A principios de noviembre se dictaron dos sentencias judiciales relacionadas a las luchas contra soya y maíz transgénicos, que significaron un revés para Monsanto y otras corporaciones que presionan para plantar esos cultivos en México. Por las implicaciones que tienen los transgénicos y el significado perverso de estas corporaciones para la vida campesina, el ambiente, la salud y sobre nuestra capacidad de decidir qué comemos y quién lo decide, fue un momento para festejar. Más aún en el contexto de México, donde la violencia, la impunidad y la corrupción campean en muchos terrenos y el judicial no es la excepción. No obstante, es importante entender los claroscuros de estas decisiones porque vienen junto a nuevas trampas y ataques.

En el primer caso, un juez del Segundo Tribunal Unitario del Distrito Federal reafirmó la suspensión contra la siembra de maíz transgénico concedida en octubre 2013 a la demanda colectiva de 53 individuos y 20 organizaciones representadas por Colectivas AC y Semillas de Vida. La suspensión fue impugnada por Monsanto, pero fue reconfirmada, y se podría mantener hasta que se decida el fondo de la demanda, cuyos puntos centrales son el daño por contaminación transgénica de los maíces campesinos, los impactos a la agro-biodiversidad y el derecho humano a gozar de sus beneficios. La demanda ha soportado más de 100 impugnaciones por parte de las empresas y de las secretarías de agricultura y ambiente, incluyendo 22 juicios de amparo y resoluciones en 17 tribunales federales y una sala de la Suprema Corte. Monsanto anunció que volverá a impugnar la suspensión.

Es extraordinario que este colectivo haya podido mantener la suspensión por más de dos años. Al mismo tiempo, no alcanza con la lucha solamente legal y las demandas planteadas sólo tocan algunos aspectos de lo que significan el maíz para los pueblos mesoamericanos. Si no fuera por las muchas formas de manifestación contra la siembra de maíz transgénico, locales, rurales, urbanas, académicas, campesinas, de intelectuales, artistas, de movimientos y organizaciones sociales, protestas internacionales e inclusive cuestionamientos por parte de Naciones Unidas, seguramente los jueces que han intervenido se sentirían mucho más vulnerables. O como ya sucedió un par de veces, que jueces a favor de las empresas desecharon la demanda y la suspensión sin mayor discusión, pero fueron impugnados inmediatamente y no lo consiguieron.

Monsanto, Syngenta, Pioneer, Dow y otras corporaciones de agronegocios, acostumbradas a dominar el mercado con apoyo oficial, no dan crédito a que sigan sin poder plantar maíz transgénico en México. Por ello ahora han desatado una campaña pública a favor de los transgénicos y una peligrosa Alianza Pro-transgénicos que reúne a muchas de las más grandes empresas trasnacionales y mexicanas. Urge seguir fortaleciendo los trabajos de información y resistencia a todos los niveles, apoyar la defensa territorial, tal como plantea la Red en Defensa del Maíz, crear redes urbano-rurales que nos permitan salir cada vez más de los circuitos comerciales que dominan las corporaciones. Antes de la demanda, esas resistencias ya mantenían una “moratoria popular” que paralizó la siembra comercial debido a las protestas populares.

En el caso de la soya transgénica, la Suprema Corte decidió a favor de un amparo presentado desde 2012 por una coalición de organizaciones, campesinos y apicultores mayas de Campeche y Yucatán, suspendiendo el permiso que le entregó el gobierno a Monsanto para sembrar soya transgénica tolerante a glifosato en esos estados. El permiso total es por la brutalidad de 253,500 hectáreas para los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas. Los campesinos y apicultores mayas denuncian el daño del glifosato para salud y ambiente, que las fumigaciones matan las abejas, la contaminación de miel con polen transgénico que les impide comercializar y que las siembras han provocado enorme deforestación. La apicultura es sustento de 25,000 familias campesinas en la península de Yucatán.

El colectivo debió sortear impugnaciones, intimidaciones y amenazas de las empresas, incluso a través de funcionarios gubernamentales. Por ejemplo, les acusaron de no ser comunidades indígenas y que los campesinos tendrían que pagar las pérdidas económicas de las empresas. El amparo se basó en la exigencia de aplicar el principio de precaución, en los daños al ambiente y entorno de las familias campesinas y en que se violó el derecho a consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas según el convenio 169 de la OIT.

La primera sala de la Suprema Corte decidió finalmente a favor del amparo, pero solamente por la falta de consulta. Jorge Fernández Mendiburu, abogado de la coalición, expresó los nuevos riesgos: si duda es importante y positivo que Monsanto tenga que suspender la siembra, pero al haber restringido la Corte la sentencia a la consulta, se pretende dejar fuera de la discusión los aspectos de fondo. Las consultas, que serán organizadas por las autoridades, se prestan a manipulaciones y presiones para dividir las comunidades. Fernández recordó que en las luchas de la tribu Yaqui contra el viaducto Independencia y de las comunidades zapotecas en Juchitán contra los parques eólicos, las consultas fueron manipuladas o sus resultados ignorados. No es lo mismo “consulta”, que no implica que las autoridades tengan que tomar en cuenta la voluntad de la comunidad, que el derecho a dar o negar “consentimiento libre, previo e informado”. Aún así, el riesgo es que se tome como un trámite cumplido y no se respeten las demandas de los afectados, incluso criminalizándolos, como sucedió con los yaquis y zapotecos. Como rescata también Fernández, lo más importante es afirmar todo el tiempo los procesos colectivos y desde abajo, que son y van mucho más allá que eventuales procesos legales.