Puebla, México. El territorio y modo de vida de indígenas y campesinos está amenazado en la Sierra Norte de Puebla por una nueva modalidad de la vieja práctica de reordenación de la producción y de las poblaciones, para favorecer proyectos económicos capitalistas.

En los últimos dos años, un conjunto de organizaciones sociales de la Sierra Norte de Puebla ha identificado una serie de “nuevas amenazas” que se cierne sobre el territorio, y que tiene que ver con la concepción dominante de desarrollo. El modelo de desarrollo que se pretende imponer en la región tiene múltiples aristas que no sólo ponen en juego a la agrobiodiversidad tradicional sino, en general, al modo de vida indígena-campesino que resiste día con día y se reproduce en circunstancias subalternas. Cada una de estas amenazas constituye el despliegue del proceso de “espacialización” capitalista en la región.

A partir de la contaminación transgénica del maíz nativo detectada en la sierra desde el 2003, del avance de la explotación minera a cielo abierto que se ha desarrollado en tiempos recientes y de la reconversión productiva orientada a la generación de biocombustibles, las organizaciones de base en la región serrana han emprendido la resistencia organizada frente a una de las imposiciones más novedosas que amenazan con avasallar los agroecosistemas locales: la construcción de 50 ciudades rurales que han sido anunciadas por el actual gobierno estatal, y que se construirán a lo largo y ancho de Puebla.

El proyecto de ciudades rurales se enmarca en las políticas estatales de “combate a la pobreza” y tiene como objetivos centrales dotar a los nuevos habitantes de estos núcleos poblacionales de servicios como “agua, energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, alumbrado público y calles, además de escuelas, establecimientos comerciales, centros de salud y espacios públicos”. Al instrumentar esta estrategia, se busca reducir el presupuesto que eroga el gobierno estatal para dotar de estos servicios a las poblaciones dispersas en las regiones rurales.

Es importante señalar que, hasta donde la información disponible permite advertir, este proyecto forma parte de una estrategia para abatir la “dispersión demográfica” de las comunidades campesinas e indígenas. Esto supone partir de un binomio: el de la dispersión-marginación. Por un lado, se asume que dotar de infraestructura básica a las comunidades dispersas implica un gasto que no resulta factible desde una racionalidad fundada en la lógica costo-beneficio. Por otro, se parte de un supuesto adicional: la población campesina-indígena es pobre debido a que está dispersa de manera caótica en caseríos.

La Sierra Norte del estado ha sido visualizada como el escenario del proyecto piloto. Éste se llevará a cabo en el municipio de Zautla, en San Miguel Tenextatiloyan, la comunidad que se encuentra a pie de carretera hacia la ciudad de Zacapoaxtla. El gobierno estatal anunció un presupuesto tripartito para desarrollar el proyecto: 200 millones de pesos, aportados por el gobierno estatal, el gobierno federal y Fundación Azteca. Además de la Sierra Norte, se consideran las otras dos regiones que tienen mayor presencia de población indígena: la Sierra Nororiental y la Sierra Negra.

Los antecedentes de las ciudades rurales en el estado se remontan a 1999. A raíz de las lluvias que se suscitaron en la sierra, provocando la destrucción de las parcelas y de muchos poblados, el gobierno estatal promovió, junto con la Fundación Amparo, la edificación de la Unidad Habitacional Manuel Espinoza Yglesias (UHMEY), en el municipio de Zacatlán. Los recintos se construyeron para ser habitados por los damnificados nahuas, totonacos y mestizos de diversos municipios afectados severamente por las lluvias. Las familias reubicadas tuvieron que dejar sus parcelas y sus comunidades de origen para vivir en casas de 40 metros cuadrados, que fueron construidas con materiales de muy baja calidad.

Doce años más tarde, ya sin el argumento de que se trataba de una política para enfrentar los “desastres naturales”, el proyecto de las ciudades rurales tomó como fundamento el proceso iniciado en Chiapas. Hasta el momento, la selección de las comunidades se ha hecho a partir de un análisis estadístico y geográfico, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades a las que se pretende reubicar. Sin embargo, una vez que se inicia el proceso, como en Zautla, se examinan la disponibilidad de la población, las oportunidades, los riesgos y los escenarios alternativos.

Uno de los primeros actores que se pronunció al respecto es el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER), ubicado en el municipio de Zautla. En un pronunciamiento dirigido a los gobiernos estatal y municipal, fechado el pasado nueve de mayo, el organismo declaró que existe una carencia de información oficial sobre los alcances del proyecto. Para establecer su postura, el CESDER ha tomado como fundamento la incertidumbre generada entre los pobladores de San Miguel Tenextatiloyan.

Por otro lado, las organizaciones de la región consideran esta iniciativa una ofensiva contra la milpa, la agricultura multifuncional, los territorios y el modo de vida campesino-indígena en su totalidad. Para los representantes de organizaciones como la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (UNITONA), que tiene presencia en 28 municipios de la Sierra Norte, indigna que “desde los ojos del poder” la vida rural no sea una forma de vida digna. Se sigue pensando a “lo indígena y a lo campesino, a lo que nosotros somos, como atraso”, como lo premoderno, anclado en el eterno presente de las sociedades sin historia.

Como ya se ha visto en Chiapas, la consecuencia de la edificación de las “ciudades rurales sustentables” es remover a la población ubicada en las rancherías y los parajes más dispersos y “alejados” de una junta auxiliar, una cabecera municipal y, sobre todo, de la nueva ciudad rural. Una vez removidas, las familias campesinas e indígenas son ubicadas en núcleos poblacionales compactos, que a su vez se construyen en torno de un conjunto de centros de prestación de servicios. Pareciera entonces que resuena un viejo discurso y una antigua práctica de origen colonial, ahora en la versión del camino que conduce al desarrollo.

Remover a la población y reubicarla implica abandonar la parcela: los huertos, cafetales y milpas dejan de ser el entorno de la vida cotidiana, pues la lejanía vuelve inviable “seguirlas trabajando”. Pensada en estos términos, la propuesta de las ciudades rurales sustentables es equivalente a desterritorialización y a la reconversión productiva. Al ya no poder trabajar su parcela, el productor se ve obligado a buscar otras opciones como sembrar en viveros familiares o prestar algún tipo de servicio.

Es importante señalar que, entre septiembre de 2011 y junio de 2012, ha cambiado en este estado el discurso oficial sobre las ciudades rurales. Ahora se habla de un “Sistema Microregional de Centros Proveedores de Servicios”. La diferencia consiste en que a diferencia de las ciudades rurales, en los sistemas microrregionales se busca identificar zonas estratégicas para concentrar servicios requeridos por la población campesina, esperando que ésta tienda, de manera “natural”, a desplazarse residencialmente en torno a estos centros, sin necesidad de ser removida por la fuerza. Sin embargo, la ambigüedad persiste debido a que el 27 de abril de 2011 Esteban Moctezuma, representante de Fundación Azteca, y la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en San Miguel Tenextatiloyan inauguraron una ciudad rural y no un sistema microregional.

Representantes de organizaciones campesinas consideran que nos encontramos frente a un cambio de discurso y a una persistencia del proyecto tal como fue concebido inicialmente. Tal vez este cambio discursivo se deba a la crítica que ha recibido el proyecto desde el ámbito académico, desde las organizaciones indígenas y campesinas y desde las organizaciones no gubernamentales. Pero quizá también influya el hecho de que, en Chiapas, hablar de ciudades rurales cada vez suena más a despojo y a descampesinización forzada o coaccionada.

Esto se puede constatar en el crecimiento de la resistencia organizada que empieza a fraguarse en Puebla frente a la imposición y el despojo. El pasado 19 de junio se realizó en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) el foro “Proyectos de muerte en Puebla”, en el que organizaciones sociales se pronunciaron contra las empresas mineras, las hidroeléctricas y las ciudades rurales. Allí, organizaciones indígenas y campesinas señalaron que las ciudades rurales allanan el camino a proyectos como los mineros, pues al remover a la población de sus tierras, las empresas inversionistas se enfrentan a una menor oposición por parte de la sociedad para el desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto, que se multiplican vertiginosamente en la Sierra Norte del estado.

En el trasfondo de estas acciones gubernamentales se encuentra un proyecto que pretende imponer nuevas configuraciones territoriales para poder ejercer una soberanía dominante, misma que se corresponde con una visión hegemónica del desarrollo; una soberanía basada en las relaciones de producción capitalista, mediante los modelos de polos de desarrollo y de desarrollo territorial.

La consecuencia de todo lo señalado anteriormente es que se está gestando una serie de luchas campesinas e indígenas que trata de resistirse al despojo de sus comunidades y a la reubicación a las ciudades rurales; una resistencia que empieza a crecer y que se enmarca en los procesos de defensa del modo de vida indígena y campesino.

Publicado el 6 de agosto 2012