En 1993, un grupo de madres denunció que en Ciudad Juárez las mujeres como sus hijas (jóvenes obreras delgadas de pelo largo) desaparecían antes de ser asesinadas y sus cuerpos eran abandonados en remanentes agrícolas que la ciudad iba incorporando, como el campo algodonero. La sociedad mexicana se horrorizó y de ambos lados de la frontera se organizaron manifestaciones que llevaron a estudios importantes sobre el significado de la violencia contra las mujeres como mensaje a la sociedad entera. ¿Qué estaba fraguándose en el norte de Chihuahua?

Casi treinta años después, México entero conoce la violencia de la desaparición de niñas y mujeres, los feminicidios, los asesinatos masivos y la búsqueda de control territorial de narcotraficantes, traficantes de personas, paramilitares en las zonas indígenas, agentes de mineras y de compañías que impulsan megaproyectos de desarrollo, cuando no de policías municipales y estatales. Un capitalismo delincuencial, en términos ecológicos y anticomunitarios, utiliza el terror para lograr el sometimiento de la población mexicana, buscando romper sus relaciones sociales. Paso a paso, delito dejado en la impunidad tras otro, mujer cuya vida no es defendida tras otra, defensor de derechos humanos o ambientales abandonado a su suerte, estudiante, comerciante, electricista desaparecido después de avisar que se detendría en un retén, por 20 años la sociedad mexicana fue perdiendo seguridad, territorio, libertad de movimiento, proyecto. 

En estos días, después de que el presidente Biden reconoció el genocidio armenio por parte del ejército turco hace más de un siglo, la palabra genocidio ha vuelto a resonar en la conciencia de muchos: la persecución de un grupo de personas desde lo legal y económico hasta la muerte, a través de quitarles territorio, derechos, cultura, vida. ¿En México es posible hablar de genocidio de mujeres, de campesinas/os, de migrantes, de empresarios locales, de trabajadores? ¿Con qué fin, tolerado hasta cuándo?

Leyendo a Daniel Feiestern, Nuevos estudios sobre genocidio (Heredad, México, 2020), resulta que las características de un genocida es que goza de una profunda asimetría con la población que ataca, secuestra, amedrenta con fin de aniquilamiento. Es incapaz de combatir o dialogar porque no reconoce en su víctima a un igual. Se trata del policía o el narcotraficante que asusta, acorrala, asalta una población que se apresta para ir a trabajar, que viaja o, como en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que no se espera un secuestro. El genocidio nunca se declara, las acciones de terror van in crescendo con el fin de que la población vaya perdiendo su capacidad de respuesta.

Cuando los niños de Guerrero responden con un fusil a los matones que van a despojarlos de su rancho, el genocida se quiebra, su patota entra en desbandada. Como cuando las mujeres responden a acosadores y violadores defendiéndose entre sí. O cuando las madres enfrentan a las instituciones de gobierno y se organizan para ir a buscar sus hijo/as desaparecidos con cualquier instrumento y una inquebrantable voluntad. En la actualidad hay 70 grupos de búsqueda de familiares en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, más una gran cantidad de organizaciones espontáneas como Las Buscadoras del Fuerte quienes, en territorios hostiles como Sinaloa (y Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, etc.), gracias al apoyo de la población que las dirige hace los hallazgos de osamenta, rastrean fosas clandestinas para buscar a sus muertos.

Según Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, en “Reconquistando” La Laguna. Los Zetas, el Estado y la sociedad organizada, 2007-2014, es posible revertir la violencia cuando las asociaciones civiles logran que sus reclamos sean atendidos por las instituciones y los medios les son afines. El caso reportado es el de Coahuila donde, según los dos investigadores académicos, los gobernantes estuvieron dispuestos a enfrentar, escuchar y hacerse cargo de los reclamos de los familiares organizados en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila FUNDEC y Víctima por sus Derechos en Acción VIDA, y actuaron concediendo “mucha atención a recuperar el control sobre las corporaciones policíacas”. Como parte de este esfuerzo, Dayán y Aguayo mencionan las pruebas de control de confianza, el nombramiento por parte de la policía estatal de los directores de las policías municipales (fáciles aliados o víctimas, como hoy día en Guanajuato) y la creación de la policía de élite.

Así “el gobierno de Rubén Moreira atacó a la organización criminal reduciendo sus ingresos y erosionando sus bases sociales y culturales”. Erradicó las maquinitas tragamonedas; evitó la venta ilegal de alcohol; clausuró casinos y table dances, peleas de gallos y carreras de caballos; instaló bloqueadores de celulares en los Ceresos; combatió la venta ilegal de gasolina; y exigió que todos los vehículos trajeran placas.

¿Será replicable el modelo? ¿Qué elementos de la lucha a los Zetas son aplicables a otros grupos delincuenciales? Y, sobre todo, ¿cómo establecer el diálogo región por región entre víctimas y autoridades?