México, DF. La guerra contra el crimen organizado ha generado una violencia extrema contra las mujeres, sin precedente en el país. No hay una política pública nacional en este tema, y hay policías dedicados a la trata de personas y ya no sólo coludidos.  El estado de Aguascalientes está a la orden del día en el número de casos y en Torreón, Coahuila, hay niñas  secuestradas cada día; tampoco se ha podido superar la discriminación hacia las mujeres y se necesita promover un cambio cultural de esos valores que la justifican, diferenciando la trata de personas del trabajo sexual elegido voluntariamente.

Los días 8, 9 y 10 de octubre se llevó a cabo el evento anual de la Red Nacional de Refugios “Los refugios… seguridad y protección para las mujeres”, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Centro Histórico del Distrito Federal.

Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), señaló en su conferencia magistral “La protección y el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia: avances y retos para México”, que han habido avances legales importantes en el tema, como el hecho de que los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, formen parte del artículo 1 constitucional, como ley suprema de la nación, que obliga a las instituciones del gobierno mexicano a cumplir sus respectivos mandatos.

García Espinoza mencionó que la discriminación hacia las mujeres “nos sigue hasta los espacios públicos el día de hoy” y que la guerra contra el crimen organizado, ha generado una violencia extrema hacia las mujeres sin precedente en el país.

A la pregunta de qué hace falta hacer para que se apoye a los refugios para las mujeres víctimas de violencia, reiteró que no hay una política pública nacional contra la violencia hacia las mujeres, ya que ésta debería sustentarse con recursos económicos etiquetados, en este caso específicamente para los refugios que atienden a mujeres víctimas de esta situación.

Con respecto al comentario de que hay Ministerios Públicos coludidos con la trata de personas, Dilcya Samantha señaló que además hay policías dedicados a la trata, no sólo coludidos con ella y que era una pena que a su salida de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), ya no se ofreciera apoyo para el rescate de menores víctimas de trata de la Merced.

Integrantes de la Red Nacional de Refugios informaron que la mayoría de las mujeres que egresaron de dichas instituciones, terminaron como empleadas domésticas o sirviendo en restaurantes, pese a las capacitaciones recibidas durante su estadía. Y que por la falta de documentos y de voluntad de la involucrada, se suspende la capacitación para el trabajo después de la estancia en los refugios.

Se insistió en el hecho de que la mayoría del personal de los refugios operados por organizaciones de la sociedad civil (OSC), no tienen seguridad social, seguro ni salario digno y que por ello hay mucha rotación de personal. Sin embargo, la situación es diferente en los refugios dirigidos por instituciones de gobierno.

Se afirmó que hay una gran dependencia de los refugios hacia los recursos aportados por la Secretaría de Salud y otras dependencias federales, que en algunas regiones llega hasta el 90 por ciento. Así mismo, sólo el 40 por ciento de las instalaciones son propias.

Con respecto al tema de trata de personas se denunció que en Aguascalientes está a la orden del día en el número de casos y que en Torreón Coahuila, hay niñas cuyas madres están vinculadas en ese delito, que se da como un secuestro diario, donde los explotadores sexuales van por las jovencitas a la escuela y las entregan a la mañana siguiente para que sigan estudiando.

Algunas trabajadoras y operadoras de refugios, manifestaron que el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) y otras instituciones gubernamentales las presionan para que rescaten a dichas niñas, cuando ese trabajo le toca al gobierno y no a la sociedad civil.

La doctora Luz García López, presidenta de la Fundación Sigmund Freud, Psicoanálisis, Investigación y Terapéutica, presentó la herramienta “Cat-sex” para evaluar el desarrollo psicosexual y abuso sexual en menores de edad.

García López declaró que en América Latina hay 6 millones de menores víctimas de agresiones severas y que 80 mil mueren al año por violencia al interior de su hogar y que por ello hace falta una guía de intervención clínica y ética, así como la defensa de los derechos del niño y niña.

Explicó que la herramienta que ella pone a consideración de las asistentes en este evento, es un instrumento certificado por la Secretaría de Salud del Distrito Federal y por las comisiones de ética e investigación del Hospital General “Manuel Gea González”.

Indicó que la idea del “Cat-sex”, es que el psicólogo se calle, ya que a su juicio, no tiene porqué devolver al niño el horror que experimenta, al escuchar los abusos de que ha sido objeto por parte de otros adultos.

Lydia Miranda Eslava, Directora de la Unidad de Género de CONAVIM-SEGOB, sostuvo que en México, no se ha podido superar la discriminación hacia las mujeres y que el personal encargado de la atención a las víctimas de violencia, es fundamental.

Miranda Eslava aseguró que se debe comprender la dificultad de las mujeres para dejar la violencia y los propios prejuicios sobre este tema. Remarcó que hay que respetar la autonomía de las mujeres, darles opciones pero que ellas son quienes tienen que decidir y no el personal que las atiende o acompaña que en todo caso debe respetar sus necesidades y hacer la diferencia entre aquello que buscan las mujeres víctimas de violencia, lo que necesitan y aquello que queremos darles.

Una directora refirió que con demasiada frecuencia “nos mordemos la lengua cuando coartamos las decisiones de las víctimas, como defensoras de derechos humanos que somos”.

Patricia Olamendi Torres, experta del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer “Belém do Pará”, tuvo a su cargo la conferencia magistral “El derecho de las mujeres a vivir sin violencia: Avances de México en la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia Contra la mujer”.

El panorama que expuso fue desolador. Informó que las áreas del gobierno de apoyo a víctimas, han sido desmanteladas; no se sabe cuántas mujeres denuncian, cuántas están desaparecidas o asesinadas y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), encargada de elaborar la base de datos, “seguramente considera dicha información como de seguridad nacional”, porque no aparece en ningún lado.

Advirtió que pese a que hoy tenemos mecanismos institucionales y leyes, no sabemos cómo operan, ya que no hay protocolos, ni guías de atención. Sin embargo, puso el ejemplo de Guerrero, donde las violaciones se resuelven por conciliación entre la mujer ofendida y el agresor.

Hizo un llamado a las asistentes al evento, a denunciar a los jueces y servidores públicos que no cumplan con su trabajo.

A Olamendi le parecía increíble que en México no hubiera siquiera 100 refugios para las mujeres víctimas de violencia, que fuera legal el matrimonio con una niña de 12 años, que en Colima se haga una excepción en el caso del delito de estupro, cuando es producto del comercio sexual, que los homicidios por honor no alcanzaran penas mayores a los 3 años, esto es que alcanzan libertad bajo fianza y que los Ministerios Públicos en lugar de levantar averiguaciones previas para perseguir delitos violentos contra las mujeres, levantan actas circunstanciadas que no son capturadas para ser analizadas en la estadística nacional sobre violencia hacia las mujeres y niñas.

Continuando con este negro panorama de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, Olamendi, remató con el hecho de que la SSP federal, ni siquiera toma en cuenta el Protocolo de Estambul contra la tortura y que había que terminar con el doble estándar, donde un hombre que golpea a una mujer en su casa, se va a tratamiento psicológico y si lo hace en la calle, a la cárcel.

La expositora insistió en que están equivocadas las organizaciones de mujeres, al exigir reformas legislativas y presupuestos que existen, pero que no se sabe a ciencia cierta cómo son implementados.

Cuestionada por Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, con respecto a la trata de personas y el trabajo sexual, insistió que el trabajo sexual es una cosa y debe ser respetado y que con la lectura del libro “Guerreras de la noche Lo difícil de la vida fácil. Diagnóstico sobre las dimensiones sociales del trabajo sexual en el estado de Veracruz”, escrito por la feminista Patricia Ponce, se enteró que muchas trabajadoras sexuales son sobrevivientes de trata, que no perdieron la vida.

Olamendi señaló que la explotación sexual, es una situación muy grave y que no se combate la trata de personas, porque está muy arraigada y justificada en la sociedad, por lo que hay que promover un cambio cultural de esos valores y diferenciarla del trabajo sexual elegido voluntariamente.

Comentó que frente a  la situación que impera en el país con respecto al combate a la violencia hacia las mujeres y niñas, sólo queda la denuncia y la protesta.

La Red Nacional de Refugios,  organización que convocó a este evento nacional, tiene 44 afiliados, de los cuáles 32 son operados por OSC.

Participaron 45 directoras, 63 profesionales de refugios y 79 representantes de organizaciones civiles e instituciones de gobierno de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), entre otras.

Publicado el 15 de Octubre de 2012