Seis meses después del asesinato de Berta Cáceres, lejos de olvidarse, crece el clamor por justicia en su caso y por continuar su trabajo en la organización local, regional e internacional en defensa de la tierra y el territorio.

El trabajo de Berta se centraba en la defensa del Río Gualcarque contra el proyecto Agua Zarca de construcción de una planta hidroeléctrica en territorio lenca. Más allá de este tema central, fue una labor que combinaba la resistencia con imaginar y construir alternativas. Fue una brega constante también de articulación de luchas y aspiraciones en Honduras, Mesoamérica y todo el mundo.

Ahora que conmemoramos a Berta —ambientalista, feminista y defensora de derechos humanos— hay que subrayar su carácter internacionalista. Ella puso mucho énfasis en esta parte de su trabajo organizativo desde el inicio. Desde La Esperanza, Honduras, se construían redes entre personas de toda América. A través de estas redes nos conocimos y fuimos tejiendo un análisis continental que abarcaba las muchas realidades de cada grupo, pero que reconocía las amenazas comunes. Las políticas impulsadas desde los Estados Unidos, entre ellas la militarización bajo la Iniciativa Mérida y su versión Centroamérica y el Plan Colombia, las leyes anti-terroristas estilo Ley Patriota que se imponen contra el derecho a la protesta, y los tratados de libre comercio, estaban en el centro de este análisis global.

En el asesinato de Berta, encontramos aristas del sistema internacional que enfrentaba la defensora. Luchaba contra el proyecto Agua Zarca, que comprende la construcción de 17 represas en la zona, en un marco legal posibilitado por el régimen golpista —apoyado por el gobierno de los Estados Unidos— con la nueva Ley General de Aguas de 2009 que permite otorgar concesiones privadas sobre los recursos hídricos del país. En distintas etapas, el proyecto ha contado con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que otorgó un préstamo a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S. A de C.V (DESA), y la participación de una empresa china, otra alemana y apoyos de varios países europeos. Su historia perfila la dinámica que se vive en toda la región, de desmantelar las protecciones a bienes comunes, permitir la entrada de corporaciones que saquean los recursos naturales, provocar conflictos con los pueblos indígenas y rurales que defienden sus recursos y forma de vida ancestrales, criminalizar a los luchadores y establecer conflictos permanentes.

Gustavo Castro, colega mexicano herido en el ataque de sicarios que dejó sin vida a Berta, pone el asesinato en este contexto internacional en una entrevista con el periódico español El Diario, a los seis meses del homicidio.

“Lo que explica fundamentalmente esto es que todos los gobiernos están abriendo sus fronteras a la inversión bajo los mecanismos de tratado de libre comercio. Las grandes empresas disputan el territorio.” Continúa: “Los tratados de libre comercio obligan a los gobiernos a cambiar las leyes para facilitar la inversión. Si no lo hacen, la empresa puede denunciarles. Este análisis no se ve. Sólo se ve al defensor que llega, es golpeado, asesinado y no sabemos por qué.”

Berta sí sabía el peligro que corría y por qué. En junio el periódico The Guardian publicó un trabajo de investigación en el cual un soldado desertor del ejército hondureño reveló que circulaba una lista de “objetivos a eliminar” con el nombre, entre otros, de Berta Cáceres. Ya se hablaba mucho de la existencia de este tipo de listas y de escuadrones de la muerte. La nota informó que las listas fueron entregadas a unidades del ejército entrenadas por Estados Unidos. Cuando los periodistas preguntaron directamente al vocero del Departamento de Estado, respondió que “no tenía evidencia creíble” de la existencia de tales listas, obviando la investigación de The Guardian y sin asumir ningún compromiso de investigar acusaciones graves que tienen implicaciones bajo las leyes de la ayuda exterior estadounidense. De las 4 personas detenidas en el asesinato de Berta, dos son militares o ex militares y uno es de la empresa DESA. Faltan los autores intelectuales del crimen.

Se llegó al absurdo de declarar que no tenían evidencias de graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas a pesar de numerosos informes internacionales, inclusive el informe del propio Departamento de Estado documenta violaciones por parte del ejército, la policía y la policía militar.

Para el gobierno de Estados Unidos la ayuda a las fuerzas de seguridad hondureñas es estratégica, primero, para apoyar el despojo por parte de las grandes corporaciones; segundo, para mantener el poder en un país que se ha vuelto (otra vez) el territorio desde el cual estrenar nuevos sistemas de explotación y control social, como las “ciudades modelo” y la represión, y tercero, esta ayuda financia contratos jugosos de empresas estadunidenses en seguridad, equipo militar y entrenamiento.

Esto ha llevado a un debate fuerte en Washington en este momento. Por un lado, organizaciones hondureñas como las 50 que se agrupan en la COALICION Contra la Impunidad, junto con organizaciones de Estados Unidos integrantes del Grupo de Trabajo Mesoamericano, del cual formamos parte, exigen la suspensión inmediata de la ayuda a las fuerzas de seguridad hondureñas. Más de 30 congresistas han presentado la “Ley Berta Cáceres sobre Derechos Humanos en Honduras” exigiendo tal suspensión hasta que se investigue el asesinato de Berta y otros crímenes, y la violación de garantías y derechos humanos en el país.

Al mismo tiempo, ONG y otros congresistas —algunos vinculados a las empresas que reciben los contratos— argumentan a favor de incrementar la ayuda al gobierno de Juan Orlando Hernández diciendo que la presencia de Estados Unidos apoya procesos de mayor institucionalidad y respeto a los derechos humanos. Pero ninguna de las organizaciones principales de derechos humanos en el país está de acuerdo y ven en el apoyo al gobierno hondureño un sostén importante a la situación actual de abusos e impunidad.

Berta entendía que enfrentaba directamente fuerzas internacionales en su lucha por el río sagrado del pueblo lenca, y que la única manera de triunfar sería conformar una resistencia global. El reconocimiento de Berta Cáceres en todas partes del mundo fue el resultado de una labor minuciosa de lucha internacional en solidaridad con Honduras, pero también de reconocer los vínculos entre las luchas en todas partes: contra la militarización, contra el despojo, por los derechos indígenas y de las mujeres.

En este sentido, Berta no es un símbolo. Era, y sigue siendo en ausencia, una dirigente social eficaz; una mujer de carne y hueso, risa y llanto. Y tampoco es una mártir. Ella quería vivir, no quería morir. Pero no podía vivir sin luchar. Ahora, a seis meses de sentir su ausencia física, los procesos de articulación que impulsaba se están dando en la nueva Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras y la Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres, los dos promovidos por su organización: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ha habido movilizaciones y actos de solidaridad internacionales, con los ejes de la cancelación del proyecto Agua Zarca, exigir una investigación independiente de su asesinato y respetar los derechos de los pueblos indígenas en defensa de su tierra y territorio.

La verdad y la justicia no pueden revivir a Berta Cáceres. Sin embargo, es el único homenaje justo que le podemos dar. Las personas que aprendimos de ella, que nos inspiramos en ella y que luchamos con ella —aquí o allá— le debemos esto mínimamente, a su memoria y su legado.