México, DF. En Guerrero “hay una línea estatal de asesinatos de dirigentes sociales, criminalización de la protesta y contención del movimiento social”, sostiene el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, en el mismo momento en que los familiares y el ejército buscan a 58 estudiantes desaparecidos luego del ataque armado de policías municipales de Iguala y personas vestidas de civil contra normalistas.

El Estado busca “generar terror en los estudiantes, sus padres y la sociedad”, valora el abogado de los normalistas Alejandro Ramos, al hablar sobre el ataque del 26 de septiembre que dejó, hasta ahora, un saldo de tres estudiantes y tres personas más muertas, un joven en estado vegetativo, 58 desaparecidos y más de 25 heridos. Uno de los asesinados fue desollado, informaron diversos medios de comunicación. Los normalistas informaron que tienen indicios de que algunos se encuentran retenidos en el cuartel del 27 Batallón de Infantería.

“Estamos viviendo una descomposición de las instituciones en varias regiones de Guerrero”, sostiene el director de Tlachinollan. Ambos defensores insisten en que la impunidad ayuda a que se den estos ataques, y señalan que las autoridades responden a otro tipo de intereses, distintos a la función de proteger a la ciudadanía. También  resaltan el dominio de los grupos criminales en el estado.  “No hay condiciones para el derecho a la protesta”, agrega Barrera, quien señala que para contenerla, se recurre a la fuerza letal.

“Todos nos preguntamos quién tiene tanta fuerza criminal al interior de Iguala” para mantener a 55 estudiantes desaparecidos a pesar de que el ejército participa en su búsqueda, interroga el abogado Ramos. Es “inconcebible” que a tres días de la desaparición forzada de los jóvenes, con los números de patrullas que se los llevaron y con más de 20 policías participantes detenidos, no se les haya encontrado aún ni haya indicios de su paradero, se indigna el antropólogo Abel Barrera. El gobierno “no muestra aquí la fuerza que despliega cuando reprime a maestros y estudiantes”, remata.

El ataque a los estudiantes comenzó mientras se dirigían en autobuses a hacer una recolección de fondos con motivo del 2 de octubre, actividad que los gobiernos ven como criminal, sostiene Barrera.

En un Guerrero lleno de impunidad en los ataques contra defensores sociales, sostiene el abogado Ramos, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa son incómodos para el gobierno, pues son profesionales críticos capaces de ayudar a las comunidades y son fuertes opositores a las reformas, especialmente la educativa.

Los normalistas son jóvenes pobres, hijos de campesinos indígenas que “cada año luchan a brazo partido por sostener una educación que responda a las necesidades de la sociedad”, por lo que amenazan “la paz de los de arriba” y son criminalizados y agredidos por el Estado, sostiene Abel Barrera.

“Vemos un patrón de agresión sistemática contra los estudiantes”, afirma Alejandro Ramos, quien sostiene que la finalidad de las autoridades con estos ataques es desaparecer a la Normal. Recuerda la ejecución extrajudicial de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011, en la que participaron autoridades estatales y federales. Además, informa, el 17 de enero de 2014 fueron arrollados y muertos dos estudiantes más, y 5 quedaron lesionados. “El gobierno estatal constantemente criminaliza a los estudiantes, los acusa de generar inestabilidad”, agrega. “Para las autoridades federales, la Normal es un foco rojo”, agrega el director de Tlachinollan.

Hasta el momento, indica el abogado defensor de los estudiantes, la participación de autoridades en el ataque –en el que fue torturado y desollado uno de los estudiantes muertos- es a nivel municipal; pero “no hay que olvidar que el presidente municipal (José Luis Abarca Velázquez) fue reconocido por un testigo sobreviviente como participante en el asesinato del luchador social Arturo Hernández Cardona y de otras dos personas”, informa el letrado. Sin embargo, “hay cadenas de mando”, resalta Abel Barrera.

 “Es un escenario atroz”, califica el antropóloga Barrera. “No hay una depuración de las corporaciones policiacas, que están infiltradas por el crimen organizado”. Agrega que las corporaciones policiacas tienen una agenda oculta, que responde a los poderes fácticos que dominan Guerrero.

Guerrero vive en la ingobernabilidad y lleno de inseguridad, finaliza Ramos, lo que solamente terminará si la ciudadanía se organiza y exige a las autoridades hacer su trabajo.