Llama la atención la furia con que defensores de los gobiernos progresistas sudamericanos, desde distintos países, se dedicaron a criticar y difamar de forma tendenciosa a un candidato indígena a la presidencia del Ecuador. Yaku Pérez, de la etnia quechua-cañari, con larga trayectoria de defensa del agua contra la minería en su región, dirigente de la Confederación Indígena del Ecuador (CONAIE) y de la Confederación de la nacionalidad Kichwa (ECUARUNARI), obtuvo 1.800.000 votos (superando el 19%) que por pocos miles quedó desplazado al tercer lugar en un resultado que es hoy contestado en la justicia.

Este episodio puede leerse como emblemático para entender los límites y dilemas de un progresismo políticamente debilitado que debe enfrentar los costos del tipo de política que implementó.

Las campañas en redes sociales contra Yaku Pérez entraron en juego mientras el escrutinio se definía y por varios días el candidato indígena permaneció en el segundo lugar. Al concluir el conteo de votos, el banquero Guillermo Lasso (CREO, Creando Oportunidades) alcanzó el segundo lugar, resultado más favorable para el candidato del correísmo, Andrés Arauz (UNES, Unión por la Esperanza), que en primera vuelta obtuvo el 32% de los votos. Yaku Pérez es abogado, hizo postgrados sobre gestión de cuencas hidrográficas, derecho ambiental, justicia indígena y derecho penal, y fue Prefecto de Azuay, renunciando para presentar la candidatura. También estuvo preso varias veces en conflictos de defensa del agua, secuestrado por una empresa minera china, y sufrió por represalia la expulsión de su compañera, de nacionalidad extranjera, también activista, después de una movilización durante el gobierno de Correa.

Juan Carlos Monedero, del partido español Podemos y vínculos políticos con el progresismo, participó en las elecciones de Ecuador del 7 de febrero como observador electoral. En entrevista en TeleSur, al día siguiente de la elección, dio el tono de lo que se escucharía por varios días. Consideró la candidatura de Pérez un producto de laboratorio, financiado desde afuera. Habló de “candidato falso” y de “indígenas no reales”, mientras defendía a Arauz como candidato que le permitiría a Ecuador “volver a tener un lugar en el mundo”. La desconfianza sobre el carácter indígena de Yaku Pérez y su candidatura deriva de que para Monedero la adopción de un nombre indígena sólo podía tener el propósito de engañar, y que desde el desconocimiento del mundo indígena compara con la entrada en un convento. Para un injuriado Monedero tampoco la lucha anti minera es auténtica, y negó que Yaku Pérez tenga apoyo colectivo o proyecto de país.

Monedero denunciaba en la televisión lo que sería una operación para evitar la elección de Andrés Arauz, consistente en reemplazar a Guillermo Lasso por Yaku Pérez en segundo turno, con más posibilidades electorales de vencer al candidato que reemplazó a Correa, condenado en causas de corrupción, y que tampoco pudo ser habilitado para disputar la vicepresidencia. Sería una operación que contaría con el apoyo de Estados Unidos y se había operado a través de los medios, presentando esa candidatura positivamente. Extraño este análisis venir de uno de los fundadores de Podemos, que surge como fenómeno en la política española justamente así, con amplio espacio en los grandes medios para un candidato que abría un espacio más allá de la vieja polaridad dominante.

En pocos días analistas y actores políticos progresistas llevarían a cabo una operación contra la reputación de Yaku Pérez, sólo abandonada cuando el banquero Lasso se impuso sobre el indígena en el conteo de los votos, quedando atrás el riesgo de una difícil elección con Pérez. Otro español cercano a los gobiernos progresistas sudamericanos, Alfredo Serrano, del CELAG, afirmó “Podríamos decir que Yaku es un candidato no progresista que logró quedarse con parte del voto progresista e indigenista”, negaba también que los votos hayan sido para él. Escribió que podrían haber sido para cualquier otro líder indígena quitando mérito a la elección de Yaku Pérez, en un razonamiento que no se aplicaba para el candidato del correísmo. Por unos días de lo que se trataba era de deconstruir su candidatura sea para preparar una disputa en segundo turno o para impedir que se cuestione el resultado electoral.

La alta votación para el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), brazo político fundado en 1995 de una hoy dividida CONAIE, se explica por la extensión de la presencia del movimiento indígena en las regiones amazónica y serrana del país, además de reflejar sin duda la fractura política dejada por el levantamiento de once días de bloqueos y protestas en octubre de 2019. Iniciadas contra un aumento de combustibles decretado por el presidente Lenin Moreno, y con papel determinante de la CONAIE, las protestas anunciaban la inquietud y descontento que se manifestó también con un millón de votos nulos y que no encontrará expresión el 11 de abril, cuando se enfrenten el banquero Guillermo Lasso y el candidato de Rafael Correa, que se encuentra exiliado en Bélgica. En el levantamiento de octubre la CONAIE había dejado claro que el rechazo al gobierno de Lenin Moreno, no significaría un acercamiento con Correa, que en su gobierno criminalizó cientos de líderes indígenas, y esa oposición que atraviesa la polaridad Correa-anti Correa se expresó en la elección de Yaku Pérez.

El resultado electoral fue una derrota para el presidente Lenin Moreno, que después de romper políticamente con Correa, de quien fuera vicepresidente y candidato sucesor, terminó fuera de juego por la presión de las calles. Pero también fue una mala elección para el correísmo, que esperaba ganar en la primera vuelta, capitalizando el descrédito del actual gobierno. La derecha tradicional, en un frente encabezado por el banquero, también se debilitó, impactada por la mala gestión de la pandemia en Guayaquil. Para Pachakutik fue una victoria, que permite retomar la disputa anti neoliberal de octubre de 2019, además de avanzar en su agenda anti extractivista buscando dar lugar a otro modelo de desarrollo para el país.

Alicia Castro, de trayectoria en el sindicalismo peronista renovador de los ‘90 y ex embajadora kirchnerista en Venezuela y el Reino Unido, se sumaba a la campaña de desprestigio contra Yaku Pérez desde twitter, y preguntaba: “Quién es el candidato @yakuperezg que quiere tumbar las elecciones en #Ecuador aliado a @Almagro_OEA2015 ; puede confundir a algunos desinformados como “ambientalista”, “indigenista” o “nueva izquierda” En cambio, es un farsante. Nada nuevo bajo el sol, desde la Malinche.”

Cuestionar la autodefinición indígena es común como parte de las estrategias del despojo colonial de siempre. Es con el argumento de los “falsos indios” con lo que se avanza con la frontera agrícola sobre territorios indígenas en toda la región sudamericana, o se defienden obras de desarrollo que amenazan su agua y formas de vida. Aliado al poder del agronegocio y la megaminería, el correísmo sabe que encuentra en Yaku Pérez y la CONAIE un obstáculo para el modelo depredador en base al cual gobierna. Los ataques de la elección, denunciando operaciones que se demostraron infundadas, debe entonces entenderse como continuidad de la fuerte represión y hostigamiento contra las organizaciones indígenas y territorios que tuvo lugar durante el correísmo.

No es nueva la persecución de los gobiernos progresistas sudamericanos a líderes indígenas y de luchas medioambientales en el continente, y tampoco que el progresismo se sienta más cómodo disputando elecciones con candidatos de derecha, iniciando campañas sucias contra posibles alternativas en la primera vuelta de una elección presidencial. Pero la posibilidad de que un candidato indígena dispute desde la izquierda contra el progresismo es una novedad en Ecuador y también para el resto de América Latina. La nueva izquierda parlamentaria y de búsqueda de espacio institucional en la región participó también en la campaña contra Yaku Pérez. Esta izquierda que reúne disidencias, “apoyos críticos’, nuevos líderes que disputan elecciones presidenciales en Chile y Perú, Suele mantenerse bajo el ala de influencia política del progresismo o izquierda que fue o permanece en el gobierno, fortaleciendo así su influencia política y la falta de renovación. Tímidas críticas a un modelo dependiente que inviabiliza la vida es hecha sólo detrás de las cortinas y contribuyendo a mostrar el modelo económico, los consensos del poder como única alternativa.

La expectativa de Pachakutik por alcanzar el segundo lugar, unificó un movimiento indígena dividido, con liderazgos y visiones que se enfrentan internamente en líneas más clasistas, más abiertas a alianzas con sectores mestizos, de confrontación en las calles, o de liderazgos personales en disputa. En esta coyuntura, sin embargo, se dispusieron a movilizarse en defensa del voto, sin dejar de marcar diferencias. Frente a una derecha sin fuerza y un progresismo con apoyo corroído y sin poder plantear un debate sobre el modelo de desarrollo en toda la región, las diferentes tendencias del movimiento indígena y la izquierda crítica no desarrollista despliegan tendencias, contradicciones y convergencias que realmente importan como posible paso adelante en la política sudamericana. En estos debates algunas propuestas de Yaku Pérez son criticadas por Leónidas Iza, que tuvo papel protagónico en el levantamiento de octubre, y otros líderes. Es un debate necesario en el que el progresismo no entró, volcándose a una campaña marcada por la lógica electoral y de polarización con la derecha que no dejaría espacio para nada más.

La candidatura de Yaku Pérez cuestionó con datos técnicos los resultados de la elección, pidiendo el conteo de 20.050 actas observadas (de un total de 39 mil). La Corte Electoral sólo aceptó revisar 31 actas, después reducidas a 28 y con las cuales se aumentó la votación de Pachakutik en 612 votos, constatando votos atribuidos equivocadamente en el conteo inicial a candidatos que quedaron más abajo del tercer lugar. En base a esa disparidad hubo movilizaciones y presentación de un recurso que no fue atendido en la Corte y tramita ahora en el Tribunal Electoral. Una reunión con Lasso cuando no estaba definido el escrutinio para pedir conjuntamente un recuento de votos en algunas provincias, y que terminó sin concretarse, encendió los alertas progresistas. Fue Lasso el que se alejó del pedido de recuento, cuando se consolidó su leve ventaja.

Yaku Pérez denunció fraude para excluirlo del segundo turno, presentando indicios de irregularidades. El progresismo consideró esta denuncia como parte de otro fraude, esta vez contra el candidato Arauz, con riesgo de ruptura constitucional, deslegitimizando nuevamente al candidato Pérez, cuya presencia en el juego sería meramente como operación de la derecha y Estados Unidos para frenar al correísmo. La entrada en campo del progresismo de otros países, muestra un cierto cortocircuito entre líneas argumentales legalistas, militantes y de noticias falsas y autoritarismo estatal. De la prepotencia que criminalizó líderes o militariza un territorio indígena para imponer un proyecto de minería, como en el caso Shuar y de Sarayaku, pasamos al discurso victimizante que sensibiliza la opinión pública sudamericana con la denuncia del lawfare.

Si siguiendo a las investigadoras de CLACSO Adoración Guamán y Soledad Stoessel entendemos el lawfare como “herramienta de uso extendido que combina la manipulación mediática de la opinión pública, la represión física y jurídica, el encarcelamiento y la criminalización del opositor político” vemos que esta es exactamente la situación que el movimiento indígena enfrentó con Correa en la defensa de sus territorios, y también Yaku Pérez en la campaña de difamación que negaba su carácter indígena y la legitimidad de su lucha y de la alta elección. Pero las investigadoras utilizan el concepto para señalar la persecución de Correa, e incluso sumándose a la ola de sospechas sobre Yaku Pérez, con otro argumento común en la desconstrucción mediática que sufrió el candidato de presentarlo aislado de un movimiento indígena que el progresismo imagina confluyendo con el correísmo.

La campaña sucia negaba también el carácter ecologista y lo asociaba con la derecha y el imperialismo, acusándolo de ser canal para intervencionismo norteamericano. En los días posteriores a la elección, el progresismo militante se preparaba para denunciar un golpe, como lo hizo en Bolivia de 2019 y en Brasil de 2016. El progresismo latinoamericano vio entonces en Yaku Pérez un aliado de Luis Almagro, secretario general de la OEA que fue un factor de desequilibrio llevando a la renuncia de Evo Morales en 2019, después de que convocado por este, recomendó la repetición de las elecciones. La filósofa Luciana Cadahia, simpatizante del correísmo, denunciaba en posteo público de Facebook un pacto entre Yaku Pérez y el banquero Lasso que sería una “jugadita hegeliana” orquestada por Almagro (secretario General de la OEA), y con participación de la prensa, en que un acuerdo entre el “dizque” movimiento indígena y la oligarquía buscaría de forma sofisticada una derrota de Arauz, cerrando una alianza entre el segundo y el tercer puesto de la elección, sin los costos que Almagro habría tenido que pagar por su accionar en la crisis boliviana.

Ante la fuerza de la elección de Yaku Pérez otro camino hubiera sido abrir un diálogo político sobre modelo de desarrollo y la agenda de octubre de 2019. A contramarcha de la campaña sucia, y mostrando hasta qué punto la puesta en duda del carácter de izquierda e indígena de Yaku Pérez es difamatoria, el propio Andrés Aráuz destacaba en su twitter después de la elección: “Progresismo + Unidad Plurinacional + Socialdemocracia = 70% El 7 de febrero el pueblo ecuatoriano ya venció”, sumando los votos del correísmo con los de Yaku Pérez y también el cuarto ubicado, Xavier Hervas de Izquierda Democrática, lejos de negar el carácter antineoliberal de sus contrincantes, y más bien acercándose a ellos para buscar sus votantes y presentar como oposición principal la del banquero Lasso contra correísmo. Cabe dudar, sin embargo, hasta qué punto fuera de las elecciones los gestos antineoliberales y ecologistas pueden ser llevados adelante por el progresismo.

Salta a la vista el juego ambiguo y de varias caras del progresismo que, sin embargo, deben considerarse como momentos de un mismo movimiento. Antes de la elección la preocupación del correísmo se enfocaba a una operación que involucró al fiscal general de Colombia, con supuestas pruebas encontradas en el celular de un guerrillero capturado del ELN involucrando su organización con financiamiento al correísmo. La repercusión en la prensa activó los mecanismos de un progresismo de línea institucionalista. El Grupo Puebla, que reúne ex presidentes, académicos y juristas (entre ellos Andrés Arauz y Rafael Correa) y participó como observador de las elecciones, denunciaba un ataque contra la democracia.

Con firmas de Axel Kicillof, Guilherme Boulos, Daniel Jadué, Gustavo Petro, Pablo Iglesias y Verónika Mendoza, el Espacio Futuro que nuclea una generación más joven del mismo campo político progresista se pronunciaba contra cualquier modificación en la fecha de las elecciones, sumándose a la campaña que desconsideraba sin conocer las denuncias de irregularidades que el candidato indígena presentaba a la Corte y Tribunal Electoral del Ecuador. En un juego político que usa el Estado de Derecho como un argumento político cuando conviene, que además se proclama observador electoral en nombre de la democracia, no daba la menor importancia ante la presentación de indicios de irregularidades. Su papel político es el de usar cuadros de prestigio académico para poner en el aire la retórica del golpe con la que el progresismo se defiende de un modo justo, muchas veces, pero muy parcial y silenciador de prácticas semejantes operadas desde el propio espacio.

Contra el movimiento indígena es otra la cara que aparece, llegando a la criminalización, ya no desde la argumentación jurídica democrática del Estado de Derecho sino desde la persecución policial, el acoso jurídico, para no hablar del propio avance sobre los territorios contra lo que Yaku Pérez y la CONAIE resistieron. La campaña contra Yaku Pérez, que debe relacionarse con sesiones de difamación pública en el programa televisivo presidencial de Correa contra el líder indígena y su compañera, Manuela Picq, también activista, se extendió en las redes sociales cuando asomó al segundo turno y el progresismo imaginó una nueva versión de una «nueva modalidad de golpe”. La susceptibilidad ya despertada por las operaciones de la derecha, que existen, movilizó una máquina mediática que rápidamente deja de diferenciar su institucionalismo con gestos prepotentes, de un proyecto de poder que, en nombre de lo popular, y fiel al estilo de la izquierda estatal autoritaria, es incapaz de lidiar con la diferencia.

La Revolución Ciudadana de Correa carga con tensiones y ambivalencias que se expresan, como en el MAS de Bolivia y otros lugares, con las alianzas internacionales en que se sustentan. Frente a las denuncias de lawfare que acercan a Correa de Cristina Kirchner y la defensa legalista con que el PT respondió al juicio político de Dilma, desde Cuba, Nicaragua y Venezuela la acusación que se escuchó contra Yaku Pérez era la de colaboración con el imperialismo.

Contra esta narrativa que presentó a Yaku Pérez como apoyador de golpes sudamericanos y posible pieza de un golpe contra Correa apoyado por Estados Unidos, puede citarse que el 12 de junio de 2019 Yaku Pérez se solidarizaba con Lula da Silva como representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). En la vigilia frente a donde el ex presidente cumplía arresto decretado en el marco de la operación Lava Jato afirmó “Estoy aquí para solidarizarme con vos, Lula, estamos contigo y no descansaremos, estaremos en resistencia”. Sobre inversiones internacionales, Pérez se quejó de la actitud agresiva de China con el extractivismo y violación de derechos humanos, sobre Estados Unidos, sin embargo, dijo que “el halcón es halcón”, pero habló positivamente de algunas políticas de Biden.

El alineamiento automático de progresistas sudamericanos contra un candidato indígena llama mucho la atención si vemos las posiciones que defiende el correísmo, no sólo en la cuestión socioambiental. Tres días antes de las elecciones, el cierre de campaña de Correa, desde el exilio, apostó a los votantes conservadores, criticando a Yaku Pérez por su posición favorable a la interrupción del embarazo hasta los tres o cuatro meses, refiriéndose a esta posición en términos de “aborto por hedonismo” y “porque me dediqué sin cuidado a una actividad frenética sexual y puedo quitarme el hijo sin ningún requisito”. Rafael Correa llegó a amenazar con presentar su renuncia en 2013 en caso de aprobación del aborto en la asamblea legislativa, y propuso que expulsaran del partido a las mujeres que apoyaron esta posición. Su conservadurismo excede la guerra declarada contra los indígenas por sus recursos naturales, y puede verse en el impulso del Plan Familia, cuya recomendación para educación sexual era “abstinencia y valores”.

Un tuit de Yaku Pérez reflotado por Correa y otros cuando disputaba el segundo lugar daba cuenta de su posición anticorrupción, en noviembre de 2016, y decía: “La #Corrupción acabó al gob d Dilma y Cristina; ahora falta q caigan @MashiRafael y Maduro. Solo es cuestión d tiempo”. Se entiende que para quien hoy se ocupa de criticar el warfare contra Cristina Kirchner o del propio Correa, o quien vea la caída de Dilma y Evo como operaciones orquestadas desde Washington para imponer gobiernos de derecha, sea propicio a desconfiar de Pérez.

Pero posiciones anticorrupción, por más liberales que parezcan, no son sólo banderas utilizadas por la derecha contra el progresismo, y se constata como casi obligatorio para cualquier izquierda nueva, como lo fue Podemos de España, que a pesar de los vínculos políticos dejó de defender gobiernos como el de Maduro y Ortega, o nuevas izquierdas en Chile y Perú, además del progresismo cuando llegaba al poder. Tampoco extraña la oposición a Dilma Rousseff, que aprobó leyes antiterroristas, criminalizó activistas, se alió a pastores conservadores, empresarios del agronegocio, bancos y la gran minería, incluso cediendo ministerios a estos sectores. Como la carretera por el TIPNIS, el petróleo del Yasuní, Dilma carga con el costo político de autorizar Belo Monte, represa faraónica y mal calculada, de impacto incalculable ya visible, que financió su campaña y es símbolo de la destrucción ambiental y etnocida de la Amazonia. En un video reciente, refiriéndose a las manifestaciones populares de las jornadas de junio de 2013 en Brasil, Dilma Rousseff se refiere a diálogos con Putin y Erdogán en que más que golpe o lawfare la interpretación del proceso político que llevó a su caída es el de guerra híbrida impulsada por la potencia norteamericana.

Sólo desde el desconocimiento total de la dinámica de las organizaciones indígenas en las últimas décadas es posible caracterizar a ONGs como capaces de manipular a los pueblos y responsables por la movilización y rechazo a obras que de hecho dejan territorios con contaminación de cianuro o sin agua. Se puede hablar de campaña sucia contra Yaku Pérez porque sus ejecutores no desconocen la trayectoria de las organizaciones indígenas (de las que el progresismo fue aliado), así como el papel de Yaku Pérez y la CONAIE. El discurso sobre ONGs que influencian grupos indígenas para atacar la soberanía nacional es solamente una campaña para defender intereses económicos y políticos, favorables a la gran minería y explotación petrolera sin límites, y es exactamente el discurso de Bolsonaro y la derecha peruana o colombiana para avanzar sobre la selva.

Por otra parte, tuits con poca repercusión de años atrás se hacen circular en una operación que tiene en vistas desarmar una candidatura, denunciando un golpe, pero en realidad mostrando preocupación por el riesgo de enfrentamiento en segunda vuelta con un candidato más competitivo que sabe poner el dedo en la yaga de los límites del progresismo y representa directamente la movilización social. Lo que queda no dicho es el debate político que está presente desde que el progresismo definió su perfil desarrollista y se enfrentó en toda la región a las organizaciones indígenas históricas.

En la línea de desconstrucción de la candidatura de Pérez de línea más bolivariana, incluso de movimientos aliados al gobierno de China. El portal del MST de Brasil publicó un resumen de un artículo del periodista norteamericano Ben Norton, firmado por la redacción, con el título “El candidato ecosocialista de Ecuador: indígena y partidario de los golpes de Estado en América Latina”. Desde la Fundación Bonifacio, ligada a Aldo Rebelo, ex ministro de Lula y Dilma por el PCdoB, se afirmaba que Yaku Perez era el caballo de troya de las potencias extranjeras. El artículo afirma que detrás de banderas identitarias, ambientalistas e indigenistas se defienden intereses extranjeros, a través del contacto con ONGs. Por el mismo camino iría Atilio Borón, en el portal cubadebate, afirmando que el discurso indígena y de izquierda del candidato indígena no pasa de un engaño y sirve intereses imperialistas.

Desde Kawsachin News, un servicio de noticias en inglés de las federaciones de productores de coca del Chapare, Ollie Vargas acusaba a Yaku Perez de usar fake news para incitar crímenes contra migrantes venezolanos en Ecuador. El candidato indígena se había referido a denuncias de intervención de “hermanos venezolanos” en una conversación viralizada sin que podamos conocer el contexto en un micro vídeo que lo asocia al discurso sí anti venezolano y xenófobo de Lenin Moreno. El popular youtuber brasileño Jones Manoel asoció a Yaku Pérez con el canciller bolsonarista de extrema derecha conservadora Ernesto Araújo y otras figuras de la política del Brasil. Por su posición adscripta a la reciente ola revisionista de Stalin, un texto de José Correa Leite relacionaría los ataques, calumnias y fake news que circularon sobre Yaku Pérez con las operaciones de «amalgama» del stalinismo en los ´50. El progresismo en el gobierno o luchando para volver moviliza todo tipo de recurso, en un amplio espectro político y de estilos discursivos.

Esta línea de acusación que debe entenderse en el marco de la guerra comunicacional inflamada en que imperialismo, comunismo, nazismo son moneda corriente, se basó en la construcción tendenciosa de Ben Norton, que en su blog critica el postmodernismo y corrientes anarquistas ecologistas y primitivistas, presentando al candidato indígena como un golpista apoyado por los Estados Unidos. Una foto con el embajador norteamericano mientras cumplía agenda como prefecto de la provincia Azuay, los tuits sobre líderes sudamericanos desplazados y una curiosa combinación de argumentos sobre el partido Pachakutik y el movimiento indígena. Llama la atención que mientras por un lado se presenta a Yaku Pérez como líder aislado del resto del movimiento, del otro se presenta como prueba de su papel al servicio de los Estados Unidos los fondos que las fundaciones norteamericanas para ayuda al tercer mundo destinaron al movimiento indígena, sin ninguna especificación sobre estos fondos ni vinculación directa a Yaku Pérez.

Una carta abierta criticando este artículo y otro de la revista Jacobin, con firmas de académicos e intelectuales como Isabelle Stengers, Arturo Escobar, Miriam Lang y Alberto Acosta (“Stop Racist and Misogynist Attacks on the Emergent Indigenous, Eco-Feminist Left in Latin America, and Address the Crisis in Today’s Ecuador”) tuvieron como resultado inmediato que la publicación norteamericana de izquierda Monthly Review levantara el texto de Ben Norton. El doble juego del progresismo trae cortocircuitos entre su aspecto institucionalista, democrático seguido en las candidaturas del progresismo de Brasil, Argentina, Bolivia y ahora Ecuador, que para sortear problemas con la justicia y el voto negativo optó en los últimos pleitos por figuras moderadas y liberales (Haddad, Fernández, Arce y Aráuz); y un progresismo bolivariano, leninista, nacionalista que emerge menos a la hora de gobernar y más en estas disputas de redes sociales. Ben Norton criticaba en uno de sus textos a Judith Butler, otra firmante de la carta contra los ataques a Yaku Pérez, en un artículo en que “denuncia” a la intelectual por donar cerca de mil dólares a la campaña de la actual vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, alguien que hoy está lejos de ser foco de crítica de los gobiernos progresistas.

La carta con decenas de firmas de desagravio, acierta en buscar despejar las difamaciones contra Yaku Pérez y su compañera, poniendo la discusión en sus términos reales: el progresismo estatal desarrollista, que combina caras populista y liberal, buscando atacar a una izquierda anti extractivista, que expresa la posición indígena en los conflictos de los años correístas con el movimiento indígena, además de otras banderas progresistas de derechos de mujeres, plurinacionales y LGTB que el correísmo no supo representar o ha abandonado. Pero para Ben Norton en su artículo, las críticas ambientalistas contra el progresismo son piezas de marketing publicitario. Con reportes desde Venezuela y Nicaragua, además de Ecuador, el artículo presenta a Estados Unidos “desesperado” para evitar la “ola socialista” que recorrió América Latina en la primera década del siglo XXI, y encontró en Yaku Pérez una “herramienta perfecta”.

En otra carta, se presenta al líder indígena como candidato que “combate la ofensiva del neoliberalismo al tiempo que rompe con los vicios caudillistas y la corrupción sistémica de la vieja izquierda autoritaria e impugna en nombre de la vida y de la tierra las graves limitaciones del modelo de desarrollo extractivista”. Esta carta denunciaba la campaña de difamación y vilipendio en redes sociales y fue firmada por Marina Silva, que sufrió una campaña sucia muy dura cuando se enfrentó contra Dilma Rousseff en las elecciones de 2010 y 2014, e intelectuales latinoamericanos que también fueron linchados mediáticamente por sus críticas a los gobiernos de Bolivia y Venezuela, como Rita Segato y Maristella Svampa.

En uno de los tuits de Yaku Pérez citado por sus detractores compara la política de intervención sobre la CONAIE organizaciones indígenas de Correa y Evo Morales con Conamaq, Confederación de Ayllus y Marqas del Qullasuyo. En ambos casos se invadieron sedes, se intentó crear organizaciones paralelas a favor de proyectos de destrucción territorial, con cooptación o compra de líderes con beneficios estatales. En el tuit también se comparaba el Yasuní con el TIPNIS, en el primero Correa dio lugar a la explotación petrolera después de haber fracasado un proyecto en que pedía al mundo dinero para defender el parque nacional de la explotación que sería nociva, en la argumentación inicial de Rafael Correa. Fue en ese espíritu que en el artículo 71 de la Constitución aprobada en 2008 se introdujo la figura de Derechos de la Naturaleza y aunque se busque maquillar, la ruptura de Correa con esta agenda es innegable.

El TIPNIS fue un punto de inflexión en Bolivia, en 2011, cuando el gobierno del MAS impulsó una campaña y operación política para la construcción de una carretera que atravesaría el mayor parque nacional y territorio indígena del país, con oposición de los pueblos indígenas y las centrales históricas que fueron brutalmente reprimidas. En febrero de 2021, como jefe de campaña para las elecciones regionales, Evo Morales ofreció continuar la construcción de la carretera a cambio del voto por su candidato en el departamento del Beni. En su tuit, Yaku Pérez comparaba a Correa con Evo Morales a partir de varios rasgos: “Ambos apostaron x reelección, autoritarismo, machismo, extractivismo y populistas”. Son posiciones coherentes con la postura del movimiento indígena en el continente, y no una postura de cara a elecciones.

En una disputa parecida, García Linera encabezó desde do gobierno de Bolivia, la crítica al movimiento indígena y las ONG que acompañaron las luchas que llevaron el MAS al poder y en que él mismo había sido consejero. La argumentación que confluye con la de los militares y la derecha conservadora latinoamericana en que los indígenas juegan para intereses extranjeros, mezclaba de forma deshonesta fundaciones ligadas al poder político norteamericano con ONGs de apoyo militante y jurídico a indígenas. Como vemos en el gobierno de Bolsonaro, presentando indígenas a favor del agronegocio o creando centrales indígenas pro gobierno, como en Bolivia. Una de las acusaciones de Ben Norton contra Manuela Picq es justamente mencionar que denunció el ecocidio de los incendios forestales de 2019 en Bolvia. Según Norton, así ella contribuyó a preparar el terreno para el golpe. En realidad, contribuyó a denunciar que con decretos a favor de las quemas de bosques, conseguidos por el poder del agronegocio aliado al MAS, el gobierno incentivaba la desforestación del mismo modo como ocurrió en Brasil con movilización progresista.

Por un lado, el Grupo Puebla, el Espacio Futuro y la Internacional Progresista con mandatarios y otros actores políticos que se ubican políticamente en la socialdemocracia o el progresismo, rechazan operaciones como la del fiscal colombiano, con susceptibilidad ante las disputas que se vivieron en la Corte Electoral, buscando impedir el recuento de votos. Por otro el ataque de destrucción de reputación, contra posiciones a las que cabría en realidad enmarcarlas en un debate político. linchamiento mediático y ataques personales como las que hizo el MAS con Gualberto Cusi, juez aymara más votado en la elección directa de 2011 para los altos tribunales y destituido por presión del gobierno; como Rafael Correa volvió cotidiano en la defensa de explotación extractiva, encuadrado movilizaciones con leyes antiterroristas, como Bachelet con los mapuches.

Estas operaciones que son frecuentes en diferentes escalas no tienen forma de ser reparados o atenuados y son piezas imprescindibles de un tipo de construcción política que debería llamar la atención de sus apoyadores honestos. Contra la eterna paciencia de la “izquierda crítica”, uno se pregunta cuántos atropellos son necesarios para entender que es una línea política prioritaria la defensa del extractivismo aunque eso implique violar derechos y romper con pueblos indígenas. Al final, siempre prevalece el cálculo que entiende como estratégico mantener un apoyo popular con políticas estatales en detrimento del respeto al territorio indígenas. Es por esta lógica, también, que la elección del 7 de febrero preocupó al progresismo. Los ríos de dinero del petróleo para políticas públicas durante el correísmo, las campañas de marketing con mucho más recursos , no permitieron la victoria electoral por amplia mayoría que permitiría dar legitimidad a las políticas asociadas a este proyecto político. Es ahí que debe pensarse la fuerza de un levantamiento como el de octubre de 2019.

Raúl Zibechi tiene razón cuando dice que “las insurrecciones populares no caben en las urnas”, observando como por más que el levantamiento de octubre haya sido un parteaguas en la historia reciente, expresando la resistencia de las comunidades rurales y ciudades medianas, Zibechi observa como las urnas no logran modificar la relación de fuerzas de un parlamento que mayoritariamente apoya el extractivismo y no pone en cuestión el modelo neoliberal. En su perfil de Facebook, Alejandra Santillana evalúa después de las elecciones que “Las calles y la construcción de tejido social organizado siguen siendo un camino determinante aún para lo que ocurra en el plano electoral. Imaginar un proyecto feminista popular Plurinacional y campesino sigue siendo un asunto pendiente que no se resolverá únicamente en el diálogo con el estado, nuestra entrada a este o en reformas institucionales”.

Una vez despejado el tema del necesario rechazo a una campaña sucia es pertinente discutir junto al movimiento indígena de la CONAIE las diferencias sobre propuestas de Yaku Pérez que generaron oposición interna, y las distintas estrategias de confrontación y diálogo que también crearon divergencias durante el gobierno de Lenin Moreno. Las movilizaciones vividas en varios países latinoamericanos antes de la pandemia se encuentran latentes y abren un debate que no cabe en la polarización entre derecha y progresismo.

La crítica al acoso judicial de los líderes progresistas, y el avance de la derecha en la región, no debe significar congelar las contradicciones y conflictos anti neoliberales, indígenas por territorio y de clase que marcarán el periodo que se abre, más allá de los límites del progresismo. La extrema derecha crece en la región, de hecho, porque los gobiernos progresistas se incorporaron a la clase política que las mayorías ven como elites del poder desconectadas. Izquierdas del orden, que además asumen el lugar autoritario estatal con eficacia, no pueden proponer otro modelo de desarrollo aunque en algún lugar entiendan la legitimidad de las luchas indígenas.

Desde el apoyo al correísmo, Valeria Coronel reconoce que “Arauz tendría que ser mucho más enfático en que su proyecto es el de las movilizaciones de octubre, tendría que acercarse al movimiento indígena y romper las barreras que se establecieron en algún momento entre Correa y el movimiento indígena”. Eso no parece ser posible y en los distintos países hubo muchos esfuerzos desde el Estado para acercarse a los líderes indígenas. En el citado texto de Guamán y Stoessel se afirma que «el Ecuador que hoy se expresa en las urnas ha mostrado su voluntad de superar dicha polarización [Lasso/Correa]. Se devela así la urgencia de renovar las agendas públicas con un componente más progresista en el campo de los derechos (sexuales, reproductivos, asociativos, sindicales y participación ciudadana) y en la cuestión ecológica.” Pero, ¿Es eso realmente posible desde el correísmo que persiguió y encarceló líderes indígenas, y busca alcanzar audiencia conservadora y religiosa hablando de aborto por hedonismo a pocos días de la elección?

En un panorama de la política latinoamericana actual, Claudio Katz separa progresistas moderados y radicales… lo primeros en el Brasil del PT y en los “progresismos tardíos” de México y Argentina actual, los radicales en Bolivia y Venezuela, aunque haya dudas con los sucesores de Chávez y Evo Morales. Katz llama a votar a Arauz, como única alternativa a la que el movimiento indígena debería plegarse, en la segunda vuelta. Admite que las declaraciones de Yaku Pérez en las elecciones de 2017, por las que afirmó “prefiero un banquero a un dictador”, y que es leída como adscripción al neoliberalismo –desde la lógica bipolar- es consecuencia del “durísimo conflicto” con el gobierno empeñado em ampliar la extracción minera, y que incluyó 400 procesos judiciales contra dirigentes indígenas. Pero vuelve al regazo del progresismo, cuya cara radical o moderada parecen ser dos momentos de un mismo juego de retórica clásico en los nacionalismos del siglo XX cerrando filas siempre con la defensa del orden de un mismo proyecto de poder. Esta posición decanta de su caracterización del movimiento indígena en dos vertientes, una clasista, que podría confluir con el correísmo, y otra “etnicista”, de Yaku Pérez, de demandas corporativa, vínculos espurios con ONGs y sintonías con la ideología neoliberal. Katz sugiere también que la corriente etnicista podría llevar a Latinoamérica un desangre étnico-comunitario como el de los Balcanes, Medio Oriente o África, citando análisis en este sentido de José Antonio Figueroa.

Junto al progresismo de la denuncia legalista y de la acusación de colaboración con el imperialismo, el progresismo “crítico” cierra filas con la esperanza imposible de acercamiento hacia aquellos actores que persigue y busca destruir mediáticamente. La solución de Katz y otros apunta a Bolivia, donde “los líderes del MAS introdujeron el Estado plurinacional, el respecto a las lenguas y costumbres de las comunidades y la orgullosa reivindicación de la tradición indigenista”. Para ellos es la incorporación de la agenda indígena para poder proseguir con la agenda del desarrollo. Desde el seguimiento de los procesos políticos sólo puede significar intervenir desde el Estado em el movimiento indígena para dividirlo y, quitando del camino elementos de resistencia y lucha contra el modelo extractivista, conceder reformas cosméticas mientras el modelo basado en negocios privados o del Estado en la explotación de recursos naturales se desarrolla con la fuerza y legitimidad hegemónica que hoy en América Latina el progresismo constata que ha perdido.