México. Los padres de los normalistas detenidos-desaparecidos en Iguala, así como la sociedad, tienen “toda la razón” en dudar de la información de la Procuraduría General de la República sobre la supuesta ejecución de los estudiantes, sostiene el académico Gilberto López y Rivas. El montaje mediático en el que se presentó la versión oficial, explica el periodista Carlos Fazio, es para dar por cerrado el caso y evadir su clasificación como crímenes de lesa humanidad.

La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Karla Micheel Salas, señala que las supuestas pruebas del procurador Jesús Murillo Karam son “una tomadura de pelo” a la sociedad, y el obispo Raúl Vera llama a reflexionar sobre el grado de corrupción que ha logrado el crimen organizado.

Carlos Fazio, periodista y académico experto en geopolítica y seguridad nacional.

Fazio coincide en que la versión de la PGR estuvo motivada por el intento de hacer un corte de caja del caso Ayotzinapa de forma previa a la gira asiática del presidente Enrique Peña Nieto, por lo que “el Procurador se vio obligado a acelerar el pronunciamiento”.

La información ofrecida por Jesús Murillo Karam “forma parte de una puesta en escena de la verdad oficial, que no es la verdad jurídica ni la verdad histórica, aunque se quiera hacer aparecer así”.

El mensaje que se envía con el montaje mediático, señala, es que será prácticamente imposible que a través del ADN  se corrobore que las cenizas pertenecen a los 43 estudiantes, detenidos y desaparecidos por la policía de Iguala.  “Difícilmente, a través de cenizas, se podrá n encontrar 43 respuestas que dejen tranquilos a los padres”, resume.

Después del anuncio de la PGR vendrá una etapa de gran polarización social, predice el analista. Estarán como actores, y con su propia lógica cada uno, los normalistas, los padres de los desaparecidos , organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del estado de Guerrero (CETEG), los movimientos armados y otro actor, “conformado a partir de movilizaciones estudiantiles, que se aglutinó detrás de la consigna de ‘Fue el Estado’, y que ahora deberá profundizar esa consigna”. El anuncio del procurador tuvo que ver con un replanteamiento de la estrategia gubernamental ante la unidad, en la práctica, de estos actores. Se verán

“No hay que perder de vista que los crímenes de Iguala se dan en marco de un problema estructural en México. Es un crimen de lesa humanidad”, insiste el analista, pues participaron agentes estatales con uniforme y bajo una cadena de mando. Lo que no reconoció el Procurador, remarca, es la desaparición forzada, y lo trató de tipificar como secuestro o privación ilegal de la libertad.

El movimiento social, valora el analista, debería solicitar que se tipifique el crimen de desaparición forzada y que haya garantías de no repetición. “Puede ser  la oportunidad de que haya un gran movimiento nacional de búsqueda de todos los desaparecidos, que según las cifras oficiales son 22 mil, pero otras cifras hablan de más de 30 mil”.

Gilberto López y Rivas, académico e integrante de la Comisión de Mediación para la búsqueda de los detenidos-desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR)

Para el académico, la versión de la PGR “es una enorme falta de sensibilidad humana y una violación del debido proceso”. Se trata, señala, de “las conocidas tácticas del Estado mexicano de pretender imponer a los padres, la sociedad y el ámbito internacional, a partir de declaraciones de supuesto sicarios, la versión que ellos quieren. Lo que están haciendo es la muy sabida administración de un conflicto que se les vino encima, con el objetivo de sustraerse de cualquier responsabilidad”.

El intelectual, que renunció al Partido de la Revolución Democrática hace 11 años, remarca que se trata de un crimen de lesa humanidad, pero “el Procurador se sustrae de ese tipo de conclusiones; el enjuiciamiento a los detenidos no se hace por crímenes donde el Estado está involucrado, como desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales; lo quiere llevar a un terreno estrictamente penal y de delincuencia organizada”, como si se tratara de un evento aislado, lo que es “absolutamente absurdo dadas las dimensiones de lo que ha pasado los últimos 12 años en México”.

López y Rivas resume: “La versión de la Procuraduría no tiene ningún sustento más que el dicho de tres personas, que habría que dudar mucho de cómo y en qué circunstancias se obtuvo y quiénes son realmente ellos”. Los antropólogos forenses argentinos, puntualiza, no han dado ningún tipo de conclusión. “Con toda justeza y razón, los padres y la sociedad desconfían total y absolutamente”, remarca.

La información se dio, además, violando el debido proceso al hacer pública información que no debería serlo: “El Estado cubre sus pasos; lo hace así para poder asumir que se violaron sus derechos y que dentro de dos años salgan libres”.

Después de las declaraciones de la PGR, adelanta López y Rivas, vendrá la criminalización de las manifestaciones de los padres de los desaparecidos, los normalistas “y toda la sociedad que proteste”.

Raúl Vera López, obispo de Saltillo y parte de la Red Década contra la Impunidad, que da seguimiento al caso del asesinato de opositores a manos del ex alcalde de Iguala

El religioso sostiene que, independientemente de la identidad de las personas que hayan sido calcinadas, este tipo de hallazgos se dan no sólo en Guerrero, sino en otros estados como Coahuila y Zacatecas. Señala que existen antecedentes del actuar criminal del ex alcalde de Iguala, que ejecutó personalmente a integrantes de la organización Unidad Popular.

Vera López llama la atención a que la detención de 43 jóvenes y la ejecución de seis civiles se dio a manos de agentes del Estado, que están bajo autoridad del Estado y son parte estructural del Estado, lo que “nos debe llevar a pensar en el grado de corrupción que ha logrado el crimen organizado y como se le permitió llegar hasta altas esferas”. Cuestiona por dónde pasó el dinero de las tarjetas Monex y Soriana “para pagar la elección del Presidente”, recuerda el trasiego de dinero y droga en camionetas con logos de Televisa y cuestiona cuántos mexicanos costarán esos pactos.

Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y litigante en caso del Campo Algodonero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

La abogada, que ganó al Estado mexicano el caso de las mujeres asesinadas y tiradas en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, señala que lo ofrecido por la Procuraduría “no es una versión creíble ni para familias ni para sociedad mexicana”.

Salas Rodríguez recuerda que es la tercera ocasión en que el Estado ofrece una hipótesis sobre lo ocurrido. La primera, cuando la Fiscalía General del Estado señaló que personas que presuntamente participaron en la desaparición enterraron a los jóvenes en fosas en La Parota; la segunda, cuando “por el escándalo y la presión” intervino la PGR y sostuvo que estaban en fosas clandestinas diferentes que las primeras; y en esta tercera, que contiene información contradictoria. “Son tres grupos de personas detenidas que dan versiones distintas”, recuerda.

La abogada señala que más allá de los testimonios, no hay pruebas científicas, “por ejemplo llamadas de teléfono u otra información que corrobore los dichos, como notas, facturas o videos de estas personas comprando las grandes cantidades de diesel o gasolina que hubieran necesitado; y si en las supuestas camionetas que trasladaron a las personas hay sangre, ropa u otro elemento que confirme las declaraciones. Son camionetas que simplemente aparecieron pero no claridad de dónde están ni de dónde las sacaron”.

Otros puntos que no quedan claros son cuántas personas participaron en todo el proceso, pues “tres personas, manejando dos camionetas y custodiando a 43 jóvenes son pocas. Además, para la gran cantidad de cenizas que debió quedar, se tomaron la molestia de que no solo no las dejaron, sino que las recogieron y pusieron en bolsas a pesar de estar en un basurero”.

“Resulta muy conveniente que la PGR de como válida la única versión que no tiene medio de verificación científico”, pues ya se adelantó que por el estado de calcinación será difícil determinar a quién pertenecen los restos. “Es querer tomarnos el pelo a la sociedad y a las familias, que piden un poco de seriedad y que cuando abran la boca sea con elementos científicos y no con testimonios donde las autoridades sólo retomen lo que les parezca correcto”. La investigación de la Procuraduría es tan endeble, sostiene Salas Rodríguez, que ni siquiera pudieron lograr que les otorgaran una orden de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca.