“Barrios exigen a Lasso militarizar las calles de Quito por la inseguridad”, este es el titular de uno de los medios de comunicación más leídos en el Ecuador y revela cómo los mecanismos de control ideológico están utilizando el discurso del miedo y la inseguridad para fortalecer la consolidación del Estado policial-militar. A esta noticia se suma la constante viralización de videos/fotos/testimonios en redes sociales que demuestran el crecimiento de actos criminales, pero, lo que no se hace viral, es el aumento de la pobreza, desigualdad, precarización laboral y el continuo incremento del costo de la vida, reflejado en los precios de los productos de la canasta básica. Porque lo que se busca desde el discurso estatal del miedo, es responsabilizar al otro (delincuente, migrante, racializado, empobrecido) de los problemas sociales y que la sociedad consensue eso como una verdad oficial. 

Tener a la opinión pública bajo esa verdad es un paso fundamental para la consolidación de la que hablamos, pues nadie se estará preguntando por qué un joven (con un perfil que no entra en el de una “persona de bien”) está siendo detenido, sino que la población se sentirá segura porque se estará “combatiendo a la delincuencia”. 

La aprobación de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, que se dio este martes 7 de junio, hay que analizarla más allá del peligro que representa a los sectores organizados en el contexto de la protesta o movilización social. Con esta Ley, el Ecuador inauguró la pena de muerte, al permitir que la policía, principalmente, tenga vía libre para disparar bajo la única lógica de su percepción de “peligro”. Los movimientos sociales desde una acción completamente conservadora que sigue delimitando a la sociedad entre pueblo empobrecido bueno y pueblo empobrecido malo, muchas veces sin considerar las causas estructurales, que supuestamente comprenden, no han analizado lo que realmente va a representar esta Ley en toda su magnitud y la posibilidad de que la policía y las fuerzas del orden, tengan vía libre e impunidad para disparar sin control alguno. En ese sentido, los sectores populares quedan entre la espada y la pared al enfrentarse, por un lado; a una policía que no teme disparar y, por otro, al crimen organizado que busca controlar esos territorios. Los jóvenes de estos sectores están siendo empujados por los Estados y el crimen organizado a matar o ser asesinados.  

Es en los territorios más empobrecidos donde se va a aplicar con mayor fuerza la Ley del “gatillo fácil” y esto será visto como algo legítimo, más aún, cuando existen planes por parte de Guillermo Lasso (presidente del Ecuador) de presentar en estos días, un proyecto de seguridad al estilo “Plan Colombia” a Estados Unidos. Lasso pretende hacernos olvidar que, en el contexto de este Plan, durante el uribismo se aplicó la doctrina de seguridad democrática por diez años y esto provocó la mayor cantidad de asesinatos, desplazamiento, despojo en los territorios y 6.042 muertos por falsos positivos en Colombia. Bajo esta reflexión, podemos ver que existe un patrón que se repite: la utilización del discurso de seguridad y miedo, para aplicar una política de estado de exterminio y despojo.     

Otro de los análisis que debemos hacer es identificar como las fuerzas institucionalizadas, sean de izquierda o derecha, progresistas o neoliberales, al final, siempre utilizan la fuerza del Estado para fortalecer el despojo y criminalizar al pueblo empobrecido, por eso, los votos a favor de la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza fueron de partidos de derecha, centro e izquierda, a quienes les conviene que esta ley exista y se profundice en el espacio público como forma de orden social, porque esto garantiza su continuidad en el poder y también el de las élites. 

Ante este panorama, como movimiento social debemos interpelarnos y dejar de hacerle juego al discurso de seguridad que legitima al Estado policial-militar. Tenemos que hacer que estos análisis y reflexiones lleguen a la gente y, sobre todo, incluir en nuestros proyectos políticos el trabajo con lxs jóvenes de los sectores populares, con las personas en las prisiones, porque también están siendo obligadas a sobrevivir en un contexto de muerte y violencia constante. Organizarnos desde el cuidado de la vida, donde el objetivo no sea la toma del poder de un Estado mafioso, sino el poder vivir dignamente, desde la autonomía de los pueblos, y por fuera del patriarcado y capitalismo, que han sido también elementos claves para que el Estado policial-militar se configure, no puede ser una opción, sino la única forma de combatir a este proyecto de muerte.