La escena es conocida en muchos países del mundo: Familias migrantes se movilizan por las calles para exigir sus derechos y buscar una vida digna y son brutalmente reprimidos por el estado. Policías con garrotes atacan a hombres, mujeres, niños y niñas para reafirmar, por la fuerza, el mensaje que las personas migrantes y refugiadas ya han escuchado en todos lados—“aquí no son bienvenidos”.

Pero esta vez sucedió en México, con un gobierno que ha prometido regirse por los derechos humanos, la compasión y la soberanía. Los videos del operativo el 28 de agosto que realizó el Instituto Nacional de Migración con la Guardia Nacional contra una caravana de migrantes, mayoritariamente haitianos, en la carretera Tapachula-Arriaga provocan gran indignación y vergüenza. Muestran a la Guardia Nacional vestidos de antimotines, empujando contra un hombre haitiano con su niño en brazos y pegándole a otro mientras su hijo pequeño intenta salvarlo. Se ve la saña–¿racismo? ¿xenofobia? ¿órdenes desde arriba? — con que un agente patea a la cabeza de otro migrante en el suelo. Estas escenas son una pequeña parte de los actos violentos cometidos contra la caravana de migrantes, se reportan muchas personas heridas en actos que no fueron grabados.

A pesar de la mala imagen que se generó de México por la brutalidad expuesta el 28 de agosto, dos días después, el INM y GN lanzaron otro operativo contra el grupo en Mapastepec, resultando en más personas heridas y detenidas. El video de “Todos somos Mapastepec” muestra una cacería, gente corriendo por todos lados, gritos, hombres sometidos a la fuerza y llantos de bebés.

La Alta Comisión de Derechos Humanos y de Derechos de Refugiados de las Naciones Unidas, y la Organización Internacional para las Migraciones emitieron un mensaje llamando al gobierno de México a “respetar los derechos humanos de los migrantes” y exigiendo “la implementación de medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas” de los actos “profundamente preocupantes”.

El Centro de Dignificación Humana A.C, afirmó que hay más de 500 detenidos en el Centro de Detención Migratoria de Huixtla. Las organizaciones de derechos humanos reportan que han limitado el acceso a los centros y que hay personas detenidas y en proceso de deportación que tienen trámites pendientes.

En los últimos tres años, 13,972 personas haitianas han solicitado refugio en México, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), con un incremento notable en los últimos meses. Llegan huyendo de un país que ha sufrido una crisis política a partir del asesinato del presidente Jovenel Moise el 7 de julio, seguido por un fuerte sismo el 14 de agosto que dejó más de 2,200 muertos, 120,000 familias desplazadas y 12,000 personas heridas. Además, el país lleva a cuestas una historia de intervenciones estadounidenses, corrupción, pobreza y saqueo.

Más de 340 organizaciones estadounidenses enviaron una carta al presidente Biden, exigiendo que cesen los vuelos de deportación de haitianos y que regresen los y las haitianos que son elegibles para el estatus protección temporal. La situación de Haití, sin duda, merece un estatus migratorio humanitario, igual que Afganistán. Sin embargo, el gobierno mexicano recibió a hombres y mujeres refugiados afganos en un acto ejemplar pero parece no escuchar las peticiones de los haitianos. Se siguen reportando nuevos operativos hacia la caravana, en los cuales es patente un componente de racismo.

Como consecuencia de la violencia contra los migrantes, o probablemente porque esta se volvió pública, dos elementos del Instituto Nacional de Inmigración fueron cesados por uso excesivo de la fuerza. Es necesario investigar y sancionar a individuos que cometan violaciones de derechos humanos contra migrantes. Sin embargo, todos los grupos de derechos humanos que hacen monitoreo de derechos de migrantes reportan violaciones constantes. La violencia tiene una causa estructural, que es el resultado de una política que prioriza la contención por encima de los derechos establecidos internacionalmente y en la propia Constitución Mexicana. La política de contención, importada desde los Estados Unidos, trata a los “flujos de migrantes” como si fueran un gotero en el techo que se debe de tapar, y no como lo son: personas con rostros, corazones y sueños.

La Pastoral de la Movilidad Humana, en un mensaje de esta semana, pidió “la regularización migratoria, así́ como respetar el derecho al libre transito contenido en el articulo 11 de nuestra Carta Magna.” Una exigencia constante ha sido incrementar el presupuesto para ampliar la capacidad de la COMAR y agilizar las solicitudes. El congestionamiento de personas esperando trámites– sin vivienda, sin empleo, sin medicinas, prácticamente sin las necesidades básicas para vivir– es un dilema terrible no solo para las familias migrantes, sino también para la sociedad que no puede tomar medidas para integrarlos de manera ordenada y sensible.

Después de los operativos de la semana pasada, el presidente se reunió en el sur con las fuerzas de seguridad para trazar una estrategia que limite el uso excesivo de la fuerza. También, anunció que está escribiendo una carta a Biden para pedir su cooperación con “Sembrando Vida”, un programa de sembrar árboles en el sur del país que puede ofrecer empleos a migrantes que entran por la frontera sur de México.

Estas medidas no podrán reducir la violencia, por las contradicciones inherentes en la política migratoria mexicana. Siguen la militarización de las fronteras, y la detención y deportación masivas. Además, el gobierno mexicano indicó que México no tiene la intención de oponerse al restablecimiento del programa violatorio de los derechos humanos conocido como “Quédate en México”, impuesto a México por los chantajes económicos de Donald Trump, y que fue aceptado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El programa devuelve a los y las solicitantes de asilo en EEUU a México a esperar sus audiencias. Es un programa ilegal cuyo único motivo es hacer sufrir a las y los solicitantes de asilo. México no tenía porque aceptarlo –en violación de sus propias leyes– la primera vez y menos la segunda. El presidente Biden suspendió el programa su primer día en la presidencia y fue la corte conservadora con nuevos integrantes nombrados por Trump, que lo reinstituyó. La pelota está ahora en la cancha del gobierno mexicano, y también las vidas de miles de migrantes vulnerables que enfrentan amenazas en las ciudades de la frontera y en sus países de origen.

En el Tercer Informe de gobierno el 1 de septiembre, AMLO hizo alarde de los migrantes que enviaron un número récord de remesas al país, amortiguando así el impacto de la recesión relacionada al COVID-19, diciendo que gracias a ellos y a los programas sociales “se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad.” No es coherente elogiar a los migrantes que han salido en búsqueda de mejores condiciones, la mayoría por la falta de opciones, y criminalizar a los que entran con la misma intención.

México tiene una oportunidad histórica de ser ejemplo de respeto a la movilidad humana y de acogida digna a las personas que salen en búsqueda de seguridad humana. Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador declara la ruptura con el pasado autoritario, y logra avances contra la corrupción y la privatización, con atención a los sectores vulnerados, en el tema migratorio se permite una política y un comportamiento por parte de la alianza INE-GN que viola los derechos humanos y los principios fundamentales de la Cuarta Transformación. A la mitad del camino, ya es hora de rectificar el rumbo.