Tapachula, Chiapas, México. En la frontera sur de México los migrantes sufren las consecuencias de una ley no escrita que involucra autoridades locales y federales, delincuencia organizada y hasta el ciudadano «de a pie» que encuentra en los ciudadanos migrantes fuente de todo tipo de provecho.
No hay números, no hay estadísticas. No es posible saber cuántos seres humanos cruzan esta frontera, y el número de migrantes que mueren todos los días es un dato que quizás nadie nunca sabrá. Por un lado, los datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) no alcanzan a interceptar a todas las personas que de aquí transitan rumbo a los Estados Unidos (EU). Por el otro, aquí el territorio está dividido por una frontera pero pocos asumen la diferencia y la diversidad que esa línea implicaría. Aquí todos pasan, de un lado a otro y viceversa: por sólo 2 dólares, la balsa cruza el río Suchiate y nadie – ni las autoridades mexicanas que vigilan desde el puente – te pide los papeles.
“Quiero ir a Estados Unidos”
Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC) que opera desde 1997 en la ciudad del sur de Chiapas, afirma que Tapachula ya no es el centro de concentración de migrantes que era antes. El paso del huracán Stan en 2005 arrastró las vías del tren que iban de Tapachula hasta el norte del estado, a la ciudad de Arriaga, y esto “descentralizó los flujos migratorios a otras zonas”. A pesar de lo anterior, por aquí siguen pasando cientos de personas todos los días.
En la Casa del Migrante en Tapachula, perteneciente a la Red Casa del Migrante Scalabrini, se hospedan decenas de migrantes que aquí encuentran un techo y un cobijo en su viaje hacia el norte. Reunidos en la calle frente a las instalaciones del albergue, hondureños y salvadoreños sobre todo, esperan seguir en su ruta, que alguien pase por ellos y los contrate para algún trabajo temporal o, simplemente, descansan pensando en el futuro.