México, DF. Con alegría, Mezcala recibió el 25 de septiembre la noticia de que le deben ser restituidas diez hectáreas usurpadas por el empresario Guillermo Moreno Ibarra, tras un juicio por el que apostaron los indígenas más mayores con el objetivo de conservar las tierras comunales para futuras generaciones, señala la comunera coca Rocío Moreno. “Es un gran paso para nosotros”, sobre todo porque la comunidad está acosada por proyectos inmobiliarios que codician su territorio, asevera.

La sentencia señala que en un plazo de 15 días, Guillermo Moreno y Crescenciano Santana Sánchez, a quien los comuneros señalan como prestanombres, deben restituir el predio invadido, pues de lo contrario serán desalojados por la fuerza. Rocío Moreno, historiadora, señala que quienes cometieron el despojo aún pueden interponer un recurso de inconformidad, a resolverse en tribunales federales en el transcurso de tres a seis meses, y alerta que están armados, pero las autoridades no hacen nada.

Los comuneros no se fían de que los invasores vayan a respetar la sentencia. “Nosotros queremos evitar un conflicto entre la gente de la comunidad y estas personas”, puntualiza.

El juicio por restitución de tierras comunales ante el Tribunal Agrario inició en 1999; desde entonces, varios de los comuneros que iniciaron el recurso ya fallecieron. Mezcala, integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), tiene 3 mil 600 hectáreas de tierras comunales, acosadas por proyectos inmobiliarios y turísticos, y dentro de sus posesiones está la isla del mismo nombre.

Guillermo Moreno Ibarra, a través de su prestanombres Crescenciano Santana, se apoderó de casi diez hectáreas –boscosas y con vista al lago de Chapala- en el predio conocido como Cerro El Pandillo. Ahí construyó una casa de descanso, que prestaba a familias adineradas de Guadalajara. Los comuneros no se quedaron de brazos cruzados y apostaron por el largo camino de las leyes. El empresario instaló a un grupo de hombres armados para “defender” la casa de campo, por lo que los indígenas “no podemos ni arrimarnos ahí”, sostiene Rocío Moreno.

Luego del 2008, quedaron desahogadas las pruebas con las que la comunidad demostró la posesión ilegal por parte del empresario, y se pidió la primera sentencia. Tardaron siete años más, explica Moreno, pues los demandados hicieron toda clase de triquiñuelas para alargar el proceso, como cambios de domicilio y de representantes legales.

El empresario también interpuso denuncias contra los comuneros. La primera fue en 2002, cuando acusó a cinco personas mayores de 70 años de secuestro. Lo que sucedió, explica Moreno, es que Crescenciano Santana, alcoholizado, se metió a provocar a una asamblea. Los pobladores lo entregaron a la policía, que lo encarceló. Los comuneros estuvieron en la cárcel y durante tres años, tuvieron que ir a firmar su libertad condicional.

En 2011, la comunidad decidió retirar unos paneles solares colocados en territorio comunal por el empresario. Moreno Ibarra acusó a once comuneros por “daño a las cosas”. El juicio, “que ha dolido a la comunidad”, sigue adelante. “El señor utiliza a las autoridades municipales para intimidar; tiene a la policía y al ministerio público de Poncitlán de su lado, que le dan cobertura para hacer más cansado este proceso”, acusa la historiadora.

Guillermo Moreno es presidente de un grupo empresarial llamado “Sol”. De acuerdo con el analista Jorge Covarrubias, le pertenece la empresa Carbonato de Calcio Sol (Cacosa SA), la cual fabrica la sustancia para industrias de alimentos y la construcción. “También se le asocia en el ramo inmobiliario con acciones en diferentes fraccionamientos, incluyendo Vista del Lago, en San Nicolás, Chapala. Y uno de sus cuatro hijos, Guillermo Moreno Levy, posee una empresa que fabrica artículos de piel y de calzado, llamada Gabbiani, en Guadalajara”, escribió para Proyecto Diez.

Rocío Moreno reconoce que el proceso ha sido desgastante, pero recalca que los comuneros iniciaron este juicio con idea de demostrar que si se hacía a través de mecanismos legales, podía demostrarse que las tierras son de la comunidad. Esto es importante, valora, porque Mezcala está rodeada de fraccionamientos habitacionales y recreativos para extranjeros, y los comuneros van quedando “encapsulados” en tierras cada vez más codiciadas por las inmobiliarias, que los presionan para vender.

“Los que llegaron con la bandera del progreso” como argumento para entregar sus tierras, sostiene la historiadora, tienen “los mismos trabajos con mala paga, pero ahora ya no son propietarios de nada”. Por eso decidieron conservar la tierra comunal.

Lo que sigue es la sentencia en el Supremo Tribunal de Justicia, que se dará entre un año y año y medio, pero esta sentencia “es un paso grande que la comunidad necesitaba, porque cada vez veíamos más difícil obtener una resolución positiva”, finaliza Rocío Moreno.