Nuestras vergüenzas sociales son algo más que su mera expresión estadística, pero hay rubros en los que un país como México no debería rifar, y lo hace. No sólo expulsamos del país al mayor número de migrantes y trasterrados en el continente (y segundo lugar mundial después de la India); la otra migración, digamos interna, está menos cuantificada pues se trata de un fenómeno tan extendido que ya es consustancial a la dinámica poblacional de México. Los campos y suburbios de Sinaloa, Baja California y Puebla, las grandes ciudades, los enclaves industriales, están llenos de trabajadores que llegaron de otra parte. Millares de comunidades indígenas en el centro y sur han visto partir a la mayoría de sus varones, y pronto familias enteras. Con el tiempo esas migraciones han mostrado tener retornos y nuevas vueltas, pues nada se compara a poseer la tierra, y en México la tierra sigue de manera importante en posesión comunal, ejidal y hasta individual de los pueblos originarios y campesinos. Es una de sus cadenas de sobrevivencia más poderosas, todavía. Emiliano Zapata no murió en vano.

Pero existe un desplazamiento especialmente cruel y doloroso, que en muchas regiones de México se ha vuelto abrumador. Pobremente registrado y atendido por las instituciones estatales y federales, si no fuera por los centros de derechos humanos regionales en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, esta sangría interior pasaría desapercibida.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) documentó 329 mil 917 personas desplazadas forzozamente a causa de la violencia entre 2006 y 2017. Sólo para Guerrero, datos oficiales de 2018 hablaban de 35 mil desplazados, la mayor parte a causa de las narcobandas que se enseñorean en la Sierra, la Costa Grande y la Montaña. Solamente las estructuras propias de los puebos, como la Policía Comunitaria (CRAC-PC) o las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizan una defensa efectiva de las comunidades, pero limitada en aras de no escalar los enfrentamientos armados.

En un trazo mucho más amplio y grueso de la situación, esta semana la misma CMDPDH planteó en el Senado que, sin haber datos exactos, algunos estudios consideran que podría haber hasta ocho millones de desplazados (Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México). Brenda Pérez expuso los datos más relevantes, obtenidos de fuentes oficiales entre 2011 y 2017. Cada año hubo un promedio de un millón 200 mil personas que cambiaron de domicilio –la mayoría dentro de su propio estado– para escapar de la violencia o la delincuencia. Más de 70 por ciento de las familias afectadas se ubicaron en territorios urbanos de más de 100 mil habitantes, donde fueron víctimas reiteradas de secuestro, extorsión, robos y amenazas. Debemos añadir las violaciones sexuales como parte del clima de terror.

La CMDPDH registra que casi 40 por ciento de las personas desplazadas en 2011 tuvieron que cambiar de domicilio a pesar de que en su lugar de origen hubo acciones de combate al narcotráfico, lo cual evidencia que “los operativos de seguridad para combatir a la delincuencia organizada no necesariamente protegen o aseguran a la población”, expresó Pérez. Según las fuentes del informe, 54 por ciento de las víctimas de desplazamiento forzado son mujeres, y los estados con mayores índices de expulsión, de 2009 a 2014, fueron Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz (La Jornada 16/2/2019).

Los datos son cambiantes, pantanosos, en una situación fluída y permanente. Entre quienes dejan el país porque no la están haciendo acá, y los que cambian de domicilio para salvar la vida, rondan los 20 millones de mexicanos exilados en algún grado. Pero ese tipo de estimaciones pueden ser paralizantes. Demandan una solución de alcance nacional con especificidad regional bien informada. Los megaproyectos de alto impacto, la persistente militarización y la actividad criminal incontrolada suman desplazados, casi siempre de abajo. ¿Cómo podrá un Estado que promueve el extractivismo, las construcciones industrializadoras, urbanizadoras y depredadoras, detener esta desgracia colectiva, si sus acciones, consultadas o no, abonan al problema, no lo resuelven? Además, la dignidad y la autodeterminación de las comunidades deberían ir primero.

Denuncia zapatista

Después de cinco años de no hacer denuncias públicas, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Los Altos, con sede en Oventik, el 31 de enero dio a conocer un informe sobre lo que se está “viviendo y sufriendo” en las comunidades tsotsiles de Santa Martha (Chenalhó) y el municipio de Magdalena (Aldama), ambos pertenecientes al municipio autónomo (MAREZ) Magdalena de la Paz.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reportó que desde inicios de 2018 “por lo menos 13 comunidades de Aldama, entre ellas la cabecera municipal, han sido objetivo de ataques con armas de fuego provenientes de miembros de la comunidad Santa Martha, Chenalhó”. En los orígenes del conflicto está la disputa por 60 hectáreas pertenecientes a Aldama. Sin embargo desde hace varios años la esencia del problema no es agraria. “La administración del conflicto por los gobiernos en turno ha permitido que la violencia escale a una situación intolerable. Actualmente se registran miles de víctimas de desplazamiento forzado, además de varios heridos y personas ejecutadas extrajudicialmente”.

El Frayba sostuvo que allí opera un grupo armado de corte paramilitar “que responde directamente al gobierno municipal de Chenalhó, desde tiempos de la presidenta “verde” Rosa Pérez, quien reactivó a este grupo armado con la asesoría de Agustín Cruz, originario de la colonia Puebla. Cabe apuntar que actualmente gobierna Chenalhó (otra vez “verde”, con el PVEM en extraña alianza a nivel estatal con Morena) Abraham Cruz Gómez, hijo de Agustín Cruz, y que en el anterior gobierno de Rosa Pérez fue tesorero municipal. Ese grupo armado “reactivo las acciones violentas y mantiene en terror a la población desde 2016, siendo un patrón de impunidad que se ha prolongado hasta ahora”, expuso el Frayba.

La JBG Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo y el Frayba coincidieron en que el problema no es nuevo. Se origina en 1977 tras una resolución presidencial de José López Portillo que entregaba 60 hectáreas a la comunidad de Santa Martha (o Manuel Utrilla), las cuales pertenecían a Santa María Magdalena (hoy Aldama).  “Después se reconoció”, dice la JBG, “que los dueños eran los de Aldama y acordaron en convenio en 1977 respetar el derecho de posesión de Aldama y las cooperaciones y cargos hacerlas en Aldama, pero los acuerdos no se respetaron y en 1997” (el año de la erupción paramilitar en esa región, que condujo a la masacre de Acteal) Santa Martha exigió “la devolución” de 30 hectáreas. Al año siguiente, dentro de la política de contrainsurgencia desatada desde la presidencia por Ernesto Zedillo, el gobierno de Chiapas, a cargo de infame interino Roberto Albores Guillén, remunicipaliza los Altos. Aldama, comunidad (en en sentido de un grupo de poblados, un territorio) perteneciente a Chenalhó, queda como nuevo municipio, al igual que Santiago el Pinar (y otros en la región de la selva). La JBG los describe como “respuesta a la declaración de Municipios Autónomos que hicimos los pueblos zapatistas en diciembre de 1994”.

En 2000, Santa Martha se afilia al Procede (programa del gobierno foxista que buscaba titular predios para volverlos enajenables) y obtiene su plano definitivo incluyendo los terrenos en disputa. En 2008 Santa Martha demanda la devolución de 30 hectáreas en posesión de Aldama, y en 2009 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) resuelve la posesión a favor de 115 comuneros de Aldama de los parajes San Pedro Cotzilnam, Xuxchen, Tselej Potobtik, Yeton y cabecera municipal. Al recrudecer el conflicto, el gobierno recurrió a su vieja receta: repartir dinero. Al comisariado de bienes comunales de Santa Martha le entregó un millón 300 mil pesos y al comisariado de Bienes Comunales de Aldama, 80 mil pesos y mil plántulas de café.

“El conflicto siguió aumentando porque el mal gobierno no hizo bien su trabajo de deslinde en los terrenos, ni abrió la brecha de los mojones, y con eso sembró más provocación”, describe la JBG. Así, la resolución presidencial de los años setenta y la del TUA en 2009 “son contrarias”. Ahora, Santa Martha gestiona proyectos de agua, luz y carreteras. “A pesar de que había acuerdo de que los pobladores de Aldama ya no iban a dar servicios, cooperaciones, ni cargos en Santa Martha, las autoridades partidistas les exigen colaboraciones en los trabajos de la comunidad. Con estas acciones se empeora el pleito por la tierra”.

“El mal gobierno” añade la JBG, tenía la intención “de crear división y permitir que los campesinos tuvieran libertad, pero libertad de vender sus tierras”. Otro elemento a destacar es que la zona posee atractivos naturales y centros ceremoniales con potencial ecoturístico. Esta combinación de elementos “justifica la militarización”. “Nos están provocando y nos están obligando a defendernos”, advierte el gobierno autónomo zapatista.

En febrero de 2014, Aldama no autorizó a Santa Martha el uso del manantial de agua incluido en las 60 hectáreas. Los comuneros de Santa Martha “desalojaron a las familias que vivían dentro de las tierras en conflicto”, y éste “empeoró” como resultado de las estrategias de los gobiernos, federal de Enrique Peña Nieto, y estatal de Manuel Velasco Coello.

“Estos ataques fueron contra todas las personas sin importar sexo y edades. Han dejado viudas, viudos, huérfanos y huérfanas, casas y escuelas autónomas baleadas, animales domésticos muertos y desplazamientos; pérdida de maíz, café, plátano, quemas de caña, y daños a la apicultura. Es claro que las afectaciones del conflicto son de ambos lados. Ya no se puede viajar en carro durante el día, solo de noche con las luces apagadas. Y si tienen que trasladar enfermos y sus cargas, tirotean el carro. Se daño la unidad, la armonía, las buenas costumbres, los encuentros culturales y religiosos. Son muchas las comunidades afectadas directa e indirectamente porque ya no pueden transitar, trabajar, ni vivir libremente”.

De los enfrentamientos más fuertes está el del 21 y 22 de enero pasado. “Las ráfagas se escuchan en toda la franja del río que sirve de división entre los pueblos”. Como solución, el gobierno federal el 23 de enero envió tropas y policías para instalar una base de operaciones mixtas (BOM) en la comunidad de Cocó, Aldama. “El mal gobierno dijo a los partidistas que si no aceptaban a su guardia nacional les quitaría sus apoyos económicos”.

Los zapatistas encuentran una continuidad. Los gobiernos “pasados y presentes” son “responsables de la división, enfrentamientos, miedo y rompimiento de la vida comunitaria”. Sólo “aparentaron acuerdos que no se cumplieron, metiéndole más leña al fuego, porque el verdadero objetivo es dividir a las comunidades para que se facilite la entrada de los grandes empresarios en los territorios originarios y saquear nuestras riquezas”. Una vez creada esa tensión, autoridades de los pueblos partidistas manipulados y presionados, solicitan la presencia militar “para que la población se vaya acostumbrado”. Advierten los zapatistas: “siempre hemos dicho que la solución no es la militarización de los pueblos”. Los problemas por supuestas disputas agrarias o por agua, luz, carreteras y escuelas… están sucediendo en muchas partes y se van a aumentar cada vez más”.

La JBG responsabiliza “a los tres niveles del mal gobierno”.  Ahora se trata de un conflicto grave que “enfrenta hermanos indígenas”. Los principales afectados son niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos. “Los habitantes partidistas y nuestras bases de apoyo zapatistas viven aterrorizados sin poder salir a trabajar para buscar sus alimentos”.

Éxodo de no acabar

Carla Zamora Lomelí escribe en Ojarasca de febrero: “En los últimos dos años ha ocurrido el desplazamiento forzado de más de ocho mil personas en distintas localidades de los Altos a consecuencia de la violencia por el control territorial de actores con distintos niveles de poder en la región. Lo mismo caciques locales aliados con partidos políticos, que grupos paramilitares cada vez más cercanos a las células de cárteles de droga dedicados a la siembra y tráfico de enervantes, todos vinculados y cobijados durante años por el paso de distintos funcionarios del gobierno estatal e incluso federal, cuya complicidad por acción y omisión ha sido evidente desde la Masacre de Acteal en 1997” (http://ojarasca.jornada.com.mx/2019/02/09/exodo-de-nunca-acabar-1117.html)

Destaca que son Chalchihuitán, Aldama, El Bosque y Chenalhó los municipios donde el Frayba ha documentado las magnitudes de los desplazamientos. La problemática conjuga “procesos de apropiación político-territorial que incrementan la violencia”, tales como el tráfico de armas “en manos de grupos paramilitares jamás desarticulados”, con la presión sobre la propiedad de la tierra y el debilitamiento del tejido comunitario. 

A fines de 2017, en los límites entre Chalchihuitán y Chenalhó ocurrió el desplazamiento forzado de más de cinco mil personas de once comunidades. El 14 de diciembre de ese año, el fallo del TUA por la disputa de 360 hectáreas favoreció a Chenalhó. En tanto, en otra parte de Chenalhó se extrema el ya citado conflicto entre Santa Martha, Manuel Utrilla y el municipio de Aldama, “donde desde 2016 la violencia ha alcanzado a los productores que acuden a la cosecha de café en sus parcelas”.

El Frayba identificó, tanto en las agresiones armadas ocurridos en Aldama como en Chalchihuitán, “un patrón” de “corte paramilitar”, y recomendó una investigación urgente y  profunda de los grupos armados que operan impunemente en los Altos de Chiapas “a fin de lograr su identificación, desarme y desarticulación”.

Según el Frayba, “se actualiza el riesgo” para los pobladores de Aldama. “Las médidas de contención de la violencia implementadas por el Estado, como fue la instalación de una BOM con personal militar del lado de Santa Martha, Chenalho, fue insuficientes ya que persitieron los disparos de armas de fuego”. Ahora, pese a la nuevo BOM en Cocó, el 29 de enero se reportó la continuidad de disparos en la comunidad de Xuchem. La presencia del Ejército no resuelve el origen de la violencia: “La población de Aldama se encuentra en un estado de terror”. Llevan meses en alerta por el miedo a que una incursión armada en cualquier momento. 

Los desplazados de Tabak, Coco, San Pedro Cotzilnam y Xuxchen, viven una “grave situación de vulnerabilidad”, muchos llevan meses de desplazamiento. “Existen familias que llevan años”. El Frayba recalca la responsabilidad del Estado, pues “gestó incialmente el conflicto cuando, por negligencia”, asignó tierras de unos a otros en Chenalhó, en perjuicio de Aldama y Chalchihuitán.

En el epicentro de la violencia

La segunda semana de febrero, la Red por la Paz en Chiapas sistematizó los hechos de violencia más relevantes desde diciembre pasado:

21 de diciembre de 2018: En Chalchihuitán fueron destruidos cuatro campamentos refugio del desplazamiento forzado. “Familias completas escaparon nuevamente a las montañas”.

3 de enero de 2019: En Arriaga, zona Itsmo-Costa, fue asesinado el defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano en Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra.

17 de enero: De madrugada, en Amatán, zona Norte, se registró un ataque armado contra de un plantón pacífico frente al palacio municipal. Un grupo civil detuvo, torturó y asesinó a José Santiago Gómez Álvarez, del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, y al conocido dirigente Noé Jiménez Pablo del MOCRI–CNPA MN. De estos hechos se derivaron amenazas de muerte contra los párrocos de Amatán y Simojovel, José Domínguez Domínguez y Marcelo Pérez Pérez.

17 de enero: En La Aurora, Yajalón, zona Norte Selva, se registró un enfrentamiento armado donde cuatro pobladores choles de la comunidad perdieron la vida, dos policías municipales resultaron heridos y un civil más se reportó como grave.

20 de enero: En la cabecera de Chilón, durante la madrugada se registró un tiroteo entre un grupo de civiles armados y elementos de la policía municipal. El saldo fue de dos policías heridos, dos civiles muertos y uno más arrestado. El Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC) denunció la militarización del municipio.

22 de enero: En la comunidad de Coco, Aldama, fueron atacadas con armas de fuego tres personas que se dirigían de San Pedro Cotzilnam a Xuxch’en, los disparos provenían de Santa Martha y Manuel Utrilla, Chenalhó. Dos heridos y un muerto.

23 de enero: En Santo Tomás, Amatenango del Valle, un comando armado asesinó a Estelina López Gómez, defensora comunitaria tseltal de derechos humanos.

Se añaden los feminicidios. Tan sólo en enero se registaron cinco feminicidios en Tuxtla Gutierrez, Comitán, Amatenango del Valle, y San Cristóbal de Las Casas. Cuatro de los cinco ocurrieron en un espacio de tres días, del trece al quince de enero.

31 de enero: En la Colonia Benito Juárez, San Cristóbal de Las Casas, fue ejecutado un hombre dentro de su vehículo. Allí se ha denunciado a grupos armados y los llamados “Motonetos” como responsables del clima de inseguridad.

5 de febrero: En el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán fue retenido un grupo de 13 personas acusadas de formar parte de los grupos civiles armados que han asolado esta región. “Fueron obligados a confesar sus comunidades de origen, la organización en la que militan y sus nexos con la autoridad municipal”.

La Red de defensores también registra la violencia denunciada por el EZLN en Los Altos, y concluye: “Este escenario de violencia y conflictividad confirma que las familias chiapanecas que siempre han mantenido el control económico y político, sólo cambiaron de nombres y colores partidistas para mantener intactas las mafias del poder”. En tanto, “el despojo territorial, buscando un ‘rostro amable’ y de folclor, sigue despreciando la cosmovisión ancestral que hace más de cinco siglos vienen defendiendo los pueblos originarios”.

La Red ve “con seria preocupación” que las autoridades en turno, “lejos de atender los conflictos de manera integral”, continúen la estrategia de seguridad militarizada, “ocupando territorios y controlando la vida civil”. Esto “adelanta” lo que serán las acciones de la Guardia Nacional. Ello “agravaría la violencia estructural… en medio de una guerra silenciada por imponer proyectos económicos y extractivistas”.