México. Las comunidades indígenas que comprende la región conocida como Las Tres Huastecas (hidalguense, veracruzana y potosina) están fuertemente amenazadas y violentadas por la imposición de proyectos impulsados por el Estado, lo cual atenta contra su territorio, integridad y derecho a vivir dignamente.

Los proyectos que amenazan a los pueblos huastecos tienen que ver, principalmente, con la extracción de petróleo, concesiones mineras y tala inmoderada y clandestina de bosques, así como la distribución de semillas híbridas y agroquímicos que afectan la producción y diversidad del maíz.

Otra de las problemáticas en la región tienen que ver con la atención a la salud, ya que la actividad de las parteras –parte de sus usos y costumbres- es seriamente afectada por políticas impulsadas desde el Estado, que desconocen su práctica e imponen programas de salud sexual y reproductiva sin considerar a la población local.

Estos y otros problemas se pusieron en común los días 27 y 28 de noviembre del año 2013, durante la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). A la comunidad de Acatepec, municipio de Huautla, Hidalgo, asistieron representantes de comunidades como Zinhuilapan, Zacatipa, Naopa, Tezcatepec, Huitzotlaco, Tenamastepec Chicontepec y Jalamelco, de los estados de Hidalgo y Veracruz. Se reunieron las voces de los pueblos indígenas teenek, nahua, tepehua, otomí, pame y totonaco, así como no indígenas, para denunciar todas las problemáticas que prevalecen en sus comunidades y para exigir reconocimiento y respeto.

En el diálogo se establecieron lazos y líneas de acción para la defensa de la madre tierra. Los miembros de las diferentes comunidades plantearon de manera personal y colectiva las problemáticas que viven día con día, y compartieron algunos testimonios de violencia y represión ejercida por el Estado desde hace décadas.

Contra la vida misma

Las parteras nahuas demandaron su reconocimiento como forma de atención valiosa y culturalmente apropiada, y denunciaron los mecanismos a través de los cuales el gobierno, en sus diferentes niveles, discrimina y criminaliza la partería. “Los médicos y enfermeras de las clínicas de la región amenazan y hostigan a las parteras nahuas limitando, condicionando y discriminando el ejercicio de su servicio de salud comunitario nahua”, señaló una de las ponentes.

La certificación oficial de la práctica de las parteras funciona como un mecanismo de control, pues “a las que ya están certificadas les prohíben usar hierbas medicinales y dar tratamientos o masajes, incluso a algunas les prohíben atender partos y las obligan a canalizar a sus pacientes a la clínica más cercana o al hospital regional”, denunció otra practicante. Esto contrasta con el discurso de aceptación de la diversidad que maneja el Estado; en la práctica, expusieron las mujeres, el hostigamiento -e incluso las amenazas- hacia las parteras por ejercer su don, son parte de la cotidianidad huasteca.

También existe la negación o el retraso del certificado de nacimiento para los niños llegados a través de parteras, lo que obliga a muchas mujeres a optar por los servicios oficiales de salud, aun cuando son de mala calidad.

Los programas de salud sexual y reproductiva están dirigidos a forzar a las mujeres a utilizar métodos anticonceptivos, e incluso cirugías para esterilizarlas en contra de su voluntad, sin previo aviso o a través de engaños. Ante este agravio, las parteras exigen su derecho a la autodeterminación de sus formas de reproducción de la vida.

Contra el ambiente

Muchas comunidades de la Huasteca denunciaron que son afectadas por la actividad petrolera, específicamente por el proyecto Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (AIATG), que se lleva a cabo desde hace varios años en la zona. Comunidades como Chicontepec y Tlanempa, entre otras, denunciaron compras engañosas de tierras, falta de información sobre los proyectos y sus implicaciones, así como múltiples afectaciones ambientales que ya son palpables en sus parcelas y fuentes de agua.

El problema de la devastación forestal por parte de talamotes, legales e ilegales, no es ajeno a la región. No respetan las decisiones de los pobladores sobre qué se puede talar y qué no, e incluso extorsionan a los habitantes de las comunidades. Tal es el caso de El Susto, en Zinguilapan, o de Acaxochitlán. Estas y otras comunidades luchan todos los días por defender sus bosques de la devastación y de las organizaciones criminales.

La defensa del maíz nativo fue otro tema central. Los asistentes insistieron en que atentar contra el maíz implica poner en riesgo la existencia misma de las comunidades, ya que éste se encuentra anclado a la historia y la cultura de los pueblos indígenas y no indígenas. Se denunció al gobierno mexicano como promotor del uso de agroquímicos y semillas modificadas, que perjudican a la tierra y generan dependencia económica y productiva.

“Cuando era yo chico, a mi papá le regalaron del gobierno un bulto con maíz color de rosa. Ellos mismos nos dijeron a qué distancia se debía sembrar un grano de otro y también la profundidad. Se dio un maíz bonito y grande, pero a la siguiente siembra ya no salió igual, ya no sirvió la semilla y solamente echó a perder la tierra”, testificó Martín Hernández, de Acatepec.

La preaudiencia funcionó como un vínculo entre las comunidades que asistieron y se identificaron con los problemas y luchas de su región. Encontraron solidaridad y sentaron bases para encontrar diversas formas de hacer frente a injusticias, no sólo por la defensa de la tierra y los recursos naturales, sino por el derecho a la  libre determinación, a la información y a una vida digna.