El jueves 10 de octubre en diversas zonas de Lima parecía que hubiéramos regresado a los tiempos de la encerrona por la pandemia: no caminaba ni un alma. Ni siquiera volaba un alma. La convocatoria al paro de transportistas informales fue un éxito. Acatado por miles y también por los buses formales que temían ser intervenidos por los huelguistas, las luchas de los trabajadores por llegar a un bus, microbús o camión para trasladarse a sus respectivos trabajos duró solo al amanecer. Después las calles vacías pertenecieron a unos cuantos gallinazos buscando carroña. Los colegios y las universidades pasaron a clases virtuales y los empleadores estatales y privados también.

El paro de transporte en la capital peruana fue la reacción de los empresarios y trabajadores frente a la altísima delincuencia que los extorsiona día a día, por diferentes montos, con amenazas concretas y que ha cobrado la vida de más de 100 personas en lo que va del año. Desde que hace 15 años en la región de La Libertad al norte del Perú se empadronara a los mototaxistas y otros transportistas con stickers de grupos de extorsionadores que competían entre sí, la economía informal (70% de la PEA) ha sido tremendamente golpeada por las bandas delincuenciales.

Los asesinatos, chantajes, secuestros han llegado a niveles altísimos: hace pocos días asesinaron a un chofer de combi por no pagar 2 dólares y ayer (14.10.24) asesinaron a un profesor frente a sus alumnos en un colegio de Ate, institución que venía siendo chantajeada ¡solo por enseñar! El Ministro de Educación llegó en la tarde y fue abucheado y botado por los padres de familia al grito ¡solo vienes para la foto!

Los empresarios del emporio comercial de Gamarra —una miniciudad popular de puestos de ventas de ropa, ferretería, mascotas y cuanto cabe— también cerraron sus puertas. La Asociación de Bodegueros del Perú se plegó a los reclamos, debido a que existen 200 mil negocios a punto de cerrar por la extorsión. Todos fueron al congreso de la república a exigir que se derogue la Ley 32.108 promulgada hace poco con el único objetivo de “blindar” a los congresistas perseguidos por la justicia que casi llegan al 70% del total. Los comerciantes y transportistas alegan que esta ley empeora la situación porque excluye a extorsionadores y sicarios de ser perseguidos como organizaciones criminales. Los congresistas recibieron a los dirigentes y, como tantas veces en este período, los “pasearon”.

El nivel de deterioro y parcialidad del Poder Ejecutivo no se hizo esperar: el premier Gustavo Adrianzén sacó a las calles a miles de policías y militares para “controlar” el paro de transportistas que solo reclaman por su vida. Hubo detenidos, criminalizados, golpeados y hasta una mujer atropellada por un patrullero. La indignación popular no se hizo esperar y diversas marchas se dirigieron desde Lima Este y Lima Norte al centro de la ciudad. La penosa presidenta del país, Dina Boluarte, ni siquiera salió a dar una explicación y sumó más días a los 500 sin dar entrevistas a la prensa.

Esa tarde, a pesar del silencio callejero, un grupo de mujeres organizamos un espacio de debate en serio frente a la situación de crisis sistémica que atravesamos. En el auditorio de la Derrama Magisterial, en el distrito de Jesús María, Mirtha Vásquez, ex premier de Pedro Castillo, Ruth Luque, actual congresista, así como Marisa Glave, Indira Huilca y yo que hemos sido congresistas en periodos anteriores, organizamos la primera de un ciclo de conferencias Diálogos Populares por una Democracia Verdadera. El objetivo es simple pero sumamente difícil: lograr unificar criterios y agendas de la sociedad organizada y de los partidos de izquierda y progresistas hacia las elecciones del 2026, en que competirán más de 40 partidos políticos por la presidencia del país.

En efecto, la diseminación de partidos políticos y la altísima polarización que supone, nos llevan al abismo si es que quienes defendemos la democracia y la soberanía popular, no nos articulamos en un Frente Único. El ejemplo de Colombia y el Pacto Histórico es un aliciente para poder repensar en alguna posibilidad de que los progresismos presentemos una propuesta coherente. El panorama que se esboza para el 2026 no solo es de terror por la ínfima calidad de los partidos —clubes de intereses oscuros— sino también por el viraje a la derecha radical y al autoritarismo que están dando los ciudadanos en América Latina. El Perú no es la excepción.

El objetivo de este primer encuentro fue que los partidos escuchen, de viva voz, a varios dirigentes de diversos gremios y grupos. No solo estuvieron representados los amenazados empresarios de Gamarra con Silvia Espinoza y los obreros de construcción civil, asesinados por los sindicatos mafiosos paralelos, con Luis Villanueva, sino también las víctimas de la represión brutal de Dina Boluarte en Julia en 2023 con Milagros Samillán, la hermana del médico asesinado cuando socorría a manifestantes heridos.

Los partidos presentes fueron Ahora Nación con su candidato presidencial, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau; Primero La Gente, con una de sus posibles candidatas, Susel Paredes; Nuevo Perú por el Buen Vivir, el partido de Verónika Mendoza, esta vez representado por su secretario general Enver León y Napoleón Becerra, el candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Una buena noticia es que confesaron en público que están conversando en privado, precisamente, con el objetivo de unirse y fortalecerse. Porque como siempre se ha cantado en esta parte del mundo, “el pueblo unido…”.