“Los pueblos sabremos hacer justicia”, dijo Berta y hoy, 28 de mayo del 2021, por primera vez en la historia de Honduras una persona con un apellido tan prominente como lo es Atala, es encarada en un juicio, por la autoría intelectual del asesinato de Berta Cáceres Flores: mujer indígena y feminista.

Aunque fue eximido por el tribunal bajo el argumento de que estaba siendo investigado y por lo tanto no podía testificar en su contra, este hecho queda en la memoria del pueblo Lenca y del pueblo de Honduras.

Este proceso de exigencia de justicia se inicia en el año 2016 como respuesta al asesinato de Berta Cáceres Flores. Proceso que ha sido impulsado y acompañado por muchísimas organizaciones en el país e internacionalmente.

En esta fase de lucha por la justicia se está llevando a cabo el juicio a Roberto David Castillo Mejía, quien fue gerente de la empresa DESA, impulsora del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, así como representante de los banqueros y empresario Atala Zablah.

David Castillo es un empresario con una formación militar, altamente calificada, en la escuela West Point en Estados Unidos donde se especializó en inteligencia militar. Estudios que le permitieron utilizar elaboradas estrategias de control y de vigilancia hacia Berta y el COPINH.

Hace algunos meses la familia Atala ofreció cuatro millones de lempiras como fianza para que Castillo se defendiera en libertad, propuesta que fue denegada por el tribunal que conoce la causa.

El juicio tiene la intención política de mostrar la enorme legitimidad del pueblo Lenca y del COPINH (Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) que exigen que quienes organizaron y financiaron el asesinato de Berta sean nombrados y castigados, aun cuando éste sea realizado bajo un sistema judicial que pertenece a un Estado extractivista, golpista y asesino.

Muchas de las que fuimos y somos amigas y compañeras de lucha de Berta, conocimos la vigilancia sistemática, el acecho personal que vivía, la hostilidad contra su cuerpo, su sexualidad y sus propuestas políticas, a tal grado que ella misma señaló que la empresa la iba a matar. Muchas feministas hondureñas señalaron, desde el primer momento, que el asesinato de Berta era un feminicidio, ya que al ser una mujer indígena, con un pensamiento y práctica anti racista y antipatriarcal, con una voz poderosa en los espacios políticos del país así como en espacios internacionales, la puso en la mira.

Desde el comienzo de esta nueva etapa del juicio, afuera de la corte en Tegucigalpa, se instaló el campamento feminista “Viva Berta”, organizado por el COPINH, la OFRANEH y la Red de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de Honduras; el campamento ha puesto el juicio en la calle y constituye un ejercicio de justicia popular feminista a la altura del pensamiento de Berta y sus luchas.

Siete hombres vinculados a la ejecución del crimen de Berta están en prisión.

Los nombres de David Castillo y la familia Atala como autores intelectuales han sido revelados ante la opinión pública.

Gracias a la lucha tenaz de la comunidad de Río Blanco, COPINH y de Berta la empresa china Synohidro se retiró del proyecto, así como mucho de los bancos europeos que lo financiaban.

La lucha de los pueblos retumba en los palacios de “justicia”, camina por sus tierras y navega por sus aguas.