Declaratoria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
La decisión de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, y la más reciente jurisprudencia de los Tribunales administrativos, imponen no considerar Italia como un “país seguro” para los solicitantes de asilo.
1. El 27 de enero del 2011 la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, reunida en Estrasburgo, seleccionó los estados que presentan “grandes deficiencias sistémicas”, en la legislación y en las prácticas de la policía que producen las más frecuentes violaciones de la Convención europea para la protección de los derechos fundamentales de la persona, “los cuales causan repetidas violaciones a la Convención europea de derechos humanos.” Estos países son Bulgaria, Grecia, Moldavia, Polonia, Rumania, Rusia, Turquía e Italia. En particular reclama a estos países el no respetar o retardar el reconocimiento de las sentencias de la Corte europea de Estrasburgo, casos de muerte o tratamientos inhumanos hacia personas bajo privaciones de la libertad, además de medidas de detención de duración desproporcionada o más allá de lo previsto por la ley.
La Asamblea del consejo de Europa, tomando acto de que las medidas de deportación forzada se aplican a migrantes económicos que, respecto a quienes solicitan asilo, ha revelado cómo algunos países, entre ellos Italia, ignoran las solicitudes contenidas en las medidas urgentes adoptadas por la Corte europea de los derechos del hombre, de acuerdo al artículo 39 de la CEDU, con la finalidad de bloquear las deportaciones de personas que podrían ser expuestas a tortura o tratamientos inhumanos o degradantes. “Algunos estados han ignorado instrucciones de no deportar individuos que podrían estar en riesgo de tortura o maltratos. Tales ‘medidas interinas’, que normalmente involucran solicitantes de asilo fallidos o migrantes irregulares quienes serán inminentemente expulsados, intentan darle a la Corte tiempo para que reconsidere sus quejas. Los estados deberían ‘cumplir totalmente la letra y le espíritu” de estas solicitudes.”
La Asamblea también ha expresado una grave preocupación por el rápido incremento de las solicitudes de medidas provisorias para bloquear expulsiones o traslados en base al Reglamento de Dublín, “que asigna al primer país de ingreso en Europa la capacidad de recibir y examinar las solicitudes de protección internacional, reclamando la circunstancia de algunos Estados, como Grecia, que no pueden ser considerados países seguros (seguros para retornar) para recibir inmigrantes expulsados, deportados o trasladados por otros países miembros de la Unión Europea.
Con la sentencia de la Corte europea de los derechos del hombre relacionada a la aplicación del “Reglamento Dublín”, entre Bélgica y Grecia (sentencia 21.01.2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia), se ha afirmado que el Reglamento Dublín 2, n. 343 del Consejo, adoptado el 18 de febrero del 2003, no impide que los Estados, en algunos casos, con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos fundamentales afirmados en la Convención, deroguen la aplicación de los criterios generales de competencia en la elección del país que debe decidir sobre la solicitud de asilo. Según la sentencia, fue Bélgica quien violó la Convención de los derechos del hombre y no puede escudarse detrás del respeto de las obligaciones internacionales como la actuación del Reglamento Dublín justo porque, teniendo datos sobre la situación de los solicitantes de asilo en Grecia, no hubiera podido proceder a expulsar a un ciudadano afgano trasladado a Atenas. Lo decidió así la Gran Cámara de la Corte de Estrasburgo, que se pronunció con la sentencia el 21 de enero (M.S.S. contra Bélgica y Grecia, 30696/09) precisando que el mismo Reglamento n. 343 del 2003 impone el respeto a la Convención de Ginebra y contempla excepciones específicas en la aplicación de los criterios de competencia para examinar la solicitud de asilo, si en el país que sería competente no hay garantías de derechos fundamentales para los solicitantes de protección internacional. La Corte ha decidido que Bélgica, al decidir entregar a Grecia al ciudadano afgano, violó el artículo 3 de la Convención. La corte también condenó a Grecia por las graves violaciones relacionadas con el tratamiento de los solicitantes de asilo y ha establecido medidas para indemnizar.
En precedencia, la Corte de los derechos del hombre, segunda sección, el 18 de noviembre del 2008 emanó un procedimiento de urgencia con base en el artículo 39 CEDU, en el cual se notificaba la posible violación del artículo 34 de la CEDU, exhortando al Estado italiano para que suspendiera la expulsión de un ciudadano afgano hacia Grecia hasta el 10 de diciembre del 2008 (CEDH-LF2.2R, EDA/cbo, Requete n°55240/08, M. c. Italia). En la motivación del procedimiento de suspensión, la Corte hacía referencia a una decisión precedente suya del caso Mamatkulov et Askarov c. Turquía (n 46827/99 et 46951/99) párrafos 128 y 129, dispositivo número 5, en la cual se sancionaba la falta de respeto al derecho de un recurso individual con base en el artículo 34 del Reglamento de procedimientos de la misma Corte.
Italia, como Grecia, no puede entonces ser considerada un país seguro para los solicitantes de asilo. En los últimos meses, una serie de decisiones de los tribunales administrativos alemanes bloquearon los traslados forzados de migrantes que solicitan asilo en Italia, esto en aplicación del Reglamento Dublín 2.
Según la orientación prevaleciente en Alemania, el marco legislativo y sobre todo las prácticas aplicativas y los comportamientos de la policía italiana en la frontera no corresponden a los estándares de garantía impuestos al derecho comunitario y reconocidos por el mismo derecho alemán, de hecho “cabría preguntarse si las razones de asilo en Italia pueden aumentar a ‘ilimitadas’”. En particular se duda fuertemente, por parte de los jueces alemanes, que los solicitantes de asilo puedan exponer sin límites indebidos las razones sobre las cuales se basa su instancia de protección internacional.
En las decisiones de los tribunales administrativos alemanes se subraya la penosa condición habitacional a la cual son sometidos los solicitantes de asilo en Italia, además de que comúnmente son obligados a vivir en condiciones de sin techo. Lo principal que hay que probar es si Italia concedió un procedimiento de asilo que sea compatible con las normas de protección de los refugiados europeos. A pesar del trato que se dio a los que regresaron por Dublín, se presenta en Italia, respecto al tema de vivienda, una capacidad de acogimiento totalmente limitada
La decisión de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, y la más reciente jurisprudencia de los Tribunales administrativos, imponen no considerar Italia como un “país seguro” para los solicitantes de asilo, a la par de Grecia, y es de esperar que la Corte europea de los derechos del hombre de Estrasburgo decida lo más pronto sus recursos que presentó después de las deportaciones colectivas en Libia del 6 y 7 de mayo del 200, así como los numerosos recursos enviados por afganos quienes, desde el 2008 en adelante habían sido rechazados en las fronteras portuarias del Adriático, justo rumbo a Grecia.
2. Después de los rechazos colectivos, la externalización en los controles de la frontera. Mientras, el Ministerio del interno italiano continua a comunicar semanalmente la repatriación de decenas de inmigrantes irregulares, en general unas cincuenta personas provenientes de países del Magreb, sobre todo Egipto y Túnez, hacía países que han estipulado desde hace tiempo acuerdos de re-admisión con Italia. En cambio, un silencio ha cubierto la situación de migrantes arrestados en Libia, que en los últimos meses parece fueron expulsados hacia países de proveniencia al sur de Libia, o se les permitió escapar a cambio de un pago siempre más alto para compensar a los traficantes hacia Egipto, en particular la zona de frontera con Israel, en el desierto del Sinaí. En esta zona, como es sabido, un centenar de eritreos provenientes de Libia fueron víctimas de los abusos más feroces, muchas mujeres fueron abusadas y algunos sufrieron la extirpación de órganos o fueron asesinados. Todas las consecuencias de la “puerta cerrada”, consecuencia del acuerdo Italia-Libia, un acuerdo que no prevé solución alguna para los posibles solicitantes de asilo que llegan a Libia desde países en los cuales no pueden regresar, pues les esperan la pena de muerte, arrestos arbitrarios y las torturas y tratamientos inhumanos más atroces.
Las noticias de relaciones de buena colaboración de Italia con los países de tránsito del norte de África, cuando estaban aún a cargo de dictadores destituiditos de las revoluciones juveniles de los primeros meses del 2011, en particular con el Egipto de Mubarak y con la Túnez de Ben Ali, y que datan al año pasado. En una audiencia de Maroni con el Comité interparlamentario de Schengen, del 14 de abril del 2010, el ministro afirmaba que a nivel comunitario “en el ámbito de las prioridades geográficas, de hecho, la parte dedicada a África había sido potenciada, retomando justamente las propuesta italianas, con una referencia específica a la necesidad de ayudar a estos países en la lucha contra la inmigración ilegal”, pero el punto de acuerdo madurado a nivel europeo “no es lo suficientemente incisivo sobre los frentes de los acuerdos comunitarios que se asumían con Libia. Es por esto que en la declaración conjunta, aprobada en la reunión del 9 de abril (2010), quisimos confirmar, con una lógica de continuidad, nuestra propia acción la prioridad de las políticas de reforzamiento de las fronteras externas a la Unión Europea, así como la previsión de patrullajes conjuntos en las aguas territoriales y la colaboración en materia de acuerdos de re-admisión con terceros países”. Esto según palabras textuales de Maroni, pero actualmente, como lo confirman los hechos, sobre esto como sobre el proyecto de Unión mediterránea, se trataba únicamente de crédito. Sobre las políticas de expulsión y rechazo hacia países del Magreb, Francia y la Unión Europea han dejado solo al gobierno italiano.
3. El caso de Libia. De los rechazos colectivos a los patrullajes conjuntos. Los efectos colaterales de un “éxito histórico” en la “guerra contra inmigración ilegal.” En referencia específica a los casos de rechazos colectivos hacia Libia, Italia aun ahora está bajo acusa en la Corte europea de los derechos del hombre y la audiencia conclusivo está fijada frente a la Gran cámara de la corte de Estrasburgo para el próximo 22 de junio. El año pasado, en ocasión de una audiencia parlamentaria, el ministro Maroni proporcionó noticias por demás interesantes incluso para fines de los procesos actualmente en curso, afirmando que “el 5 de mayo del 2009 dieron inicio las operaciones de patrullaje, previo desarrollo de cursos den la escuela náutica de la Guardia de financia de Gaeta, a favor de 81 personas, entre ellos oficiales y tropa libia. Estas operaciones prevén, con base en una planificación semanal y en el ámbito de áreas operativas predefinidas, la activación de una parte de la guardia costera libia de un operativo ‘listo a mover’ con cobertura en las próximas 24 horas, con viajes no mayores a las diez horas de navegación, operativo que permite optimizar los recursos a disposición. Este dispositivo en el cual concurren las siete unidades navales a bordo de militares de la Guardia de finanza en calidad de observadores tiene el apoyo de la Marina militar libia.”
Según el ministro Maroni, en una declaración del año pasado, la prolífica colaboración iniciada ha dado frutos dado que en el 2009 fueron entregados a las autoridades libias 834 clandestinos interceptados en la aguas internacionales (estos son los famosos rechazos), mientras que en el 2010 no ha sido necesario efectuar ninguna operación de entrega.” Según el ministro “la eficacia de este acuerdo surge de datos que evidencian la drástica disminución de los desembarques de clandestinos. Del 5 de mayo al 31 de diciembre del 2009, desde que se implementó el operativo, llegaron a Italia 3185 clandestinos, en comparación con los 31 281 desembarcados en el mismo periodo del año precedente, es decir que hubo una reducción del 90%. De estos 31281 desembarcados en el 2008, 3185 en el 2009, los llamados rechazos corresponden a 834 personas, mientras que las demás no partieron de Libia.”
De todo lo dicho por el ministro del interno, “tal tendencia positiva encontró confirmación en los datos del año pasado (2010). Para el 4 de abril había 180 clandestinos desembarcados en Italia, respecto a los 4573 del mismo periodo en el 2009, es decir que hubo una reducción de más del 96%. La mayor parte de estos clandestinos llegó a nuestro territorio en lanchas y barcos de pescadores, y la mayoría no provenía de Libia sino de Túnez y otros territorios.” Para todos es evidente que estos éxitos estén ligados a la estrecha colaboración con un régimen dictatorial, a tal punto que guardias de financia libios se embarcaban en medios navales donados por Italia a Libia para detener a los migrantes, la mayor parte de estos serían solicitantes de asilo, mujeres que casi en gran medida habían sido víctimas de abusos en Libia, y menores de edad no acompañados.
Como decía Maroni en su reporte a la Comité interparlamentario de Schengen, “el rol primario asumido por Italia en el ámbito de las relaciones entre la Unión europea y Libia fue ampliamente reconocido por la misma Comisión europea, la cual quiso poner a Italia como líder del proyecto ‘Sahara med’, en el cual cooperaba la policía de Libia y era financiado por la misma Unión europea con 10 millones de euros, además de 600 000 aportados por Italia, para la prevención y la gestión de los flujos de inmigración irregular del desierto del Sahara hacia el mar mediterráneo. Esto se hacía a través de la potenciación de las capacidades de construcción de las fuerzas de policía libias. El proyecto cuenta con colaboración de la Organización internacional para la migración (OIM) y Grecia, y busca proporcionar ayuda y consejería técnica a las autoridades libias por un periodo de tres años y se inició en el pasado mes de febrero (2010).”
De acuerdo al ministro del interno italiano, en su audiencia parlamentaria, “respecto a los resultados de los recientes acuerdos bilaterales suscritos con los representantes de los países africanos con fines de control de los flujos migratorios clandestinos, y también en relación a la inminente entrada en vigor del nuevo código de vistas Schengen, Italia desde hace tiempo ha iniciado un diálogo permanente con los países de África y del mediterráneo, ya que considera de vital importancia el desarrollo y reforzamiento de la cooperación con los países de origen y de transito de los flujos migratorios ilegales. Dicha colaboración se basa en una serie de puntos: actuación de programas de asistencia técnica que prevén la cesión gratuita de medios y tecnologías para ser empleadas en la lucha contra la inmigración clandestina, así como actividades de formación y adiestramiento del personal y visitas de estudio, la designación de oficiales de contacto y el intercambio de personal, la activación de canales directos para el intercambio de información estratégica, operativa e investigativa, el involucramiento de las fuerzas policiacas de terceros países rivereños en los operativos de patrullajes en el mar.
Entre las más recientes actividades de colaboración operativas asumidas por Italia en la lucha contra la inmigración irregular se deben recordar los acuerdos con Argelia, Nigeria, Ghana, Níger, Senegal, Gambia, Sudan Somalia, Eritrea, Etiopia, además del tratado de amistad del 2008 y los protocolos operativos con Libia. Actualmente todas estas relaciones deberán ser revisadas a la luz de las revoluciones en curso en muchos de los países árabes. El cambio de las clases dirigentes podría no garantizar el futuro de la estrecha colaboración asegurada a Italia para los rechazos y del arresto de migrantes irregulares, en gran parte potenciales solicitantes de asilo.
Hasta el año pasado, sólo el gobierno italiano consideraba que de Libia no llegarían solicitantes de asilo, esta era una circunstancia bien conocida en el Parlamento europeo, quien en la resolución del 17 de junio del 2010, en base a os datos proporcionados por el ACNUR, reconocía a los eritreos como la población más consistentes de migrantes detenidos en los centros libios. » Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (HCR), 9 000 refugiados -principalmente palestinos, iraquíes, sudaneses y somalíes – han sido registrados en Libia, entre los cuales 3 700 se encuentran solicitando asilo, esencialmente los que vienen de Eritrea; el HCR señala que los refugiados se arriesgan constantemente a ser deportados hacia sus países de originen y a los países por los que transitan, lo cual se considera como una violación de los criterios del convenio de Ginebra, por esta razón, los refugiados están expuestos a la persecución y a la muerte; también menciona que casos de malos tratos a la persona, de tortura y de homicidio han sido reportados en los centros de retención para refugiados, así como el caso de abandono de refugiados en los desiertos que se encuentran en las fronteras entre Libia y otros países africanos». Italia permaneció sorda a las solicitudes de permitir llegar a nuestro país a los potenciales solicitantes de asilo retenidos en Libia, como los eritreos, quienes no tuvieron otra opción que huir y tratar de llegar a Israel, atravesando Egipto. El compromiso de Gadafi se basaba justamente en la gestión de los flujos migratorios, y las ventajas económicas son notorias con la asignación a una ciudad italiana de la concesión para la construcción de la autopista que uniría la ciudad libias que dan hacia el mar mediterráneo. Otras ciudades italianas están fortificando con sistemas de control electrónico la frontera meridional de Libia con Chad y Níger. Después de la explosión de la guerra civil en Libia, para efectos de estas políticas de lucha a la inmigración clandestina acordadas entre Italia y la Libia de Gadafi, miles de eritreos, somalís, sudaneses y otros solicitantes de asilo quedaron bloqueados entre dos fuegos, sobre todo en la ciudad de Misurata donde se concentran miles de familias de solicitantes de asilo, sin que la Unión europea logre implementar un programa de evacuación humanitaria.
Italia, la misma que por años apoyo las políticas chantajistas de Gadafi, acompañada de vez en cuando del secuestro de algún barco pesquero, detenido por los libios en aguas internacionales, sigue proponiendo el modelo de externalizaciones de las fronteras a través de operaciones de rechazo en mar. No hay ni una señal en los reportes del año pasado de Maroni al Parlamento sobre la suerte de los migrantes encerrados en los centros libios de detención (los cuales Maroni afirmaba haber visitado y haber encontrado en buenas condiciones). Esos mismos inmigrantes, en gran parte eritreos, que fueron puestos en libertad por Gadafi, fueron expulsados una vez que expiraron sus permisos provisorios para trabajar, los cuales habían sido otorgados por las autoridades libias y duraban tres meses, todo esto frente a la indignación de la comunidad internacional después de los violentos actos cometidos por la policía en las cárceles de Misurata y de Brak, en el verano del 2010. Queda pendiente registrar la clausura de la sed del ACNUR en Trípoli, cuyo personal fue acusado el 8 de junio del 2010 de desarrollar actividades ilegales. Esta sede había servido al gobierno italiano para legitimar, incluso en el Parlamento, la política de las deportaciones colectivas y la colaboración con las fuerzas de policiacas libias. En julio del 2010, una mayoría del Parlamento ratificó el envío de militares italianos a Libia. Incluso ahora se quiere financiar organizaciones no gubernamentales para que en Libia pongan en vigor políticas de externalización de los controles de frontera y las prácticas de asilo, quizá con la etiqueta de “repatriados voluntarios con ayuda.” Mientras tanto, en Europa, y en particular en Italia, el número de solicitantes de asilo ha disminuido drásticamente, desde Libia ya no llega nadie. De hecho, el derecho de asilo que incluye el derecho de acceso al territorio y el derecho a los trámites fue cancelado por la Constitución italiana y por las Directivas comunitarias, así es como fueron canceladas las vidas de tantos migrantes que huían de las guerras y persecuciones de muchos tipos.
El dossier de Wikileaks confirma lo que se anunciaba desde hace años sobre la estrecha vinculación entre acuerdos comerciales y las políticas de colaboración entre Italia y Libia para detener la rueda de la inmigración irregular. Pero la responsabilidad no es sólo italiana, incluso si Italia se presenta como el país líder, al interno de la Unión europea, para solicitar políticas cada vez más represivas contra los migrantes. El parlamento europeo afirmó en junio del 2010 que » toda cooperación o acuerdo entre la Unión Europea y Libia debe ser subordinada a la ratificación y a la aplicación del convenio de Ginebra sobre los refugiados y otros convenios y protocolos en materia de derechos humanos; pedimos a su Presidente transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, así como a la asamblea general de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y a las autoridades libias», pero las otras instituciones de la Unión europea no han movido siquiera un dedo para impedir que Libia continúe con sus sistemáticas y gravísimas violaciones a los derechos de las personas humanas. Incluso la comisaria Cecilia Malmstrom, después de un viaje a Trípoli, continúa presionando para que se firme un acuerdo entre la Unión europea y Libia para la lucha contra la inmigración clandestina, como si olvidara que la mayor parte de los migrantes que en los últimos años llegaron a Italia provenientes de Libia, eran solicitantes de asilo. Un acuerdo operativo parece lejano después de que Gadafi aumentó el nivel de chantaje que quiere imponer a Europa. Mientras, tanto Europa como Italia permanecen alejadas de las tragedias humanas en los países de tránsito.
En los próximos meses se evaluarán las consecuencias de las sublevaciones populares en los países del Magreb sobre los movimientos migratorios y sobre los movimientos de los solicitantes de asilo provenientes de otras regiones. Después de la “revolución de los geranios” de Túnez, la crisis de los regímenes dictatoriales de Argelia y Egipto, gobierno que siempre apoyó a Libia, se podría determinar el futuro aislamiento del gobierno libio y el fin de las privilegiadas relaciones con Europa. Sin embargo, es preocupante la unión de grupos pertenecientes al fundamentalismo islámico con las organizaciones criminales que gestionan el tráfico y trata de clandestinos abandonados a las violencias de las bandas armadas. Serán los migrantes irregulares, los solicitantes de asilo, las mujeres, los jóvenes y vulnerables quienes se encontrarán entre dos fuegos, de un lado los traficantes y del otro la policía o lo que quedará después de las revueltas políticas y militares en muchos países del Magreb.
Las relaciones de Italia con Túnez y Argelia en la lucha contra la inmigración irregular
Túnez, que había firmado un acuerdo de readmisión en julio de 1998 y después de un viaje por parte del ministro del interno Napolitano, había sido sujeto de una atención particular por parte del gobierno italiano justo cuando las tradicionales componentes de la migración económica, comenzaron a llegar de ese país cientos de jóvenes que huían de la durísima represión policiaca ordenada por Ben Ali después de la revuelta popular de Redeyef. Esta fue la chispa que debía prenderse luego de dos años de la fuga del dictador tunecino. Por lo demás, hasta los primeros días del 2011 no faltaron las declaraciones de apoyo a Ben Ali por parte de notables representantes del gobierno como Frattini.
El 28 de enero del 2009 se logró en Túnez un compromiso entre el ministro del interior, Maroni, acompañado por el jefe de la policía, Manganelli, y el colega tunecino Rafik Belhaj Kacem con la finalidad de garantizar identificaciones más rápidas para los ciudadanos tunecinos presentes en los CEI italianos, así como la repatriación de migrantes provenientes de Túnez quienes en ese periodo hubieran logrado llegar a Lampedusa. Eran personas que huían de la durísima represión que seguía a la protesta de mineros y demás estratos marginados de la población Gafsa, uno se los distritos más pobres del país gobernado por Ben Ali. El encuentro permitía llegar a un acuerdo sobre puntos específicos (fuente: Ministerios del interno):
“1) intensificación de la lucha al fenómeno de la trata de seres humanos y de cualquier forma de organización criminal que explota la inmigración clandestina; 2) definición de un plano que prevea, por una lado la simplificación y aceleración de los procedimientos necesarios para identificar a los inmigrantes tunecinos presentes en los CIE italianos, y del otro lado, la repatriación gradual y constante de aquellos que ya han sido identificados y que actualmente se hallan en los establecimientos de Lampedusa, en un plazo no mayor a tres meses; 3) prosecución de la acción en apoyo a Túnez, como estaba previsto en los acuerdos que se dieron a partir de 1998, para prevenir y contrarrestar el fenómeno de la inmigración ilegal.” Además, se inició un proyecto que, a través del empleo de fondos europeos y el apoyo de organizaciones internacionales, debía incentivar formas de repatriación asistida. Después de aquel compromiso, las repatriaciones hacia Túnez se multiplicaron, aun cuando aumentaba el número de migrantes que solicitaban protección internacional. Pero la situación en Túnez era considerada compatible con la garantía de los derechos fundamentales de la persona, una opinión que el gobierno italiano que en estos días los hechos están desmintiendo con todas las evidencias posibles.
En ese año, el activismo de Maroni y Frattini iba dirigido también hacía Argelia. En julio del 2009 la conclusión en Argelia de un memorándum de entendimiento, con la firma de los jefes policiacos de ambos países, constituía, de acuerdo al ministro Maroni, “el reforzamiento de la ya óptima colaboración en acto en acto en materia de lucha a la criminalidad transnacional bajo cualquier forma, y en particular al tráfico de seres humanos. Hasta ahora se ha registrado una máxima colaboración en el rápido desarrollo por parte de las representaciones diplomáticos-consulares argelinos en Italia para las operaciones de identificación de sus connacionales que llegaron clandestinamente a nuestro país, operaciones propedéuticas a su repatriación, unidas al reforzamiento de operativos de vigilancia marítima argelina.”
De acuerdo a Maroni, “la colaboración se tradujo en el final de los desembarques en Cerdeña y en la disponibilidad de recoger a los inmigrantes que había partido de las costas argelinas y fueron interceptados en el mar. Fueron interceptados en aguas internacionales 51 clandestinos y fueron entregados a Argelia durante el transcurso de dos operativos en junio y agosto del 2009. El memorándum preveía un intercambio de información y de experiencias, formaciones, visitas de estudio y prácticas temáticas, así como actividades de asesoría y asistencia en distintos sectores de interés. Tendrá una duración de dos años, renovables, y permitirá la presencia de oficiales de la policía argelina en Italia.” Es evidente que el ejemplo a seguir por el gobierno italiano es de la colaboración entre Italia y Libia. Durante todo el 2010, serán dislocados agentes de conexión entre la policía italiana y la argelina para lucha contra la partida de “harragas”, jóvenes que buscan incendiar la frontera y llegar a Europa, para muchos de ellos la única forma de sobrevivir. Después de las últimas manifestaciones en plaza, seguidas de arrestos, se puede tener la evidencia del nivel de democracia del gobierno argelino y de las formas de represión puestas en práctica. Así, se debe garantizar a todos los argelinos que soliciten un examen equitativo e imparcial de su solicitud de protección internacional, y sobre todo evitar la práctica de rechazos colectivos o las repatriaciones forzadas, cuando están en riesgo los derechos fundamentales de las personas.
5. La tragedia de los prófugos eritreos que huyeron de Libia y Egipto. Después de celebrar los “históricos hechos de la guerra a la inmigración ilegal”, con el cierre casi completo de la ruta de Libia y de Argelia rumbo a Lampedusa y Cerdeña, la trágica realidad se ha impuesto con los hechos que atrapó la responsabilidad de todos aquellos que anteponían razones de naturaleza económica y facilidades electorales a los derechos humanos y a la propia vida de los migrantes.
El secuestro de miles de migrantes eritreos, somalís y sudaneses en Egipto durante el 2010, las torturas a las cuales son sometidos diariamente para obtener más dinero de sus familias, las seis víctimas conocidas y tantas otras probablemente desconocidas que se deben contar, como los jóvenes eritreos asesinados en los meses pasados al ser fusilados por la espalda por guardias egipcios mientras trataban de llegar a la frontera israelita, son consecuencia directa y evidente de todas las vías de fuga de Libia hacia las costas italianas. Como siempre, a falta de un canal de ingreso legal, el cierre de la ruta acarrea inmediatamente la apertura de otras vías para la inmigración irregular. De hecho aumentan los costos, y por lo tanto, los beneficios para las organizaciones criminales que lucran con el tráfico de personas. Esas mismas organizaciones que los gobiernos dicen querer contrarrestar con medidas que en realidad empeoran las condiciones de quienes se ven obligados a la inmigración irregular, entre ellos un número cada vez más alto de solicitantes de protección internacional.
El Alto comisionado de las Naciones unidas para los refugiados (UNHCR), en un comunicado urgente del 7 de diciembre del 2010, expresaba su preocupación por el grupo de 250 personas, incluidos cerca de 80 eritreos, que desde hacía un mes estaban retenidos por traficantes en el desierto del Sinaí, Egipto. De acuerdo a la información transmitida al UNHCR por parte de la agencia Habeshia, los traficantes pedían ocho mil dólares para liberar a cada uno de los rehenes, los cuales eran sometidos a abusos y privaciones. Algunos de ellos se hallaban en esta condición desde hacía varios meses. El UNHCR contactó al gobierno egipcio, pero la respuesta siguió sobre el plano de corrección en las relaciones diplomáticas. En particular, del Ministerio del interno egipcio se emitieron afirmaciones acerca de los esfuerzos hechos para localizar a los rehenes y organizar su rescate. Después de tales declaraciones no pasó nada. Cada año, miles de personas buscan cruzar la frontera egipcia para llegar a Israel, comúnmente se fían de traficantes beduinos, quienes no toman en cuenta su seguridad. Muchas de estas personas son migrantes, mientras que otras provienen de países de refugiados, tal es el caso de Eritrea. Según las líneas guía del UNHCR, la mayor parte de los eritreos que huyen de su país deberían ser considerado refugiados. En su comunicado, el UNHCR solicita a las autoridades egipcias que se les permita a sus funcionarios tener acceso a todos aquellos que sean detenidos durante el viaje, esto con la finalidad cuales de estas personas pueden ser consideradas refugiados y necesitan protección internacional. En estos días, cuando en Egipto gobiernan las bandas armadas, mientras Mubarak se obstina en mantener el estado de emergencia que dura desde hace decenios, la vida de los prófugos eritreos, y de otras nacionalidades, se hallan en un riesgo mayor, y no parece que alguien de la comunidad internacional se haya dado cuenta. Mientras, nuestro país conmina a más expulsiones realizadas de forma forzada, incluso contra ciudadanos egipcios, tunecinos y argelinos, violando así las garantías ofrecidas en la directiva comunitaria 2008/115/CE sobre repatriaciones.
¿Qué ha hecho Egipto para impedir que los migrantes que huyen del Cuerno de África no sean secuestrados, torturados o asesinados por bandas de traficantes que en ese país tienen el campo libre desde hace tiempo? Nada. ¿Qué hace Libia? Se limita a hacer huir a través de Egipto a aquellos migrantes que no considera oportuno detener, tal vez sean aquellos que Italia rechazó en los años pasados, o aquellos que las guardias libias detuvieron recientemente en aguas internacionales con la ayuda de las embarcaciones y el personal de la guardia de financia garantizadas por el gobierno italiano. ¿Qué hace nuestro gobierno, el ministro de relaciones exteriores, Frattini, el jefe de gobierno, tan “íntimo” con Mubarak, frente al secuestro de los eritreos en el Sinaí egipcio y frente a las violencias que padece en las zonas de guerra como Misurata, con torturas que han sido denunciadas incluso por el Vaticano? Y aún más ¿qué iniciativas de evacuación han preparado las autoridades italianas y europeas para los numerosos solicitantes de asilo detenidos en Libia? Silencio, hipocresía e incluso el replanteamiento de la política del miedo. Miedo de los clandestinos, de los inmigrantes, incluso de los solicitantes de asilo. Es una fácil instrumentalización que en el pasado ha garantizado un seguro éxito electoral, incluso sobre la piel de los migrantes que los traficantes egipcios marcan con fuego en la piel. Si no se ahoga entre Zuwara y Lampedusa, se muere en los desiertos africanos o en el Sinaí, que es la tierra de nadie entre Israel y Egipto. Aun cuando los migrantes logren huir de las bandas o paguen para salvar su vida, la policía egipcia los detiene e intenta enviarlos a sus países de origen, incluso si están en riesgo de sufrir torturas o tratamientos inhumanos y degradantes, prohibidos por la Convención de Ginebra ( art.33- Principio di non refoulement). El “Land Center for Human Rights” del Cairo, el 28 de junio del 2006, en un reporte sobre “Europa y la migración ilegal en Egipto, responsabilidades y deberes”, revelaba “cómo las fuerzas de seguridad egipcias tratan el fenómeno de migración ilegal, especialmente el de los migrantes jóvenes, quienes son considerados víctimas por el mal trato de las mafias ilegales de migración.” Incluso la caída de Mubarak, las operaciones de rechazo inmediato de Italia hacia Egipto siguen justo como se hacían durante el régimen dictatorial. En Egipto, si se quiere dar un paso hacia un gobierno que garantizaría algún tipo de democracia, no parece que sea escuchada la condición de aquellos que quieren ejercitar la libertad de migración, incluso por motivos económicos.
6. La colaboración entre el gobierno italiano y Egipto. El gobierno italiano no ha intervenido jamás al gobierno libio ni al egipcio en el caso de secuestro de migrantes eritreos, somalís y de otras nacionalidades, que podrían ser reconocidos en cualquier lugar como titulares del derecho de asilo y de la protección temporal, pero permanecen varados en el desierto del Sinaí a merced de bandas de traficantes y que, si sus familiares no pagan lo exigido, son utilizados incluso para el tráfico de órganos. Egipto incluso, en materia de inmigración, desde siempre ha sido un socio privilegiado con los varios gobiernos que ha habido en nuestro país. Después de haber perdido meses durante los cuales pocas organizaciones han denunciados los abusos de los traficantes del Sinaí y de la policía egipcia, la situación actual que se da en esa región requiere la reactivación de la alarma acerca de los eritreos varados en el Sinaí, personas que podrían ser asesinadas o traficadas.
Las expulsiones y rechazos colectivos hacia Egipto se dieron a lo largo de todo el 2010. Después de regimentar los acuerdos que prevén no realizar más rechazos colectivos hacia Libia, sino la intervención de las embarcaciones italo-libias con integrantes de la Guarida de financia investidos como observadores, Italia dio un nuevo impulso a la colaboración con el gobierno egipcio con la finalidad de expulsar o rechazar hacia ese país al mayor número posible de inmigrantes irregulares, sin considerar la posibilidad de que entre ellos pueda haber solicitantes de asilo o de protección internacional. Desde marzo del 2007, cientos de ciudadanos egipcios irregulares en Italia, o salvados en el mar por la marina militar y después llevados a la isla de Lampedusa o a las costas de Puglia, fueron repatriados a Egipto luego de un reconocimiento sumario por parte de agentes consulares de ese país, sin otorgarles la posibilidad de presentar una solicitud de asilo. Incluso en este caso se trató de expulsiones colectivas, prohibidas en el artículo 4 del Protocolo añadido a la Convención europea para salvaguardar los derechos del hombre. Después de la repatriación en Egipto, estos migrantes expulsados de Italia, fueron sometidos a una dura detención y violencias de todo tipo, algunos incluso desaparecieron. Seguramente todos declararon su identidad y nacionalidad.
Como lo denunció el ACNUR, el ASGI y la Cáritas de Catania, luego del desembarque en las costas de Sicilia oriental el 26 de octubre del 2010, fueron repatriados 68 migrantes (con un vuelo directo hasta El Cairo), 44 menores de edad fueron asignados al circuito de las comunidades de alojamiento protegido, otros 17 migrantes fueron arrestados con la acusación de ser traficantes. Los inmigrantes declararon ser palestinos, pero según las fuerzas del orden eran egipcios. “Independientemente de su nacionalidad, declaró el director de la Cáritas de Catania, no se les concedió ni el tiempo ni la posibilidad de iniciar un trámite de solicitud de asilo político como está normado, permitiendo así evaluar la situación a alguien competente. Esto va contra el estado de derecho.” En el aeropuerto de Catania estaba presente un agente egipcio que realizaba el reconocimiento, mientras que en otra habitación algunos abogados intentaban que algunos presentasen la solicitud de protección internacional, una solicitud evidentemente peligrosa para quien, gracias a las decisiones del ministerio del interior de nuestro democrático país, había sido ya identificado en la oficina consular.
En el curso del 2010 se dio otro “salto de calidad” en la colaboración entre Italia y Egipto, luego de que en el 2004 se cerró, gracias a la intervención en ese país de unidades militares, la “Ruta de Suez. La operación culminó con la entrega a las autoridades de Sri Lanka de miles de tamiles que huyeron de la guerra civil en ese país. Estas acciones de cooperación entre las policías de Italia y Egipto expusieron a la tortura e incluso a la muerte a muchas de las personas que fueron deportadas de El Cairo a Colombo. En un país que no reconoce el crimen de tortura puede parecer “normal” que los migrantes en fuga, sobre todo en los países en tránsito, pueden ser abusados y asesinados. Incluso cuando se trata de ciudadanos provenientes precisamente de este tipo de países, como los egipcios, si la finalidad es rechazarlos en masa, no se respetan siquiera lo procedimientos de la ley y de las directivas comunitarias.
La operaciones de readmisión entre Italia y Egipto, como los vuelos directos desde Catania y Roma hacia El Cairo, son posibles por el acuerdo de colaboración firmado en enero del 2007 por parte del gobierno italiano, representado por el subsecretario de relaciones exteriores, Intini, y por el viceministro del interior, Lucidi. Este acuerdo, que a cambio de miles de puestos de trabajo reservados a egipcios en las cuotas anuales de los decretos de flujos migratorios, permite que se atribuya la nacionalidad, la identidad personal y la edad de forma acelerada, gracias a la colaboración de funcionarios e intérpretes egipcios presentes en Italia. Una vez en el aeropuerto en Egipto, a la policía no le faltan los medios, incluida la tortura, para confirmar la identidad y la proveniencia de la gente expulsada por la policía italiana.
Desde este punto de vista, la política exterior italiana es absolutamente coherente, aun cuando cambian los gobiernos. En el 2005 entre el gobierno italiano y el egipcio existía un “Acuerdo bilateral de cooperación en materia de flujos migratorios por motivos de trabajo”, este acuerdo fue firmado en El Cairo el 28 de noviembre del 2005 por al entonces ministro del trabajo, Roberto Maroni. En el texto se preveía que ambos gobiernos, con el objetivo de “gestionar de manera eficaz los flujos migratorios y de prevenir la migración ilegal, se comprometían a hacer coincidir la solicitud y la oferta de trabajadores migrantes desde y hacia Egipto. El gobierno italiano, de su parte, se comprometía a valorar las atribuciones de cuota anual especial para trabajadores egipcios. En el protocolo ejecutivo se leía que el ministerio italiano del trabajo y de las políticas sociales comunicaría a su homólogo egipcio los criterios, para fines de la normativa italiana, para redirigir una lista de trabajadores egipcios disponibles a ejercer una actividad de trabajo subordinado, incluso temporal, en Italia. La lista debía ser publicada en el sitio web del ministerio del trabajo italiano.” No se sabe cuántos trabajadores egipcios llegaron en realidad a Italia con una visa de entrada, pues el gobierno italiano redujo drásticamente los decretos anuales de flujos, y canceló la posibilidad de ingreso por motivos de trabajo. Esto fue un gran regalo hecho a las organizaciones criminales que “comercian” a los migrantes en su viaje y luego los explotan, reduciéndolos a condiciones de esclavitud una vez que llegan a Italia y deben pagar sus deudas. Un tratamiento más cruel es reservado a los solicitantes de asilo, quienes “valen” más. Si sus familiares no pagan, les torturan hasta que mueren, justo como sucede en el desierto del Sinaí en estos días, y algunos incluso les extirpan órganos, lo cual es una verdadera ignominia de la cual la comunidad internacional no puede quedarse callada.
7. Hacía nuevas políticas en materia de lucha contra la inmigración irregular. Italia debe denunciar los acuerdos de rechazo y de readmisión con Libia y Egipto porque no garantizan el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Ciertamente es difícil esperar del gobierno italiano y de sus fuerzas policiacas alguna humanidad, luego de años de estrecha colaboración con las autoridades argelinas, tunecinas, egipcias y libias. Son demasiados los reportes de las agencias internacionales, como HRW, MSF y Amnistía, a los cuales el gobierno italiano ha ignorado, llegando a atacar sistemáticamente al Alto comisionado de la Naciones unidas para los refugiados y a los abogados que defienden a quienes logran presentar un recurso contra Italia frente a la Corte europea de derechos del hombre, luego de haber sufrido un rechazo colectivo, de masa, que en los hechos es una deportación, la cual está prohibida en todas las convenciones internacionales. Si alguien quisiera dar una señal de inconformidad respecto a las políticas inhumanas practicadas en materia de inmigración y asilo, este sería el momento, pero las fuerzas de oposición parecen únicamente espectadores fastidiados frente a las tragedias que se consuman diariamente en la piel de los migrantes en las fronteras ya externalizadas de la fortaleza Europa, hacia África y Asia.
De parte de toda la Unión Europea, se debe exigir una acción urgente, de forma tal que todos los países de tránsito, y en particular Libia y Egipto, garanticen la protección efectiva a todas las personas que huyan de sus países, tal es el caso de los solicitantes de asilo bloqueados en Libia y de los prófugos que incluso en estos días ha sido secuestrados por organizaciones de traficantes en el Sinaí. Se trata de un territorio sin control alguno, en el cual las banas armadas predominan, donde miles de migrantes, jóvenes, mujeres y niños son abandonados a su destino por culpa de la inercia de los estados que cuando todavía era posible no hicieron nada para liberarlos.
De frente a hechos tan graves, la responsabilidad de las instituciones internacionales crece. Esperamos la decisión de la Corte de Estrasburgo sobre los recursos presentados luego de los rechazos colectivos en Libia, realizados en Italia el 6 y 7 de mayo del 2009, y sobres los recursos enviados por los migrantes afganos y de otras nacionalidades, algunos de ellos menores de edad, quienes fueron rechazados en las fronteras portuarias del Adriático hacia Grecia, en particular en Venecia y Ancona. Mientras que el secuestro de migrantes eritreos en Egipto, en el desierto del Sinaí, luego de los abusos y violencias sufridas en Misurata, Sbha, Brak y otros centro de detención en Libia, las constantes víctimas que desde Grecia intentan llegar a los puertos del Adriático y se ven obligadas a tomar la ruta turca hacia Grecia y Bulgaria, todo esto constituye la lápida que cae sobre todas las personas que han contribuido, directa o indirectamente, a producir tales situaciones, y es una mancha en el honor de todos los italianos que no se rebelan a estar políticas de muerte y deportación.
Referencias bibliográficas
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Publicado el 01 de Junio de 2011
