México. Tuvieron que pasar cinco meses desde que el huracán Manuel arrasó con las comunidades indígenas de La Montaña para que el gobierno aceptara garantizar maíz para los damnificados por seis meses. El acuerdo no fue gratuito, pues las comunidades –después de rescatar a sus vivos, enterrar a sus muertos e instalarse en campamentos improvisados- debieron marchar, organizar bloqueos y forzar a las instituciones a sentarse a negociar.

Las autoridades federales y estatales pretendieron desde el principio canalizar los apoyos a través de los presidentes municipales –los mismos acusados del “embodegamiento” de los víveres que nunca llegaron a las comunidades, con fines electorales- y de la forma en que les pareció mejor, esto es, a través de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, el programa asistencialista estrella de la Secretaría de Desarrollo Social. Su titular, Rosario Robles, llegó incluso a declarar que los daños no habían sido tantos, razón por la que no enviaban “más” ayuda.

Los indígenas, agrupados en el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, reconocen que la dotación de granos básicos es un triunfo organizativo, pero recalcan que el resto de los aspectos para reconstruir sus pueblos (vivienda, salud e infraestructura arrasadas por el meteoro) siguen sin ser atendidos.

El proceso de organización

La contingencia meteorológica pareció durar poco, lo que tardó en montarse el show mediático: una semana, en la que actores, políticos y hasta militares aparecieron en las televisoras en actos de “solidaridad” con los damnificados, como ocurrió en La Pintada.[1] Después vino la revisión de daños hecha por el gobierno federal, enfocada a Acapulco –lugar de turismo- como su principal preocupación.

Estuvo ausente la preocupación por lo acontecido en las demás regiones, como la Costa Chica, Costa Grande, Centro y La Montaña. Ante las denuncias hechas por organizaciones de observadores y derechos humanos, vino la supuesta atención gubernamental.

En la región Montaña, quienes realizaron el conteo de los daños fueron campesinos, amas de casa, estudiantes, niños, mujeres, jóvenes y profesionistas de las comunidades, acompañados por organizaciones de derechos humanos como Tlachinollan y Enlace Comunicación y Capacitación, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Tlapa, la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR) y las radios comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

El gobierno prefirió reunirse con los presidentes municipales –ausentes de los pueblos- que con los representantes de las comunidades. Los me’ pha a, ñuu savi y nauas, de 47 comunidades, ante la actitud de las autoridades oficiales y para tomar el control del proceso de reconstrucción y exigir responsabilidades al gobierno, formaron el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero, en septiembre de 2013.

El Consejo pasó de tener 47 pueblos a contar con 200, además de que logró sentar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles Berlanga, a una reunión con distintas instancias gubernamentales. Los indígenas reclamaron la falta de apoyo y la militarización de la zona, y exigieron ser tomados en cuenta en el proceso de reconstrucción.

En lo que pareció una estrategia para cansar a los representantes de las comunidades, los funcionaros de la SEDESOL citaron semana tras semana al Consejo a reuniones en Tlapa. Después de las largas jornadas que los indígenas debieron viajar para llegar a las reuniones, lo único que obtuvieron fue unas cuantas bolsas de víveres para algunas comunidades.

“Esta gente nomás no está queriendo ver la cara”, “ya basta de esperar”, y señalamientos de que los problemas en las comunidades siguen igual fueron parte de las evaluaciones que los integrantes del Consejo realizaron a finales de 2013.

En Consejo decidió acudir a la capital del país el 23 de octubre[2] para denunciar que a casi dos meses del desastre en la Montaña, aún había mucho que no se había resuelto. Se decidió seguir con la denuncia y alertar del desabasto de maíz en las comunidades afectadas. Los representantes de las comunidades, apoyados por especialistas y organizaciones sociales, hicieron una propuesta para remediar la carencia de granos básicos, que fue rechazada por el gobierno estatal pues decidió entregar toda la ayuda a los presidentes municipales.

Pero las comunidades no se quedaron quietas. Para exigir el abasto de 1.5 toneladas de maíz, además de frijol y arroz, y así frenar la amenaza de hambruna en la región, organizaron la campaña “Que llueva maíz en la montaña”, a la que se adhirieron organizaciones sociales,  enviando peticiones a los gobierno estatal y federal para que dieran atención urgente e inmediata a los pueblos de La Montaña. Además, el 4 de febrero bloquearon las carreteras Tlapa-Puebla y Tlapa-Chilpancingo como medida de presión.

La respuesta vino por la tarde. La titular de SEDESOL señaló en rueda de prensa que si en La Montaña no se había recibido apoyo suficiente, era porque no había sido tan afectada como la Costa Chica y la Costa Grande, además de que la Secretaría ya había censado y entregado tarjetas de enseres domésticos.

En la misma semana se descubrieron víveres  embodegados[3] en dependencias oficiales y bodegas clandestinas, muchos ya inservibles. Los señalamientos públicos de acaparamiento para fines políticos antes las próximas elecciones no se hicieron esperar.

El 10 de febrero, el Consejo se reunió con la SEDESOL y autoridades estatales. Los representantes del gobierno se limitaron a repetir las inversiones hechas en la Cruzada Nacional Contra el Hambre[4]. De dicha reunión se derivó una más en la capital, con el gobernador del estado, representantes de los pueblos y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

En una reunión realizada el 19 de febrero –en la que los representantes de las dependencias estatales y federales pidieron “garantías para su integridad personal”, ante el miedo a los reclamos- se acordó que se dotarán 13 mil 148 toneladas de maíz; 2 mil 880 de frijol y 2 mil 880 de arroz[5], considerando que cada familia reciba 750 kilos a lo largo de seis meses. En caso de  que continúe la emergencia pasado este plazo, se retomará la propuesta original del Consejo de proporcionar 1.5 toneladas de maíz por familia al año.

Los pueblos agrupados en el Consejo reconocen que este acuerdo es un triunfo de su movilización, pero las demandas relativas a cultivos, viviendas, salud y caminos siguen sin resolverse.

Los cinco meses que pasaron desde que el huracán Manuel tocó tierra en Guerrero muestran la realidad que viven los pueblos indígenas en México: abandono, utilización y despojo, situación que solamente se revierte por medio del ejercicio de la autonomía.