socialmente por la lucha no violenta de estos familiares, muchos de ellos que, además, realizaron una huelga de hambre frente a la PGR desde el 21 de julio.

¿Qué “principio de realidad” muestra el gobierno ante esta situación?

Por lo pronto la situación y magnitud de los desaparecidos, y las desapariciones forzadas y ejecuciones policiales y militares, fueron “desaparecidos” del 4° Informe presidencial. Da la impresión que se sigue insistiendo en la construcción de una realidad virtual, mediática y discursiva, que no tiene referente en el orden social, donde a las formas de hartazgo, indignación y tal vez incipiente “levantamiento social”, en diferentes escalas de gestación, se las califica, con enorme superficialidad, como “malhumor social”. En este sentido, abonan bien las declaraciones de Rosario Robles, triste e inmoral figura surgida de la izquierda y hoy funcionaria priísta gubernamental, que declaró que “los periódicos sirven para matar moscas y limpiar vidrios” (24-8-6). O las de José Meade (ahora secretario de Hacienda) que pone en sus mediciones a la “lavadora de ropa como indicador de baja de la pobreza”, dejándonos así la duda si el tener televisión será un indicador del aumento de la cultura. El origen de la violencia está en la “ignorancia”, entendida no en un sentido de “no conocer algo” sino en el de no comprender un hecho social y aumentar el proceso de deshumanización.

Las confrontaciones y enfrentamientos materiales avanzan en el país, así como la polarización y provocación entre clases y organizaciones sociales, los encierros ideológicos y físicos, las estigmatizaciones y desconfianza, la incapacidad de “escucharse” y entender los diferentes “principios de realidad” en juego. Caminamos hacia una “aporía” (se cierran los poros) cada vez mayor, que sólo sirve para aumentar la espiral de violencia nacional. En medio de esto la esperanza está en quienes –individual y colectivamente- están reflexionando y actuando para no-cooperar y “desobedecer la orden inhumana” de esta guerra, y construir en cambio la verdad, la justicia y la paz.