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El próximo 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas y este año cobra mayor relevancia pues estamos en medio de un proceso regional para evaluar y diseñar las directrices que los Estados deberán implementar para proteger a las personas con necesidades de protección internacional en los próximo 10 años, la Declaración de Cartagena +40.

En el mundo, cada vez más se hace visible la necesidad de protección de las mujeres. En México, 4 de cada 10 solicitudes de asilo que recibe la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) son de mujeres, desde hace por lo menos una década, aunque existe pequeños cambios por año, por ejemplo en 2023 constituyeron el 45% de las solicitudes.

Pero, qué es la Declaración de Cartagena y por qué es importante. Adopatada en 1980, la Declaración es un acuerdo de América Latina y el Caribe enfocado en la protección de las personas que huyen de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Su objetivo es ampliar los criterios por los cuales las personas deben ser reconocidas como refugiadas.

Desde su adopción, cada diez años se conmemora su puesta en marcha y se busca reflexionar sobre el contexto actual de la región, a través de una hoja de ruta decenal conocida como Plan Regional de Acción y una Declaración Política. Durante este proceso regional se consensúan soluciones jurídicas y humanitarias para hacer frente a los retos existentes, por ejemplo, protección internacional para mujeres y personas de la diversidad sexual.

En diciembre de 2023, durante el Foro Mundial de Personas Refugiadas celebrado en Ginebra se anunció que Chile asumiría el liderazgo del proceso Cartagena +40, y estaría acompañado por el ACNUR. El proceso estaría compuesto por tres consultas con ejes temáticos específicos: en México se desarrolló la consulta sobre personas en situación de movilidad humana y apátridas; en Brasil la relacionada con propuestas integrales para soluciones solidarias; y en Colombia se desarrollará la consulta sobre desplazamientos forzados por desastres. Pero aún no logramos que el análisis de género sea transversal.

En las Américas se observa un crecimiento exponencial del número de mujeres que, junto con sus familias, buscan asilo para salvaguardar su seguridad física y emocional, pues enfrentan situaciones de persecución, violencia de género, violencia criminal, efectos adversos del cambio climático, entre otros. Las condiciones de salida de estas mujeres, así como las políticas dirigidas a contener a esta población deben ser un punto de partida para reflexionar sobre posibles vías para robustecer y ampliar la protección internacional de las mujeres y las niñas. Hoy, de cara a los diferentes procesos de Cartagena +40 es importante reconocer las necesidades diferenciadas que tienen las mujeres, las niñas y las adolescentes con necesidades de protección internacional para que en el Plan de Acción y su Declaración estén integradas de manera transversal y no dejar a la atención que cada Estado quiera darle al tema.

Aunque los retos son amplios, valdría la pena comenzar por adoptar un enfoque de protección interseccional que permita prevenir y erradicar la violencia basada en género y la trata de personas en países de origen, tránsito y destino; mejorar los mecanismos de protección existentes y eficientar los procesos, por ejemplo, la legislación mexicana prevé que las personas víctimas de delito puedan obtener una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, sin embargo, las autoridades que imparten justicia no tienen un enfoque de movilidad y género, en consecuencia, son las primeras en obstaculizar que las mujeres en contextos de movilidad denuncien.

Aplicar la Declaración de Cartagena a los casos de poblaciones históricamente discriminadas como las mujeres, de la diversidad sexual y afrodescendientes; así como interpretar de forma amplia la Declaración que permita proteger y reconocer a las mujeres que huyen de sus países por efectos adversos al cambio climático.

Sobre la reunificación familiar y naturalización de mujeres reconocidas como refugiadas como soluciones duraderas. La reunificación familiar exige que las mujeres puedan acreditar el vínculo familiar con quienes se encuentran en países de origen, así como solvencia económica, esta última es difícil de acreditar cuando las mujeres refugiadas no logran acceder a un proceso de integración adecuado que les permita un empleo formal, digno y bien remunerado.

Es responsabilidad del Estado mexicano retomar los esfuerzos derivados del proceso de Cartagena +40 con perspectiva de género, no hacerlo profundizará las desigualdades sociales que viven las mujeres con necesidad de protección internacional.

En medio de este proceso regional, veamos si se logra que los Estados se pongan los lentes del género.

*Abogada de asilo, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)