San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es día de visita en la cárcel. Los presos están dispersos entre el patio central y los corredores. Las celdas están expuestas y desde ahí, hacinados, cientos de ellos, en su gran mayoría indígenas, observan la convivencia familiar de quienes reciben a un pariente. Ha caído un aguacero con granizo y todo está encharcado. El frío aquí es eterno. No hay cobija que alcance en plena primavera.

Es la prisión de la pobreza. Algunas mujeres con sus trajes multicolores llegan con sus bultos de comida y su pila de hijos a la visita. Es una cárcel con un alto porcentaje de población indígena, pero el idioma es el español, y que se friegue el que no lo hable. Aquí, de cualquier forma, la piel es morena.

En un rincón del patio, medio cubiertos de la lluvia por una lona rota, apartados de la bulla del fin de semana, los presos políticos de La Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate, ambas organizaciones adherentes a La Otra Campaña, junto a Francisco Santiz López, base de apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), platican y estudian. Todo está mojado y no hay lugar para sentarse en esta entrevista colectiva.

Dentro del penal son un pequeño grupo que se ha ganado el respeto del resto de los presos, pues muchos de sus casos se parecen en el cúmulo de irregularidades en sus procesos, aunque “no todos le entran a la organización, pues a muchos les dan miedo las represalias”.

El coro de voces en el que participan Rosario, de la Voz del Amate, y Alfredo, Pedro, Enrique y Alejandro, de Solidarios con la Voz del Amate, va de sus casos particulares a las denuncia de un sistema que los mantiene tras las rejas. Francisco, base de apoyo zapatista, sigue la conversación en silencio. Su caso es difundido por la Junta de Buen Gobierno de Oventik. Acaba de pasar otra terrible jugada. Preso desde el pasado 4 de diciembre, el 22 de marzo se le notificó que saldría del penal “pero justamente cuando faltaban unos metros para salir de la cárcel”, denunciaron las autoridades autónomas zapatistas, sonaron “sus maquinas de comunicación (celular) de los que supuestamente lo liberaban, para recibir la noticia de que Francisco no puede salir, que porque tiene otro delito federal más grave: ‘portación de arma de fuego de uso exclusivo de ejército’ y que esto impide su liberación”.

Acusado de un asesinato que se ha comprobado que no cometió, “nuestro compañero Francisco fue acusado falsamente y detenido injustamente, no tiene nada que ver con lo ocurrido en Banavil, porque no estuvo ni participó en los hechos ocurridos en el cual se acusa. Francisco no es asesino ni tiene arma, sólo porque la gente del pri así lo acusa falsamente”, señala la junta zapatista.

Una fuerte presencia, en ausencia, en este penal es la de Alberto Patishtán, defensor de los presos y denunciante de las injusticias en las cárceles. Originario de El Bosque, en donde se desempeñaba como maestro y defensor de los derechos de su comunidad, Patishtán, condenado a 60 años de prisión “por un delito prefabricado”, fue trasladado a Guasave, Sinaloa, a dos mil kilómetros de distancia, en represalia, denuncian sus compañeros, “por encabezar una huelga de hambre en el otoño de 2011”.

Desde el pasado 29 de febrero, un juez ordenó el regreso del profesor Patishtán al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 5, pero hasta el momento no se ha ejercido su derecho, “lo cual debe hacerse inmediatamente”, dice uno de sus compañeros; mientras otro completa la frase: “que lo regresen, pero mejor en libertad”.

“El gobierno pensó que nos iba a acabar con el traslado del profesor, pero se equivocó. Al principio sí fue una desmoralización, pero ahora ya estamos reorganizados sin él, aunque nos haga falta. Estamos con lo que nos enseñó, con lo que aprendimos. Denunciamos lo que ocurre y ya volvimos a agarrar el paso. Se equivocaron quienes pensaron que nos íbamos a rendir. Sabemos que cuando alguien lucha por la justicia no todos lo ven bien, pero poco a poco nos hemos ganado el respeto de los otros”, afirman.

Los presos no sólo denuncian “la fabricación de delitos, la tortura para obligarlos a firmar declaraciones inculpatorias, la falta de traductores en sus juicios y el hostigamiento”, sino también las injusticias que se viven dentro del penal. En estos momentos la mayor parte de ellos padece alguna enfermedad y no hay atención médica. Alejandro Díaz sufre alarmantes dolores de cabeza y problemas de carnosidad en los ojos. Rosario Díaz tiene pérdida de la memoria; Alfredo López tiene un mal crónico en la rodilla, agudizado por la falta de atención desde hace cinco años, y Rosa, su esposa, presa en el área femenil del mismo penal, tiene hernia umbilical. Un severo dolor matutino le impide estar en la entrevista. “Si te sacan es porque ya te estás muriendo. Te dan medicamentos caducados o cambiados o de plano te niegan la atención”, señalan.

A unos meses de que el gobernador Juan Sabines termine su periodo, los presos le recuerdan que “sale como un violador de los derechos humanos, aunque quiera mostrarse como lo contrario. Él gestionó el traslado de Patishtán, aunque lo niegue, y por él las cárceles de Chiapas están llenas de inocentes”.

El de Sabines, coincide el grupo, “es un gobierno represor, injusto y tirano. Ignoró la huelga de hambre pasada y se ha dedicado a lesionar los derechos humanos de la población. Sabe que somos inocentes. Sabe que se prefabricaron delitos. Sabe que en Chiapas no se buscan culpables, sino quién pague el delito”.

“Estamos más despiertos que antes”, dice Rosario, “y convencidos de que seguiremos luchando por nuestra libertad”. “Aquí yo no veo cruces”, dice Alfredo, “Así es que nos vamos vivos. No hay de otra”.

• Artículo publicado originalmente en el suplemento Ojarasca, de La Jornada, el 16 de abril de 2012