Por. Rosalba Rivera Zúñiga, Gestora de Casos de Infancia Migrante del IMUMI

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Foto tomada de la película La jaula de oro, de Diego Quemada

A propósito de la reciente conmemoración del Día Universal de la Niñez, el pasado 20 de noviembre, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y en la misma fecha, treinta años más tarde se dio la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño; los días 22, 23 y 24 de noviembre se realiza en la Ciudad de México el primer “Intercambio Regional sobre Infancia y Adolescencia Migrante, Retos para la prevención, atención y garantía de derechos”, en el cual diversas organizaciones, de Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos y México, analizan la situación de la niñez migrante y exploraran las vías para fortalecer y construir mecanismos transnacionales de protección a través de las fronteras en la región.

Convocado por el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Save the Children y la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, este encuentro busca reflexionar, a través de las experiencias de niñas y niños en comunidades de origen, tránsito, destino y retorno, cómo se pueden impulsar mecanismos, acciones organizadas y políticas públicas que favorezcan la protección de la niñez en contextos de movilidad humana.

Durante tres días se abordarán problemáticas cotidianas que enfrenta la población infantil en contextos de movilidad para buscar mejores condiciones de vida, tales como la violencia generalizada en los países del triángulo norte de Centroamérica, la falta de oportunidades, la desaparición forzada, la falta de acceso a la justicia, la detención migratoria, los procesos de deportación y retorno, la falta de programas para la integración comunitaria, así como las opciones de protección internacional existentes en países de la región, todo ello con la finalidad de identificar los retos y las alternativas para construir redes y mecanismos de protección transnacionales.

Derivado de los testimonios de las niñas y los niños participantes, se ratificó la necesidad de dejar de ver de manera aislada los fenómenos que derivan de la migración, toda vez que el recrudecimiento de la violencia, en sus diferentes expresiones, hace urgente el impulso de acciones concretas que deriven en mejores sociedades, donde la dignidad de las personas sea respetada más allá de la impunidad y la desigualdad estructural en nuestros países.

Al respecto, nuestro país ha realizado esfuerzos a partir de la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en diciembre del 2014 y su reglamento en el 2015. Esta Ley estableció un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) que coordina los mecanismos de atención a dicha población, realizando una evaluación sobre las mejores medidas que cada instancia de la administración pública y de los tres niveles de gobierno debe establecer para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana, así como para la restitución de sus derechos vulnerados.

En este sentido, un paso clave para nuestro país será la aprobación del dictamen de armonización, por parte de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con lo cual se beneficiará a la niñez de la región México-Centroamérica-Estados Unidos al brindar mayores garantías para la protección de sus derechos a nivel regional, independientemente de su estatus migratorio.

Esta armonización es relevante para niñas, niños y adolescentes que provienen de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones del mundo, ya que, entre otros avances, prohíbe la privación de la libertad en estaciones migratoria en México y obliga a las autoridades a proteger sus derechos, lo cual conlleva al cumplimiento de mecanismos de protección creados por la propia Ley, como es la operatividad de la Procuraduría Federal y las estatales en la decisión de medidas que antepongan el Interés Superior de la Niñez. Asimismo, se conmina a que prevalezca el principio de la no devolución, no rechazo en frontera y el derecho a la unidad familiar.

De lograrse esta armonización legislativa, que lleva tres años en el Senado, México avanzará de manera transcendental en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 y en la Alianza Global para poner fin a la Violencia contra la Niñez, así como de las diversas recomendaciones formuladas por parte del Comité de los Derechos del Niño, del Comité de Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En ese sentido, se habrá respetado la aspiración última del Día Universal de la Niñez que es recordar a los Estados su obligación para garantizar a todas las niñas y los niños, independientemente del país donde nacieron o su estatus migratorio, una vida digna y libre de violencia.