Día por medio muere una defensora o defensor ambiental y de la tierra. Más de 1.700 personas en la última década. Desde hace una década, la organización Global Witness ha intentado registrar y dar a conocer los asesinatos a estas personas defensoras y en el mundo: aquí su informe de este período. Ha sido una tarea difícil, no solo por la dureza de la situación, también porque en muchos lugares estos crímenes no se denuncian, se sub .registran o las autoridades los clasifican bajo otros nombres.

“Nuestros datos sobre asesinatos a defensores ambientales y de la tierra representan apenas la punta del iceberg”, comentó Marina Comandulli, oficial de campaña de Global Witness a la agencia Mongabay. En el informe de la década pasada destacan que muchos ataques contra personas defensoras o comunidades que no se notifican, porque no cuentan con las condiciones necesarias para realizar las denuncias. “Estos ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas en contra de los defensores que están siendo atacados por el gobierno, las empresas y otros actores no estatales que ejercen violencia, intimidación, campañas de difamación y criminalización”.

Desde que Global Witness comenzó con estos informes en 2012, cuatro países han ocupado los primeros lugares a nivel global: Colombia, Brasil, Filipinas y México. Los tres primeros con más de la mitad de todos los asesinatos. En 2021, Nicaragua aparece en quinto lugar.

En ese período hubo al menos 12 asesinatos masivos,incluidos cuatro en México y tres en India. En Nicaragua, grupos criminales masacraron a 15 personas indígenas y defensoras del derecho a la tierra como parte de la violencia sistemática contra los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna.

En 2021, México pasó a ocupar el primer lugar a nivel mundial, con 54 asesinatos de este tipo. En 2020, Global Witness había registrado 30. En los últimos diez años, México se convirtió en uno de los lugares más peligrosos para las defensoras y defensores de la tierra y el medio ambiente, con 154 casos documentados por Global Witness durante este período. La mayoría de éstos (131) entre 2017 y 2021.

En América Latina se cometieron el 68 por ciento de estos asesinatos en la última década. Del total global 40 % ha sido contra pueblos originarios, pese a que los registros oficiales afirman que los pueblos indígenas son el 5% de la población mundial.

En Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía.

El informe señala que convergen varios factores para crear esta situación de violencia: los intereses de grandes empresas y compañías transnacionales, la presencia de crimen organizado y/o de grupos armados mercenarios y paramilitares, la corrupción gubernamental (local, estatal, federal) y la impunidad que se otorga a los criminales, al favorecer, permitir o ignorar la violencia. Un mecanismo paralelo a los asesinatos registrados en esas áreas, es la desaparición forzada.

Las industrias las que se relacionan la mayoría de estos crímenes son las mineras, hidroeléctricas y agroindustria, pero también los proyectos de megaplantaciones y deforestación, de energía, de explotación petrolera y otros recursos.

El informe destaca que en 2021 “cincuenta de las víctimas asesinadas eran campesinos, evidenciando cómo la implacable mercantilización y privatización de la tierra para la agricultura industrial pone cada vez más en riesgo a los agricultores de pequeña escala, al tiempo que las transacciones de tierras [legales o fraudulentas] ignoran los derechos de tenencia locales y comunitarios”. La agricultura campesina, de la que dependen directamente la mayoría de los pobres de las zonas rurales del mundo y que es un factor fundamental en las redes alimentarias de pequeña escala que alimentan al 70 por ciento de la población mundial, se ve amenazada por las plantaciones a gran escala, la ganadería industrial, la agricultura orientada a la exportación y la producción de mercancías en lugar de alimentos.

Global Witness no quiere dejar el informe en números, por lo que en cada informe publica los nombres de las víctimas. Además presentan de cerca varios casos. En el informe más reciente toman, entre otros, el caso de Ángel Miro Cartagena, un campesino en Antioquia, Colombia, que fue desaparecido en junio de 2021 y encontrado muerto en un río. Participaba en un programa de desarrollo dirigido a producir café de alta calidad. Sin embargo, en el territorio hay grupos que están intentando tomar el control de la tierra en la zona. Historias similares se repiten en muchas zonas de México, Colombia y otros países latinoamericanos.

No se trata de hechos aislados o solo intereses del crimen organizado. En realidad, es un despojo territorial coordinado formal o informalmente, donde la acción de grupos violentos vacía los territorios, lo cual da paso a las empresas, megaproyectos, etc. O las propias empresas y hasta gobiernos los contratan para abrir brecha en tierras codiciadas para algún proyecto, donde repetidamente hay comunidades que se oponen a esos proyectos. Existe una convergencia sistémica en la violencia que abre paso a las empresas y a megaproyectos tanto privados como de gobierno.

Las víctimas siguen siendo principalmente indígenas y campesinos: “los pueblos del ecosistema”, como se les ha llamado a quienes siguen viviendo con la tierra, la naturaleza y en culturas diversas que desafían al capitalismo y la mercantilización generalizada de la vida.