México, Distrito Federal. En Ayotzinapa, Guerrero, hay “mucho dolor”, resume una madre de familia que, con la voz quebrada, pide hablar de forma anónima. “Hay mucha tristeza y coraje”, coincide Raymundo Díaz Taboada, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI). Son ya casi cuatro días en que no se sabe del paradero de 44 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, después de los tres ataques armados que sufrieron a manos de policías municipales y comandos armados, entre la noche del 26 de septiembre y los primeros minutos del 27 en Iguala.

La situación hoy es de alto riesgo para los normalistas, “especialmente para los desaparecidos”, puntualiza Díaz Taboada. Ni siquiera pueden estar en Iguala los defensores de derechos humanos; fueron escoltados por la policía estatal, junto a los jóvenes y padres de familia, con rumbo a la escuela Normal, pues se temen represalias de quien haya sido el responsable también del asesinato de seis civiles (tres estudiantes entre ellos) y las heridas a 25 más. “La sociedad está paralizada por el terror, y son los estudiantes, sus familias y las organizaciones más combativas, como los profesores, quienes hacen frente a la situación. Los otros sólo hacen pronunciamientos de apoyo”, señala.

“Ayúdenos a encontrar a nuestros jóvenes”, clama la madre de familia. “Acá no hay ninguna respuesta de las autoridades; los muchachos fueron a buscarlos al congreso, y no encontraron a nadie. Por eso fue su enojo”, explica, para referirse a los vidrios quebrados que resultaron por las pedradas de los estudiantes, indignados porque al finalizar su marcha de ayer encontraron la sede legislativa vacía y nadie los quiso atender.

El integrante del CCTI no duda: se trata de un caso de desaparición forzada, pues hay testigos de que, al menos en el primer ataque, policías municipales se llevaron a un número indeterminado de estudiantes (entre 15 y 25) en patrullas. Después de eso, todas las autoridades (municipal, ministerial, ejército) con presencia en Iguala niegan saber su paradero o haberlos visto, a pesar de que durante horas, las redes sociales reportaron los tiroteos. El también médico reconoce que no conoce un caso igual, por sus dimensiones.

“Esto no se le desea a ningún padre”, señala la madre de familia, que estuvo un día entero sin tener noticias de su hijo, hasta que los normalistas pudieron regresar de Iguala. “Todos son nuestro hijos, y queremos que nos los devuelvan ya, que nos digan dónde están. Como estén, pero los queremos ya”, reclama. Como cereza del pastel, el gobernador Ángel Aguirre suspendió ayer el financiamiento a la Normal, por lo que los estudiantes ya no tienen alimentos, informa la mujer, que se prepara para llevar “aunque sea unos huevitos” a los muchachos.

El trato que la policía municipal le dispensó a los jóvenes normalistas –la mayoría, hijos de campesinos pobres- es de integrantes de un  cártel rival, expuso el analista Luis Hernández Navarro en La Jornada. Y es arriesgado atar cabos para ver quién es el responsable y quién en la región tiene poder para ordenar una matanza de este nivel, “con tanta saña”, y mantener desaparecidos a los muchachos en una ciudad que es totalmente plana, reconoce Raymundo Díaz, defensor de derechos humanos. Sin embargo, da elementos: señala que es un punto caliente de tráfico de drogas, con presencia de al menos nueve cárteles, lleno de fosas clandestinas y, además, puerta de acceso a la codiciada Tierra Caliente. Pudo ser un mensaje a las organizaciones sociales, aventura: “esto les va a pasar si se meten a nuestro territorio”.  Raymundo Díaz apunta un elemento: no se puede hablar de delincuencia organizada sin incluir la protección de autoridades.

La madre de familia agrega un elemento: ayer, cuando los muchachos quisieron ingresar a Iguala, no pudieron pues el camino fue bloqueado por camiones atravesados. Como en los bloqueos hechos por los cárteles en el norte de México. “Si el gobierno dice que los está buscando, ¿por qué permite que pase esto?”, reclama.

“Todo esto puede ser también parte de un plan del Estado, de desestabilizar para generar represión contra las luchas sociales”, arriesga Díaz Taboada. “Para mí, el responsable es el gobernador (Ángel Aguirre)”, sostiene la mujer. “Él dio órdenes de disparar a nuestro hijos. La policía municipal no se manda sola, tuvo órdenes superiores”, insiste.

Las declaraciones de los políticos, lamenta el defensor de derechos humanos, no van en el sentido de realizar una investigación a fondo, realizar un juicio a los responsables y dar con el paradero de los jóvenes víctimas de desaparición forzada, sino de evaluar repercusiones políticas: si se apoya o no al alcalde, José Luis Abarca (ampliamente señalado en la región por tener vínculos con el crimen organizado); que quién va a renunciar o si habrá espaldarazo para tal o cual funcionario.

Raymundo Díaz señala que no saben bien cómo es la búsqueda que implementaron las autoridades, pero insiste: a más de 72 horas, no hay un solo resultado todavía. Y los normalistas sobrevivientes siguen sumidos en el enojo y la tristeza, pues “imagínate lo que es ver a tus compañeros muertos y heridos, y que no haya respuesta de las autoridades; les dijeron que las ambulancias tenían orden de no salir. Ya son tres generaciones de Ayotzinapa que son violentadas”, agrega. Y finaliza: “Hay algo con lo que no nos hemos dado abasto los defensores de derechos humanos, y es hablar de las otras víctimas civiles,  asesinadas en esta noche de terror municipal y omisión estatal”, finaliza.

“Ayúdenos a encontrarlos”, repite la madre de familia. “Esto es desesperante. Ellos no son delincuentes, son jóvenes que luchan, respetuosos, y que se ganan cada pedazo de pan que se llevan a la boca. El gobierno sabe dónde están”.