El 3 de marzo de 2016 es una fecha que quedará grabada en la memoria y la vida de cientos de defensoras y defensores de derechos humanos en América Latina.

El asesinato de la defensora Berta Cáceres, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) cimbra a la comunidad internacional y al mismo tiempo, visibiliza la labor que en muchas partes del mundo, las comunidades indígenas hacen en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, ante el modelo de “desarrollo” que atenta contra la naturaleza y la vida humana.

En esta lucha, la participación de mujeres como Berta es fundamental para preservar y exigir los derechos de los pueblos indígenas en un contexto de avasallamiento de megaproyectos que atentan contra la cultura y cosmovisión de los pueblos, impactando su organización social, económica, política y cultural, a través de la alteración de su territorio, rituales ancestrales, lugares sagrados, prácticas espirituales y muchos más impactos.

Los megaproyectos en territorios indígenas impactan de manera particular la vida de las mujeres, principalmente su autonomía física, autonomía en la toma de decisiones y su autonomía económica. La implementación de proyectos hidroeléctricos o mineros violentan su cuerpo; afectan su salud y la de su familia, como consecuencia del daño ambiental provocado; contaminan y alteran su alimentación; generan dependencia económica a causa del despojo de sus medios de subsistencia, entre otros.

La destrucción, depredación y explotación de los recursos naturales del pueblo Lenca forjó desde hace más de veinte años la lucha del COPINH, quienes sabiamente han defendido sus recursos naturales y cultura, de empresas madereras, mineras e hidroeléctricas ante el aumento de proyectos de la industria extractiva en la región Mesoamericana.

Una de sus acciones principales contra la lógica capitalista que mercantiliza los bienes comunes de la naturaleza, es la oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco. Coordinados por Berta Cáceres, el COPINH frenó temporalmente la construcción de la represa, logrando que salieran del proyecto el Banco Mundial y la trasnacional estatal china Synohidro, la empresa más grande del mundo en construcción de represas.

Como respuesta de las autoridades y empresas, Berta fue acusada por la Procuraduría Pública y el Ministerio Público de “posesión ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras” y de “usurpación, coacción y daños continuados” por la empresa concesionaria Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), quienes acusaban a la defensora y a Aureliano Molina y Tomás Gómez integrantes del COPINH, de `la perdida de más de tres millones de dólares durante tres meses, como lo relató la propia Berta a las periodistas que conformaron el Observatorio de Derechos Humanos y Resistencias en noviembre de 2013[1].

En reiteradas ocasiones Berta fue objeto de agresiones entre las que destacaban el intento de deslegitimizar su labor, cuestionamiento de su liderazgo como mujer indígena, campañas de difamación y desprestigio impulsadas por empresas trasnacionales y autoridades estatales, hostigamiento sexual, y amenazas de atentar contra su vida y las de sus hijas e hijo, lo que les obligó a salir de Honduras para salvaguardar su vida, una difícil decisión que evidencia el cuidado amoroso como madre y su compromiso en la defensa de derechos humanos.

Las agresiones y el asesinato contra Berta y su organización, se unen a una serie de agresiones contra defensoras de derechos humanos en la región mesoamericana vinculadas a su labor, entre 2012 y 2014 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) registró un total de 1,688 agresiones a mujeres defensoras en El Salvador, Guatemala, Honduras y México; de las cuales 414 corresponden a 2012, 512 a 2013 y 762 a 2014. Esto significa, que respecto al 2012 se incrementó casi el doble de agresiones registradas (45,7%). En Honduras de 2012 a 2014 se documentaron 318 agresiones contra defensoras.

En toda la región ha venido aumentando la implantación de proyectos mineros y otros megaproyectos que en su mayoría se han impuesto sin garantizar el derechos a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones afectadas como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Según el Informe “Agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica[2]” de 2012 a 2014, el 51% de las defensoras agredidas fueron quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas.

Asimismo de 2013 a la fecha en Honduras han sido asesinadas las defensoras: María Enriqueta Matute; Mireya Mendoza; Margarita Murillo; Alma Janeth Díaz Ortega, a quienes se suma el asesinato de la defensora Berta Caceres.

Usando la fuerza pública, las autoridades agreden a las defensoras y son omisas evitando garantizar la protección, vida e integridad física de quienes defienden los derechos humanos.

Contrario a ello, las investigaciones como en el caso del asesinato de Berta buscan obstaculizar la verdad, vinculando este atentado con “crímenes pasionales” sin que la línea de investigación principal sea su labor en defensa de los derechos humanos, privilegiando la protección de los intereses económicos y políticos. Ante ello, prevalece la impunidad en los casos, lo que contribuye a la normalización de la violencia y el aumento de agresiones contra las defensoras y sus organizaciones, como queda evidenciado en el asesinato de Nelson García, integrante del COPINH 12 días después del asesinato de Berta.

A esto se suma la omisión de las autoridades y la negligencia para respaldar y fortalecer la defensa de los derechos humanos y la omisión de las autoridades del Gobierno de Honduras y del Gobierno de México frente a la situación del defensor mexicano Gustavo Castro, Coordinador de la organización Otros Mundos e integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) testigo presencial del asesinato de la defensora.

La resistencia popular y la lucha de mujeres como Berta Cáceres responde no sólo a ideales sino a derechos, a transgredir el modelo económico capitalista y neoliberal, que con una lógica racista, extractivista y depredadora atenta contra los derechos y territorio de los pueblos. El legado y labor de mujeres como Berta nos invita a refrendar nuestro compromiso con la lucha feminista en defensa de los derechos humanos.

Las mujeres damos la vida, la procuramos y la cuidamos; luchamos y seguiremos luchando en memoria de Berta Caceres, acompañando a las mujeres en Mesoamérica que con entereza luchan contra la represión patriarcal y ejercen la emancipación de las mujeres y los pueblos.

[1] “La defensa del medio ambiente es antipatriarcal”, Florencia Goldsman, Pikara Magazine, disponible en: http://www.pikaramagazine.com/2014/01/la-defensa-del-medio-ambiente-es-antipatriarcal/#sthash.9reFVtvM.zo3bNBfV.dpuf

[2] Informe IM-Defensoras ““Agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica” disponible en: https://es.scribd.com/doc/283951300/Informe-2012-2014-de-Agresiones-contra-Defensoras-de-DDHH-en-Mesoamerica