El gobierno colombiano ha lanzado la guerra contra su propio pueblo. El costo humano de esta guerra se ve reflejado fríamente en las cifras: 84 homicidios en el marco de la protesta social iniciada el 28 de abril, mil 790 personas heridas, 3 mil 274 detenidas y 106 casos registrados de violencia basada en género, según la organización Defender la Libertad, además de decenas de denuncias por abuso de poder, violación de derechos a la libre expresión, la libre movilidad y otros.

La violencia extrema contra las manifestaciones no es casual, ni el resultado de policías que no respetan protocolos de derechos humanos. Es sistemática y estratégica. Los Escuadrones Móviles Antidisturbios, ESMAD, lejos de controlar disturbios, se emplean para intensificar conflictos y reprimir manifestantes. Son los responsables del mayor número de agresiones. Se formaron en el marco de la restructuracion de la policia del Plan Colombia, que tanto elogia el presidente Biden, y operan con armas y equipo estadunidense.

Esta estrategia de violencia policial y militar contra sectores de la población busca eliminar a la oposición y crear desorden y conflictos de distintos tipos en todo el territorio nacional, para justificar en medio del caos una respuesta autoritaria de mano dura. Va acompañada con una fuerte campaña mediática que culpa a las manifestaciones por la inestabilidad, el desabasto e incluso el repunte de la pandemia, mientras se niega a cubrir, por lo general, las denuncias de las víctimas de las fuerzas de seguridad y las demandas legítimas que están en la raíz de las protestas, tampoco el hecho de que las manifestaciones han sido pacíficas en su vasta mayoría.

El estado apuesta al control social que va más allá de actos aislados de represión contra el levantamiento popular, y se alinea con la lógica militar de aniquilación del enemigo —un enemigo identificado en su propia población. No es la primera vez en la historia que el estado colombiano se lanza contra su gente, sin embargo, el registro de las violaciones en esta etapa muestra una intensificación significativa de la violencia estatal.

La Misión de Observación Internacional por las Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad llegó a Colombia el 3 de julio, conformada por 40 personas de 12 países. Los primeros días escuchamos los informes de violaciones, agresiones y muertes por parte de las organizaciones colombianas que se dedican a recopilar datos: Defender la Libertad, Temblores e Indepaz. Aunque varían ligeramente los registros, las organizaciones están de acuerdo en que estamos frente a una crisis en que sus números, alarmantemente altos, son un sub-registro de la realidad.

Durante tres días escuchamos pláticas en la capital sobre el contexto y las características del Paro Nacional, antes de salir el 6 de julio a 11 regiones del país para tomar testimonios de primera mano y documentar la situación de violación de derechos humanos y agravios por parte de las fuerzas de seguridad en el marco del paro.

El padre Javier Giraldo dio un repaso histórico de la construcción de la violencia estatal, que según él —y la conclusión del Tribunal Permanente de los Pueblos 2020— tiene carácter de genocidio. Esta etapa representa, dijo, “la reactivación del paramilitarismo bajo la doctrina militar que tiene como tesis central la participación de la población civil como víctimas y victimarios.” La diferencia es que en esta etapa los paramiitares operan en el anonimato: sicarios en motocicletas e infiltrados.

El defensor jesuita destacó que hay varios factores permanentes tras los cambios de modalidades y formas: 1) la defensa de los intereses de empresas estadunidenses, que requiere el uso de la represión e implica la pérdida de la soberanía nacional, 2) el discurso del anti-comunismo, con sus variantes de “terroristas”, “chavistas”, “vándalos”, etc., 3) la negación de las muertes y de los crímenes de estado, 4) la manipulación mediática, y 5) la postulación de los opositores como enemigos de la nación.

Otro eje de esta guerra es el poder empresarial. Amanda Romero del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos describió un empresariado preocupado por el acceso a los puertos y por los obstáculos para transportar sus productos de importacion y exportación, llamando a la represión y fomentando el terror con tal de regresar a una “normalidad” en que gozan de cada vez más privilegios y acceso a recursos públicos.

Dio ejemplos: el discurso criminalizante de las asociaciones de las empresas trasnacionales contra la protesta social en Buenaventura y otros lugares, las empresas que prestaron sus instalaciones para formar centros de tortura en Cali, el despido de 200 trabajadores por participar en una marcha, y la suspensión de contratos laborales en el marco del paro de Goodyear, y otros. La guerra de exterminio tiene sus raíces más profundas en lo que ella llama “la maldición de los recursos” —la riqueza en bienes naturales del país que las empresas trasnacionales ven como botín de guerra, después de despoblar, derrotar o desaparecer a la gente que vive y trabaja ahí.

Sectores en riesgo

Además de la juventud empobrecida por el sistema, otros sectores vulnerados explicaron la importancia del Paro para unirse y avanzar en sus demandas. Señalaron los riesgos que enfrentan. La organización Sisma Mujer informó que la participación de las mujeres, levantando sus demandas de igualdad y derechos de mujeres, ha sido una constante en esta protesta social, no sin luchas al interior de las organizaciones y represalias sexistas por parte del estado. Sisma Mujer, igual que otras organizaciones, lleva un registro de ataques con violencia de género que muestra un patrón de intimidación; violencia de género como golpes en los senos, los genitales y la cara; violencia sexual y el uso de estereotipos discriminatorios para cuestionar el papel de las mujeres en la vida pública. Señala que estos crímenes por parte de las fuerzas de seguridad quedan en la impunidad.

Para la comunidad LGBTI, la discriminación puede ser particularmente letal, dijo Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo. Contó que, desde el inicio del paro de 2020, su organización tomó la decisión de participar en la primera línea. Añadió que Colombia es el tercer país del continente mejor evaluado en derechos para la comunidad LGBTI por sus leyes sobre el matrimonio gay y las estancias especializadas que ha formado para garantizar derechos, pero esto es en teoría, y en la práctica es el tercer país peor categorizado en términos de violencia contra personas gay y transgénero. Miembros de la comunidad LGBTI reportan un aumento notable en ataques y amenazas de la policía durante la pandemia, no hay investigaciones de crímenes del estado en su contra y se reporta un aumento en los discursos de odio de grupos que quieren echar atrás los avances de la comunidad. Después de un periodo de progreso a partir de la firma del Acuerdo de Paz, el gobierno de Duque está cerrando los espacios que lograron abrir. “Las personas trans están en primera línea porque son las más afectadas,” dijo, citando la violencia y la pobreza en que viven muchas.

Diana Sánchez, de la asociación MINGA explicó que en este contexto de demandas populares acumuladas y reprimidas, de desigualdades insultantes, y de un modelo neoliberal desnudado, la respuesta del gobierno de Duque fue echar gasolina al fuego. Habló de la indignación que surgió en la pandemia, cuando miles de casas sacaron la cinta roja que marcaba un hogar con hambre “y el estado tiró salvavidas a los ricos, y no a los pobres–a los ricos que siempre han vivido de la renta del estado”.

Nuevos sujetos

Mientras la política de guerra busca aniquilar a la oposición para mantener un proyecto de privilegios y poder para unos cuantos, la protesta social está ensayando nuevas formas de inclusión, unidad y organización social. Sus acciones, particularmente en este periodo en que han bajado de intensidad los bloqueos y grandes manifestaciones, se enfocan en la creación y desarrollo de nuevos sujetos sociales y nuevas formas de tejido social.

Los nuevos actores en el proyecto de transformación radical son las personas mas afectadas por las violencias estructurales del sistema que tienen décadas, pero que se agudizaron en esta coyuntura de gobierno autoritario, pandemia e intensificación de la concentración de riqueza.

Kevin Siza Iglesias representa a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarixs que agrupa a 60 organizaciones estudiantiles que han organizado paros universitarios históricos. Dice, “Hoy el protagonista no es el movimiento estudiantil universitario…. Es la juventud popular, jóvenes sin futuro en este sistema que ha construido el neoliberalismo desde hace tres décadas.”

Este sector de la juventud conforma “la primera línea” de las manifestaciones. En múltiples entrevistas y declaraciones dicen que no tienen nada que perder–no tienen oportunidades de empleo ni de educación, y crecen entre escenarios de múltiples violencias. Estos nuevos sujetos de cambio, principalmente de la periferia urbana, han formulado algunas demandas específicas, pero sus anhelos son más radicales, quieren crear un nuevo país. no tienen confianza ante la desconfianza en la estructura estatal corrompido ni en su capacidad o voluntad de reformarse.

La emergencia de esta juventud que no se había movilizado así antes, ha dado una dimensión mayor a la protesta. Las organizaciones estudiantiles han tomado la decisión de construir puentes con las y los jóvenes fuera de las universidades. Han formado brigadas de salud que dan primeros auxilios a la juventud de la primera línea y organizado clínicas jurídicas para atender al gran número de detenidos y judicializados. También se vinculan con las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil para el registro de violaciones y para dar representación legal a las víctimas. Se unen en asambleas populares, acciones de democracia directa e intercambios.

“Hemos identificado que el tema de judicializaciones, particularmente en el movimiento estudiantil, se está relacionando con el “terrorismo” por el gobierno, que está intentando acuñar una idea del “terrorismo urbano de baja intensidad”, dice Kevin Siza. Destaca que forma parte de la doctrina de seguridad nacional, “con la idea de ubicarnos como el enemigo interno. A pesar de que continúa la conflictividad armada con las organizaciones insurgentes, paramilitares y narcotraficantes, se ha ampliado esta idea contrainsurgente contra la ciudadanía que protesta en las calles,” dice.

Frente la criminalización y los discursos de odio que intentan negar la calidad humana de las y los manifestantes y deslegitimar sus demandas, grupos de estudiantes y otros sectores se dedican a entender más las causas de la exclusión y la discriminación. En Cali, lo llaman “el paro barrio adentro” –la organización social que se adentra en los barrios donde viven las y los jóvenes que llegaron a protagonizar las manifestaciones. El paro ha desatado procesos de educación popular, conciencia social, intercambio, autogestión. La construcción de construir puentes empieza romper barreras tradicionales entre sectores: integrantes de la Minga indígena dialogan con la juventud urbana, los sindicatos empiezan a cuestionar la lógica estrictamente gremial y jerárquica, y dirigentes machistas están obligados a reconocer el liderazgo de las personas trans en la primera línea y las demandas de las mujeres. Por supuesto, hay roces, tensiones y desencuentros, pero también hay avances.

Por otro lado, el gobierno y el empresariado también están construyendo nuevas fuerzas. “La gente de bien” son grupos abiertamente armados para proteger los intereses de la clase alta, y usan la fuerza y las narrativas mediáticas como armas contra el levantamiento popular. Atacan manifestantes, borran pintas y consolidan un discurso de “buenos” y “malos”que deshumaniza a las personas manifestantes.

Lo que queda claro es que, frente a la guerra del gobierno, una vía importante para poner freno o por lo menos desacelerar, la violencia estatal es una respuesta inmediata y activa de la comunidad internacional que presione al gobierno colombiano frente al cúmulo de violaciones de derechos humanos y la impunidad en que han quedado los caso. Por eso, la Misión juega un papel fundamental en investigar y dar a conocer las dimensiones de esta guerra y su papel histórico en la lucha por la paz y la justicia. Además, y de manera urgente, tenemos una obligación humanitaria de proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y de la democracia que están arriesgando sus vidas al hacer una tarea que esencial para cualquier sociedad. También es urgente romper el cerco mediático que solo permite que salga la versión gubernamental-empresarial de los hechos.