México, Distrito Federal. «Nosotros somos reemplazables; las cabezas de la resistencia están en la autoridad tradicional», sentencia Tomás Rojo, el vocero de la tribu yaqui que sigue libre, aunque pesa una orden de aprehensión en su contra. Mario Luna y Fernando Jiménez, otros dos rostros conocidos de la lucha contra el Acueducto Independencia, detenidos en septiembre, están presos en penales distintos. Pero esto no aterroriza a la tribu, que sigue en su demanda de la cancelación y demolición de la megaobra y prepara acciones de protesta, señala.

El gobierno estatal de Sonora está «legalmente derrotado», y presiona al gobierno federal para que se considere al Acueducto Independencia, obra que comenzó en 2010, como algo consumado, explica. «Pero la tribu está consciente del golpe que nos quieren dar, y por eso resiste». El también ingeniero señala que si los yaquis no han desaparecido en 2 mil 500 años de existencia, en los 500 años de invasión española, ni en el periodo de guerra de exterminio en su contra (de 1803 a 1927), tampoco lo logrará un gobierno estatal en seis años.

Rojo llama a que las organizaciones, «según sus posibilidades», se sumen a la jornada de acción convocada para el 10 de octubre. Indica que el gobernador panista, Guillermo Padrés Elías, promotor del acueducto, que se llevará agua del río Yaqui para las industrias de Hermosillo, Sonora-, es un «rebelde total ante la ley», pues a pesar de que los yoremes y los grandes productores del valle del Yaqui han ganado todos los recursos legales interpuestos contra la obra, además de que hay un punto de acuerdo del Senado para llamarlo a respetar la legalidad y detener la represión, éste optó por perseguir a los líderes de la resistencia y lanzar una campaña de difamación en los medios.

Los yaquis, lejos de desmovilizarse por la aprehensión de sus voceros –“hecha bajo detención arbitraria y violando todo debido proceso”, insiste Rojo-, continúan con el bloqueo intermitente de la carretera federal 15, a la altura de Vicam, cabecera de los ocho pueblos tradicionales y epicentro de la resistencia al acueducto. Además, 50 de ellos se lanzaron a la ciudad de México en caravana para buscar apoyos. Ya lograron el compromiso de algunos diputados de lanzar un punto de acuerdo para exigir al gobernador que acate la ley y libere a Luna y Jiménez, además de cancelar las órdenes de aprehensión existentes. Y participaron en la marcha del 2 de octubre en un hecho que Tomás Rojo califica de inédito, por toda la carga simbólica de la fecha.

Para la jornada de solidaridad, Rojo anuncia que ya trabajan con la Red contra la Represión y con organizaciones indígenas para que sea una manifestación de dimensión nacional e internacional.