San Luis Potosí, México. Durante quince años, el Frente Amplio Opositor (FAO) ha logrado articular una resistencia incansable para denunciar, visibilizar y difundir el irreparable daño ambiental, social y cultural que la Minera San Xavier (MSX) provoca en el Municipio de Cerro de San Pedro y la ciudad de San Luis Potosí a partir de la explotación a gran escala de las riquezas minerales de la zona, en particular oro y plata.

A pesar de las masivas movilizaciones impulsadas durante años y de las numerosas batallas legales ganadas contra la empresa, una ejecutiva decisión del gobierno federal avaló el inicio de las operaciones en 2006 como un gesto político hacia los intereses de un sector que necesitaba el camino despejado para consolidar las cuantiosas inversiones que comenzaban a inundar el país. En ese marco, la disputa en torno al proyecto minero en Cerro de San Pedro se convirtió en un símbolo de la lucha contra el modelo de despojo que hay en el país y en una referencia para las resistencias que pronto comenzarían a emerger en todo el territorio nacional.

Sin duda, la megaminería es una de las principales expresiones del neoextractivismo que, desde hace por lo menos dos décadas y más allá del signo político de los gobiernos en turno, avanza con extrema brutalidad sobre América Latina, profundizando los alcances de la dominación capitalista sobre los procesos vivos. Con ello se abre un nuevo capítulo de la histórica batalla librada por los pueblos contra las políticas neocoloniales que -tal como hace 500 años, pero con actualizadas tecnologías y renovados dispositivos de dominación- buscan eliminar las formas campesinas y populares que han mantenido una relación no predatoria con el territorio y los bienes comunes, a fin de subsumirlas a la lógica del mercado y transformarlas en nuevas oportunidades de inversión y ganancia.

De hecho, tras un lustro de explotación minera, la región potosina ya comienza a sufrir las primeras consecuencias: destrucción del ecosistema local, cauces de agua contaminada, lluvia ácida y graves enfermedades entre los pobladores. Y este proyecto representa sólo uno entre los cientos que actualmente se están desarrollando en México bajo este nuevo método de explotación a cielo abierto y por lixiviación con cianuro.

Una nueva minería transnacional que lo devasta todo

Hace aproximadamente 20 años la minería a cielo abierto se instala como uno de los métodos más eficientes para explotar de manera rentable los yacimientos aún existentes en distintas partes del globo que, por presentar un alto grado de diseminación de los metales, habían resultado imposibles de explotar con anterioridad mediante el método tradicional (por túneles o “socavones” y con la fuerza de cientos de obreros ataviados de pico y pala).

En efecto, se trata de un tipo de minería absolutamente más depredador y contaminante, que -utilizando tecnología de punta- permite con rapidez y a bajo costo demoler con explosivos cerros enteros y así extraer de sus entrañas la roca triturada que después es lixiviada con cianuro (u otros sustancias igualmente tóxicas) a fin de lograr la separación de los metales (oro, plata, cobre, etc.) del resto de la materia. Inmensos volúmenes de agua y residuos químicos, grandes cantidades de energía y miles de toneladas de escombro son sólo algunos de sus componentes.

El avance de la megaminería en México se inicia en 1992, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari modifica el artículo 27 de la Constitución Nacional para permitir la incorporación de las tierras ejidales al mercado legal de suelo; además, expide una nueva Ley Minera que habilita la participación del capital extranjero en áreas antes reservadas al capital nacional.Esta reforma -estratégica para el sector- se inscribe en el marco de una serie de políticas neoliberales implementadas desde 1980 y profundizadas con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, lo que implicó la eliminación de aranceles aduaneros y el otorgamiento de grandes facilidades y estímulos fiscales para la atracción de inversiones al país.

Y si en la década del 90 se instrumentan las condiciones para que las corporaciones mineras encuentren un jugoso nicho de inversiones en el territorio nacional, durante la pasada administración (de Vicente Fox) y la actual (de Felipe Calderón) se otorgan 24,713 concesiones a 231 empresas extranjeras, con lo que se aumenta exponencialmente la extracción de recursos minerales (Ramírez, 2010). Así, los ingresos del sector escalarán del quinto al tercer lugar como generadores de divisas en el país, sólo superados por los ingresos del petróleo y la industria automotriz (López Bárcenas, 2011).

Actualmente los estados que concentran la producción minera son Sonora, Zacatecas, Coahuila, Durango y, por supuesto, San Luís Potosí (Auditoría Superior de la Federación, 2008: 21), jurisdicción en la que -hasta el 2008- se otorgaron 795 concesiones, frente a las cuales ya han emergido respuestas de oposición como es el caso del Frente en Defensa de Wirikuta en Real de Catorce, organizado contra la explotación de las 22 concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense First Majestic Silver.

Un caso paradigmático: Minera San Xavier en San Luis Potosí

En 1994, Metallica Resources -ahora New Gold-, subsidiaria de Minera San Xavier, iniciará los trabajos de exploración en un área territorial declarada oficialmente de restauración de la vida silvestre, con flora y fauna protegida y apenas a varias decenas de metros del pueblo de San Pedro y del emblemático cerro homónimo, cuya riqueza aurífera generó una temprana urbanización de la zona, lo que dio origen a la ciudad de San Luis Potosí en 1592. Con el comienzo de la explotación, el Cerro de San Pedro -que por su relevancia histórica se encuentra representado en el escudo de armas de dicha ciudad- fue completamente demolido.

Otra de las consecuencias que hoy en día ya se enfrentan por este tipo de extracción es la contaminación producida por los patios de lixiviación -donde se coloca la roca molida y el cianuro disuelto en agua para separar el metal del resto de los materiales-, ubicados a pocos metros de algunas comunidades y a sólo 5 km de la capital potosina. El FAO ha denunciado ya algunos casos de enfermedades graves y malformaciones en niños que habitan en el pueblo Nueva Zapatilla¹, una de las comunidades más cercanas a los patios de lixiviación. Para el futuro cercano se calculan 77 millones de toneladas de material cianurado como legado visible de más de 10 años de explotación (Ortiz, 2009: 52).

Además, MSX consume anualmente poco más de un millón de metros cúbicos de agua para su proceso de explotación -33.6 litros por segundo, es decir, cerca de 30 millones de litros de agua diariamente-. Como resultado, el acuífero que abastece a cientos de miles de usuarios de la Zona Metropolitana de San Luís Potosí se encuentra no sólo sobreexplotado, sino también contaminado por efecto de la inevitable percolación hacia el subsuelo y las lluvias ácidas que se originan con la evaporación del agua utilizada en los patios de lixiviación.

Genealogía de la resistencia popular

Al anunciarse la noticia de que una transnacional canadiense llegaba a Cerro de San Pedro para reactivar la industria minera local, se encendió la expectativa de los pueblos cercanos que, luego de décadas de abandono, veían en esta iniciativa una posibilidad de trabajo y desarrollo social. Sin embargo, en la medida en que comenzaron a conocerse los detalles del proyecto –sus dimensiones, alcances, impactos y consecuencias- fueron emergiendo numerosas voces críticas que, aunando diversas trayectorias y perspectivas de lucha, trazaron el rumbo de una resistencia que -con avances y retrocesos, aciertos y errores- ya lleva 15 años en pie.

Efectivamente, el proyecto inicial de la empresa minera consistía en la completa destrucción del histórico pueblo de San Pedro, debajo de cuya antigua iglesia se encuentra la veta madre del yacimiento aurífero. A cambio, construirían a pocos kilómetros un nuevo complejo habitacional provisto de comodidades y servicios para todos los lugareños. No obstante, para algunos habitantes la propuesta resultaba inconcebible. Así, la defensa del patrimonio cultural e histórico del pueblo de San Pedro se constituyó como el primer eje articulador de la resistencia contra el avance de la explotación minera a cielo abierto. Tras este primer impulso se encontraba el “Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio de San Pedro”, organización conformada por ejidatarios y habitantes del pueblo que se volcaron a la tarea de recuperar la memoria histórica, resignificar el territorio como espacio recreativo y cultural, y proponer proyectos de desarrollo alternativo basados en el turismo local.

Como parte de estos esfuerzos, en 2001 se organizaría el primer Festival de Cerro de San Pedro, dando inicio así a una tradición que continúa hasta nuestros días. Justamente, en marzo pasado tuvo lugar la décima edición del Festival que, a través de la cultura, logró difundir la lucha contra MSX en toda la región. Foros de discusión, presentaciones de libros, talleres recreativos, música, teatro y cientos de participantes durante los dos días de actividades, fueron parte de la iniciativa que logró mantener un año más al pueblo de San Pedro vivo y en movimiento.

En paralelo, fue emergiendo un segundo eje articulador de las resistencias basado en la denuncia y difusión de los impactos socio-ambientales que este tipo de explotación minera provocaría no sólo en el municipio de San Pedro, sino también en el de San Luis Potosí. Esta perspectiva cobró fuerza como motor de lucha a partir de la intervención de la organización potosina “Pro San Luis Ecológico” en el incipiente conflicto, cuya experiencia previa en la resistencia exitosa a la instalación de un confinamiento tóxico en el municipio de Guadalcázar durante 1994, había otorgado numerosos conocimientos y herramientas para reconocer las características de un proyecto depredador y contaminante.

En la medida en que se fueron extendiendo las evidencias y denuncias contra la minera y su proyecto de explotación, sumando rechazos entre la población y repercusiones en los medios de comunicación locales, también comenzaron a desplegarse estrategias de cooptación hacia las comunidades por parte de MSX. Además de las promesas a futuro -que incluían la construcción de escuelas, hospitales, parques recreativos, mejoramiento de las viviendas y de la calidad de vida en general, a través de programas de responsabilidad social corporativa-, la empresa comenzó a contratar a los habitantes del pueblo para realizar pequeñas tareas de vigilancia, limpieza e instalación de cercas, a cambio de altas remuneraciones que compraran el respaldo al proyecto minero en el largo plazo. Incluso, en algunos casos comenzó a realizar desembolsos de dinero a cambio de apoyo activo, lo cual incluía el ataque público a los opositores y la movilización a favor de la explotación cuando así se requiriera.

En este contexto, las voces de la resistencia decidieron articularse con mayor fuerza para construir un frente de lucha unificado. A la par que las dádivas de la minera implicaban la pérdida de ciertos apoyos entre los pobladores de San Pedro, se decidía extender la lucha hacia San Luis Potosí que, hasta ese entonces, había permanecido un tanto ajena a los pormenores del conflicto. En forma progresiva, también se apostó a trascender la lucha hacia el Distrito Federal y, desde allí, al plano internacional. Como resultado, la resistencia creció vertiginosamente y, hacia el año 2003, adoptó su nombre actual: Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, integrado por el núcleo de ejidatarios de Cerro de San Pedro, descendientes de los ejidatarios originarios, habitantes de los pueblos cercanos, organizaciones vecinales, estudiantiles y sociales, y activistas de diversas tradiciones políticas de la Ciudad de San Luís Potosí, pero también grupos de la capital mexicana y, posteriormente, de Canadá –donde actualmente existe una delegación del FAO-.

Durante años, y como parte de la estrategia de “irradiación” que se propuso el FAO, San Luís Potosí se convirtió en el núcleo de numerosas actividades públicas, incluyendo rondas informativas, marchas y consultas populares que alcanzaron su punto más álgido en 2006, año en que la empresa construyó la infraestructura del yacimiento y obtuvo el respaldo político necesario para comenzar con el proceso de extracción. Con la precipitación de estos hechos se desarrollaron movilizaciones de hasta 2000 personas y un referéndum no vinculante donde llegaron a participar alrededor de 20 mil potosinos, que en su gran mayoría se pronunciaron por el NO a la mina. Visto en términos retrospectivos, este proceso de movilización social resultó de crucial importancia para retrasar el comienzo de la explotación minera (prevista originalmente para fines de los años 90, pudo iniciar sus actividades casi 10 años después) y lograr que el diseño original del proyecto extractivo se reformulara respetando los límites del pueblo de San Pedro, que inicialmente planeaba demoler.

En simultáneo a la movilización social se articularía un segundo proceso basado en la disputa legal. Para el año 2000, y como respuesta a la licencia de uso de suelo otorgada a MSX por parte del Instituto Nacional de Ecología y ratificada por el gobierno estatal, se presenta el primer juicio basado en la nulidad de dicha autorización, la cual contradecía y violaba una disposición –previa y vigente- que establecía la protección de la flora y fauna de la zona y, por lo tanto, prohibía cualquier tipo de desarrollo que pudiera afectarla. Finalmente, en 2004, un Tribunal Federal otorgó un amparo en favor de los demandantes, confirmando así la nulidad del permiso estatal otorgado a la empresa unos años antes. Si bien esta victoria institucional fue contundente y definitiva, no obtuvo el respaldo político necesario para impedir el inicio de la explotación minera en 2006; y aunque fue posteriormente ratificada en 2009, tampoco logró impedir la continuidad de los trabajos, que sólo fueron parcialmente interrumpidos por unos pocos meses durante ese mismo año. Se trata, sin embargo, de un precedente importante que demuestra no sólo la ilegitimidad, sino también y especialmente, la rotunda ilegalidad en que realiza sus operaciones la transnacional New Gold, en completa colusión con los poderes ejecutivos de los tres niveles de gobierno.

Un segundo frente de la disputa legal se abrió en 2002, al iniciarse un juicio por los derechos ejidales sobre el pueblo de San Pedro tras la firma fraudulenta de un contrato de arrendamiento de tierras entre la empresa y falsos representantes ejidales. Producto de la emigración y el fallecimiento de los integrantes originales, el ejido había quedado prácticamente desestructurado durante las últimas décadas, situación que favorecía la realización de maniobras que permitieran a la minera apoderarse de los territorios comunitarios para su proyecto extractivo. Cuando algunos miembros del FAO investigaron los antecedentes de los supuestos ejidatarios y confirmaron su carácter apócrifo, decidieron emprender la búsqueda de los legítimos propietarios y sus descendientes a fin de entablar un juicio agrario que devolviera las tierras a sus verdaderos dueños. En 2004, una primera sentencia del Tribunal Unitario Agrario confirmó la nulidad del contrato de arrendamiento. Sin embargo, la inmediata presentación de amparos por MSX motivó una nueva sentencia del mismo tribunal, que cambió por completo su resolución original. No obstante, los ejidatarios legítimos también han sido reconocidos legalmente como tales, y más allá de los numerosos reveses, continúan hasta la fecha con la disputa jurídica por el reconocimiento de su derecho colectivo a la tierra.

A lo largo de 15 años el FAO ha sostenido una lucha que aglutina la defensa del patrimonio cultural e histórico, el medio ambiente, la tierra y su propiedad colectiva. Al proceso de movilización social que marcó el inicio de la resistencia se incorporó, con el tiempo, un proceso de disputa en el ámbito jurídico que ha ido ganando terreno a lo largo de los años. En efecto, luego de iniciada la fase de explotación minera, la movilización popular fue menguando poco a poco, producto del desgaste y las numerosas situaciones adversas. Mucho tuvo que ver la oleada de agresiones desatada por parte de los grupos de choque de la minera y la criminalización sufrida por los opositores, cuyos principales referentes cargan con numerosas causas en su contra que datan de aquel período.

Entre la resistencia y la violencia, una lucha que permanece en pie

En este momento, la lucha del FAO no sólo enfrenta los ya visibles impactos provocados por la explotación minera, la amenaza siempre latente de destrucción que pesa sobre el pueblo de San Pedro, o la inminente extensión de las concesiones otorgadas a MSX, sino también un cuadro político y social de creciente violencia generalizada, que adquiere características particularmente complejas en el estado de San Luis Potosí. Desde 2006, la presencia de los Zetas pasó de un velado control al abierto desafío y enfrentamiento cotidiano en el espacio público local. Y la guerra contra el crimen organizado impulsada por el gobierno de Felipe Calderón sólo profundiza la espiral de terror y el control de los cárteles de la droga sobre porciones cada vez mayores del territorio nacional. Por supuesto, la población civil ha quedado en medio de este campo de batalla.

Esta situación ha generado una opresiva atmósfera de descomposición social en la región, lo que ha cercenado las posibilidades de toda resistencia y proyecto de transformación, mediante la propagación del miedo y la desmovilización de la sociedad civil. De ahí que no resulte inverosímil conjeturar que, bajo el discurso oficial de la lucha contra el narcotráfico, se está desplegando un dispositivo de dominación que monta nuevos escenarios para el disciplinamiento, sometimiento y criminalización de los movimientos sociales.

A pesar de este marco represivo, los sujetos rebeldes e insumisos de San Luís Potosí persisten en la defensa de su territorio y la lucha por la vida proponiendo un horizonte de sentido no mercantilista y opuesto a la racionalidad productiva del capitalismo. En este sentido, la disputa que el FAO libra contra la MSX abre nuevas formas de pensar y reconstruir los vínculos entre los seres humanos y la naturaleza. De su éxito, que será también el de tantas luchas como ésta en América Latina, depende nuestro futuro.