Tlapa, Guerrero. En pocos meses, el gobierno del estado logró desestabilizar a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Costa y Montaña de Guerrero, surgida en la base de las comunidades hace casi 19 años. Sin embargo, advierten los pueblos, la CRAC son las bases, no unos cuantos líderes.
La estrategia para desarticular a la CRAC se observa con mayor intensidad desde enero de 2013, con los acercamientos del gobierno del estado al territorio comunitario. Estas tierras son amenazadas, según datos oficiales, desde el 2009, año en el que empezaron a otorgarse 27 permisos de concesión minera con estatus vigente a empresas transnacionales como la Vendome Resources Corp, de capital canadiense, y la Hochschild Minning, de capital peruano, para exploración con miras a la explotación de minerales en esta región1.
La CRAC, sin duda, representó el principal actor en la región con fuerte y clara oposición a la instalación de estas empresas en territorio comunitario, y no permitió en un primer momento la entrada tan sencilla a esta zona, razón por la que el gobierno diseñó una estrategia para acabar con el enemigo más inmediato; se trató de una campaña organizada desde dentro al cooptar a dirigentes que dejaron sobornarse.
Algunos acontecimientos que dan muestra de la estrategia de desarticulación corresponden a la fuerte campaña mediática con la intención de confundir a la CRAC-PC con los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que apenas se estaban organizando, en tanto que la CRAC tiene más de 18 años de existencia. Por otro lado, está la firme intención del gobierno de acercarse para financiar a la CRAC. Se habló de 1.5 millones de pesos, la construcción de las cuatro Casas de Justicia de aquel entonces, el equipamiento a la organización con armas, uniformes y camionetas y hasta ambulancias. Causalidad o no, una demanda que la CRAC sostuvo por más de 10 años, de la noche a la mañana les fue otorgada sin ningún pretexto.
Se invitó a la CRAC a formar parte de la Comisión para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos, donde junto a la UPOEG negociarían con el gobierno del estado proyectos productivos, financiamientos y apoyos para las familias de los comunitarios, todo con el respaldo del gobernador e intermediación de Jaime Martínez Veloz, comisionado del gobierno federal para promover la resolución de conflictos ofreciendo dinero a las comunidades.
Lo que siguió ya todos lo conocen. Eliseo Villar, con pocos meses en el cargo de coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, la más antigua de la CRAC, aceptó la credencialización de los policías comunitarios. Esto significó un gran retroceso para la organización, pues algo que fue defendido por años, de un momento a otro se aceptó sin consultar a las asambleas. Siguieron las detenciones de los comunitarios. Actualmente se tienen recluidos a seis comunitarios de El Paraíso y uno de Zitlaltepec en penales en el estado; mientras que otros cuatro: Nestora Salgado, Arturo Campos, Marco Antonio Suástegui y Gonzalo Molina, están encarcelados en penales de alta seguridad.
Al interior de la CRAC comenzaron a diferenciarse las posturas; por un lado, estaban los respaldados por el gobierno, como Eliseo Villar, en ese entonces coordinador de la CRAC; y por el otro, los fuertemente reprimidos por el gobierno por exigir el derecho de los pueblos de tener sus propios sistemas de justicia comunitaria, sin subordinarse al Estado.
Revisemos cómo llegamos hasta aquí
Les quiero decir una cosa, jamás seré elemento de fractura o división de pueblos indígenas. Mi participación estará basada en ser el instrumento que pueda limar cualquier tipo de asperezas. No debe haber divisiones, pues la lucha es la misma, trabajar intensamente para brindar seguridad, pero también en proyectos productivos, obras de infraestructura y en eso tendrán mi respaldo, señaló el hoy ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, durante su visita el 21 de enero de 2013 a San Luis Acatlán, donde entregó cuatro camionetas rotuladas, mil 200 uniformes, una ambulancia y anunció la entrega de 1.5 millones de pesos para infraestructura y equipamiento de la CRAC. Éste fue el acercamiento más fuerte que tuvo la CRAC después de 17 años de ser una institución comunitaria cuya relación con el gobierno había sido limitada a los apoyos recibidos. Jamás se habló de que el gobierno tuviera que financiar este proceso de los pueblos.
La visita del gobernador tuvo doble intencionalidad; por un lado, los apoyos por el reconocimiento al trabajo de la CRAC PC; y por el otro, aprovechó para insistir en la propuesta de un decreto que permita un marco jurídico a la CRAC para que funcione como Policía Auxiliar de las corporaciones policiacas oficiales, a nivel estatal y federal, para lo cual tendría que estar en permanente capacitación. El argumento: que la CRAC lograra su regularización y no contraviniera al marco constitucional y legal.
El 27 de enero, Humberto Salgado Gómez, encargado del despacho del gobernador, indicó que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) mantendrá el sitio que se ha ganado con los policías que se han integrado a esa asociación. Se le preguntó si con el decreto la rectoría de la policía comunitaria ya no la tendría la CRAC, y respondió que no se trataba de quitarle la rectoría, sino que el decreto daría la posibilidad a los pueblos indígenas de afiliarse y constituirse de acuerdo con la decisión de sus pueblos, con sus usos y costumbres, pero debidamente enmarcados en nuestras leyes3.
No pasó mucho tiempo después de la visita cordial del gobernador a la CRAC. Días después anunció la promulgación de un decreto para regular las policías comunitarias, que sería enviado al Congreso local para su aprobación. Desde la lógica del estado, todos eran iguales. La CRAC con sus 17 años de historia, junto a los grupos de autodefensa que habían proliferado en todo el estado, así como en Michoacán. En ese momento, el estado vivía una situación de tensión por la inseguridad desenfrenada en las distintas regiones y la clara violencia que a diario los pobladores vivían. Esta situación generó que a principios de enero, habitantes de Ayutla de los Libres y Tecoanapa se levantaran contra la delincuencia organizada.
En Guerrero se generó una gran confusión, ya que los propios líderes de estas agrupaciones las autonombraron policías comunitarias, lo que la CRAC desmintió en un comunicado, declarando que estos levantamientos no eran de miembros suyos. Pero no hubo suficiente impacto, y los grandes monopolios televisivos dejaron ver a la CRAC, la UPOEG y los demás grupos de autodefensas como uno solo.
Una tras otra aparecieron declaraciones de los levantamientos de los grupos de autodefensa denominados policía comunitaria, y la prensa, los monopolios televisivos, empezaron a satanizar a estos grupos, incluyendo a la CRAC, calificándolos como grupos violentos que tomaban la justicia con mano propia y que representaban un peligro. Argumentos que apuntaban a la incorporación de todos, sin distinción, al proyecto de Policía Rural en el estado de Guerrero.
En el marco de estos acontecimientos, el 4 de febrero el gobernador instaló la Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyo interlocutor sería Jaime Martínez Veloz, cuyo trabajo se conoce bien como mediador, pues a donde llega a resolver conflictos, todo lo quiere arreglar con dinero para los indios. Aguirre Rivero justificó la creación de dicha comisión porque, dijo, es mucho más lo que nos identifica como guerrerenses, que lo que puede distanciarnos y dividirnos, amén de que permitirá unir esfuerzos, voluntades y recursos para que cerremos la puerta a males comunes generando oportunidades de justicia y desarrollo4.
Un dato importante: el 15 de febrero, la CRAC fue convocada a una reunión con el Secretario de Gobierno para tratar lo relacionado al decreto para reglamentar a las policías comunitarias. Da la casualidad que antes de terminar la reunión, sin acuerdos concretos, Jaime Martínez Veloz aprovechó la ocasión para presentarse y para hablar sobre el desarrollo que se quiere para los pueblos. Detalló los proyectos sentados en territorios indígenas como la minería, cuyo principal problema, según él es que no dejan las ganancias a los pueblos y se llevan todo.
De una reunión donde se discutía el decreto que amenazaba la existencia de la CRAC, este individuo llegó para hablar de desarrollo y de la bondad del gobierno para acompañar a los pueblos.
Los acercamientos que en los últimos años se hicieron con el gobierno del estado, para hablar de apoyos a la CRAC, no fueron decisión directa de la asamblea regional, es decir, de todos los pueblos que pertenecen a la Coordinadora. Este tipo de acciones fue debilitando el proceso interno de la CRAC que, sin darse cuenta, traerían consecuencias graves. Si algo había sostenido un proceso como el de la policía comunitaria de Guerrero, fue la fuerza de las asambleas regionales, la voz de los pueblos informados para decidir el rumbo de su organización comunitaria.
Se apuntó a la negociación con el estado, confiando que éste cedería el supuesto apoyo económico sin pedir algo a cambio, sin tener intenciones ocultas como la desintegración de la Coordinadora. Pero los malos gobiernos jamás permitirían que la CRAC caminara en autonomía, aún con el discurso de los apoyos trabajando de la mano, como repitió el gobernador.
A partir de estos acercamientos con el gobierno, la CRAC empezó a jugar en el terreno de ellos, y más adelante bajo sus propias reglas. Quien se saliera de este marco sería reprimido y duramente castigado, como son los casos de los policías comunitarios detenidos en penales del estado, como Bernardino García Francisco, Abad Francisco Ambrosio, Eleuterio García Carmen, Ángel García García, Benito Morales Bustos y Florentino García Castro (Casa de Justicia de El Paraíso) y Samuel Ramírez Gálvez (Casa de Justicia de Zitlaltepec)- Mientras que Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera, Marco Antonio Suástegui y Gonzalo Molina González están recluidos en penales de alta seguridad fuera del estado.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) recientemente se incorporó a la CRAC, lo que implicó una alianza de pueblos organizados, que representó un peligro al gobierno del estado por la posible articulación en momentos donde la CRAC atraviesa una fuerte crisis orquestada, sin ninguna duda, por el gobierno estatal utilizando a un fiel servidor: Eliseo Villar Castillo.
Cuando el gobernador Ángel Aguirre presentó el decreto para la creación de la Policía Rural, el 13 de febrero de 2013, cuya propuesta es la reglamentación de las policías comunitarias en el estado de Guerrero, la Coordinara Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestó inmediatamente su rechazo, considerando que se violaba la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, que reconoce que la Policía Comunitaria depende de la CRAC, así como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El 9 de julio, en una reunión a puerta cerrada en la residencia oficial Casa Guerrero, el impugnado coordinador de la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, ratificó su alianza con el gobierno estatal, que inició el proceso de credencialización de la PC, de tal manera que todo aquel integrante de CRAC que no cuente con dicho documento estará en riesgo de ser detenido y consignado ante las autoridades.
Hacemos responsable de manera directa al gobernador del estado, de las agresiones que pudiera sufrir cualquiera de nuestras autoridades regionales, consejeros, comandantes y/o policías comunitarios, pues con el aval que ha hecho público a Eliseo Villar Castillo, estamos plenamente seguros de que habrá un inminente incremento de las provocaciones y posibilidades de confrontación con esos pistoleros, advirtió la otra tendencia de la CRAC en un comunicado.
¿Quién es Eliseo Villar?
Uno de los hechos más emblemáticos en la historia de Eliseo Villar se dio el 17 de febrero de 2013 en San Luis Acatlán, cuando las comunidades de la CRAC manifestaron su rechazo al decreto para la creación de la Policía Rural, en un acto público en el que dejaron clara su postura: la defensa del sistema comunitario, la cancelación de las concesiones mineras en la Costa y Montaña y un cese al hostigamiento a los dirigentes1.
Las palabras que pronunció Eliseo Villar Castillo, mientras quemaba el documento emitido por el gobierno del estado, fueron: Nuestro proyecto comunitario no le pide nada al proyecto del gobierno. Desde aquí les decimos, aquí quemamos simbólicamente esta basura del gobierno y que tome en cuenta que nuestro Reglamento Interno de la Policía Comunitaria es el Sistema de Seguridad y Justicia que México necesita, porque a lo largo de los 17 años de la policía comunitaria no hay fracaso, existe el respeto, la democracia y la paz; aquí quemamos la basura que nos quiere imponer el gobierno estatal y federal, y aquellos compas traicioneros que hoy le están dando lado al gobierno y la espalda al sistema comunitario. Que de una vez se den cuenta que estamos inconformes y defenderemos nuestro sistema comunitario.
Lo curioso es que quien quemó la propuesta del gobernador y pronunció este discurso, meses más tarde aceptó la credencialización de los policías comunitarios por parte del gobierno, lo que significa que ya no podrán salir armados sin su permiso. Después de la quema del decreto, se pensó que Eliseo proyectaba la osadía y el compromiso con el sistema comunitario de la CRAC. Y fue como, poco a poco, siguió haciendo su aparición, donde resaltaba de entre los demás por su actitud valiente y fuerte para enfrentar sin miedo la situación que amenazaba a la Coordinadora.
La CRAC atravesaba por una situación difícil, ya que, por un lado, estaba la amenaza que representaba la UPOEG, que quería tomar el control de la Policía Comunitaria; y por el otro lado, desde tiempo atrás se había hecho visible un escenario de disputas al interior de la organización, entre algunos representantes importantes como Cirino Plácido Valerio, quien hacía referencia al grupo de fundadores; y Pablo Guzmán Hernández, a quién el grupo de fundadores acusaba de desarticular la organización por sus acercamientos con el gobierno del estado.
Una muestra de esta tensión se presentó pocos días antes de la Asamblea Regional del 9 de febrero, en la que se modificó la sede, planteada en un inicio en Santa Cruz del Rincón, pero que terminó realizándose en Jolotichán. Este cambio fue, de acuerdo a un comunicado que circuló por parte de la CRAC San Luis Acatlán, por el riesgo de que el grupo de los fundadores de la CRAC pudiese tomar la Casa de Justicia por la fuerza1, ya que se habían dado varios intentos de llevar a cabo esta acción. Eliseo Villar, en ese entonces, fungía como comandante de la guardia permanente en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. En la asamblea en Jolotichán, el propio Eliseo tomó la palabra para reiterar su compromiso y su lealtad con la policía comunitaria, señalando que defendería el proyecto, porque no era posible que la UPOEG u otros grupos quisieran apoderarse de la CRAC para sus propios intereses. Ante todos se mostraba como un individuo con valor para defender el sistema comunitario, o al menos eso aparentó cuando tomó la palabra. Se escuchaba a un individuo dispuesto a dar la vida si fuera necesario.
Villar Castillo fue uno de los policías que participó en la recuperación de la Casa de Justicia que fue tomada, el mismo 9 de febrero, por el grupo de los fundadores y estudiantes de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR). Lo que representó esta toma fue una clara ruptura de estas dos facciones, cuyas diferencias siguen vigentes. La disputa entonces fue la elección de los nuevos coordinadores, en particular de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, pero en realidad tiene que ver con el control al interior de la CRAC, pero no de la de hace 10 años (a la que se quería desmantelar), sino a la de ahora, que está en la mira del Estado; a esta CRAC cuyo territorio es ambicionado por las empresas mineras.
Llegó la fecha de elección de nuevas autoridades y Eliseo Villar fue nombrado Coordinador por parte del pueblo mestizo en la Asamblea Regional realizada el 23 de febrero 2013, en medio de una gran tensión donde el rumbo de la CRAC sería decisivo. En dicha asamblea, volvió a hablar de su compromiso ante la Coordinadora. Eliseo fue el único de los coordinadores que habló después de la toma de protesta, exhortando a los cientos de asistentes a ponerse de acuerdo en torno a dos temas: las mineras que pretenden instalarse en la zona, y la creación de la reserva de la biosfera en la Montaña Costa Chica, pero ante todo, convocó a que ya no nos sigamos peleando2.
Conforme pasó el tiempo, todo esto quedaría en el discurso. En un año las conductas de Villar dejaron mucho que desear, traducidas en negociaciones expresas y abiertas con el gobierno del estado, lo que, sin duda, es la expresión de un gran pacto en el que Eliseo fue utilizado para terminar de fracturar a la organización que costó construir más de 18 años a los pueblos de la Montaña y la Costa.
¿Al servicio de quién?
Se pensó que con la elección de los nuevos coordinadores (y el hecho de que la UPOEG no hubiera ganado ninguna de las coordinaciones), la CRAC se había salvado, pero nunca se pensó que Eliseo Villar amenazaría el proceso de la policía comunitaria.
Desde el inicio de su coordinación al frente de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar ya daba bastante qué pensar. Mientras en marzo y abril de 2013, el movimiento magisterial de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG) se encontraba en movilizaciones rechazando la reforma educativa que Enrique Peña Nieto impuso a los trabajadores, la CRAC se le unió para constituir el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), para hacer frente a la embestida neoliberal que se vislumbraba y contra los proyectos de privatización en el estado.
Durante el mitin, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), representada por Eliseo Villar, advirtió al gobierno federal y del estado: retomen el diálogo cuanto antes con los maestros de la CETEG porque en caso contrario se van a arrepentir. No hay que dar paso atrás en este movimiento. 3. En ese momento Eliseo apareció a nombre de la CRAC para manifestar no sólo su apoyo a los maestros, sino para plantear una serie de ultimátum al gobierno del estado, sin consultar a los pueblos sobre la postura que querían tomar. Pero este discurso duró lo que tenía que durar. Tiempo después, este apoyo planteado abiertamente, quedó sólo en manos de una fracción de la CRAC, la que se siguió manifestando desde la Casa de Justicia de El Paraíso a través de la Policía Comunitaria de Tixtla, Guerrero.
Mientas Villar Castillo empezó a apostar por la negociación con el gobierno, sus declaraciones poco a poco se fueron desvaneciendo. Un día declaraba algo y luego cambiaba de opinión al polo opuesto.
El problema más grave vino cuando empezaron los desconocimientos a los demás integrantes de la CRAC. Por ejemplo, una vez que Eliseo se retira del MPG, los policías comunitarios de Tixtla, entre ellos Gonzalo Molina, consejero de la CRAC, hoy preso en un penal federal de máxima seguridad, son señalados por él como novatos que no conocen el reglamento interno de la CRAC, por haber marchado armados a la ciudad de Chilpancingo. No obstante, el reglamento había sido violado múltiples veces por él mismo, porque los Coordinadores, de acuerdo al Reglamento Interno de la CRAC, no tienen la autoridad para desconocer a otros miembros de la organización, pues eso, en todo caso, le correspondería a la Asamblea Regional, máxima autoridad de todo el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario. Aunado a que el nombramiento tiene que ser ratificado por sus comunidades de origen, situación que en su caso no se cumplió, ya que Capulín Chocolate (comunidad a la pertenece Eliseo) siempre ha manifestado su rechazo a que él sea coordinador, debido a sus antecedentes comunitarios y los procesos penales que enfrentaba desde antes de su nombramiento.
Eliseo, el único supremo de la CRAC
Con el desconocimiento de la marcha de los policías comunitarios de Tixtla, se vinieron una serie de acciones por parte de Eliseo Villar, con una clara estrategia de desconocer a todo aquél que no estuviera de acuerdo con su postura, tan es así que no sólo desconocía a la Asamblea Regional, sino también llegó a expulsar a miembros de la CRAC.
Las alianzas y los acuerdos con el gobierno del estado no se dejaron esperar. En febrero recién fue electo como coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, y tres meses después logró la aceptación del gobernador, quien en mayo regresó al territorio comunitario para reafirmar su intención de trabajar coordinadamente con la CRAC. En ese acto se entregaron apoyos a los policías comunitarios, y se prometieron 24 millones de pesos para la construcción de las cuatro casas de Justicia (San Luis Acatlán, Zitlaltepec, Espino Blanco, y más adelante Cochoapa).
Eliseo terminó por aceptar lo que la CRAC tanto había peleado por años, ante el hostigamiento y acoso del estado para su subordinación al sistema de seguridad oficial. Él quemó el decreto que pretende limitar la actuación de la CRAC, y él mismo fue quien dio apertura total a la entrada del gobierno en las decisiones que sólo competen a la organización. Entre las acciones más repudiadas de Villar Castillo está la reunión en la Casa Guerrero en agosto de 2013, donde se concretó uno de los golpes más fuertes al Sistema de Seguridad y Justicia de la CRAC, con la aceptación de la credencialización de los comunitarios. En esa misma reunión, Eliseo Villar negoció con el gobierno proyectos, apoyos, recursos para la CRAC, traicionando los principios de la Asamblea Regional que en ningún momento fue consultada.
El otro golpe duro fue el desconocimiento de la Casa de Justicia del Paraíso (Tixtla, Olinalá y Ayutla) pues después siguieron las detenciones. Según Eliseo, en la historia de la CRAC en ningún momento se ha impedido a los militares que entren a territorio comunitario, mucho menos a la Policía Estatal, pues hay coordinación con el gobierno estatal y federal somos bien conscientes y bien claros que pertenecemos al Estado, pertenecemos a la nación y no tenemos por qué aferrarnos a decir que somos independientes del gobierno. Es un error que ellos lo manejen así.
Toda esta situación agudizó la división de posturas al interior de la propia organización. Muestra de ello fueron las detenciones de Nestora Salgado (Olinalá), Gonzalo Molina (Tixtla) y Arturo Campos (Ayutla), quienes actualmente siguen recluidos en penales federales de máxima seguridad. Es claro que el esfuerzo, no sólo de los presos políticos, sino de las bases de la CRAC, son absolutamente contrarios a lo expresado por Villar en los medios y en la práctica, que refleja el claro objetivo de irrumpir el orden comunitario, generar una política de represión contra aquellos que piensen diferente, confrontar a los pueblos y, sobre todo, generar un escenario de muerte.
Y los pueblos empiezan a reaccionar
En este contexto, los pueblos empezaron a darse cuenta de los graves daños que está causando Villar Castillo a la organización. Poco a poco las asambleas se fueron informando, pero aún falta mucho trabajo por hacer, pues con una persona como Eliseo Villar al frente no es una tarea sencilla. Los pueblos han empezado a informarse y algunos Consejeros han desenmascarado a Villar, quien supo cómo entrar a la organización y engañar con discursos sufridos y aguerridos.
Actualmente se lucha porque el gobierno del estado deje de alimentar el deseo codicioso y de poder de Eliseo Villar: Los pueblos que aún forman parte de la CRAC lo destituyeron en la Asamblea de Espino Blanco, el 29 de marzo de 2014, fecha en que la asamblea ordena la inmediata detención de los tres por el fraude cometido en contra del sistema comunitario, por el saqueo de las instalaciones de dicha casa y por la privación de la libertad de varios de sus compañeros (entre ellos Valentín Hernández, asesor de la anterior coordinación de la CRAC).4
Sin embargo, el gobierno del estado sigue reiterando su apoyo a Villar. Hay versiones que cuentan que se pretende postular para presidente municipal de Marquelia. Lo que es un hecho es que este personaje es una muestra de la infiltración del gobierno para desarticular y acabar con una organización nacida en el seno de los pueblos de la Costa y la Montaña, que está llevando a cabo con todo el recurso dado, y el apoyo incondicional a Villar Castillo quien en medio año logró vender a la CRAC al peor postor: el gobierno.
Revisemos los expedientes, hagamos minuciosamente reflexión de cómo actúa el estado. El gobierno jamás permitirá que los pueblos vayamos más allá de un discurso del indígena permitido. Cuando reclamamos derechos de tierra, territorio, justicia, seguridad comunitaria, autonomía, inmediatamente se nos quiere encarcelar, se nos hostiga, se nos criminaliza. Pero si le obedecemos al gobierno, si le permitimos entrar al interior de los pueblos sin condicionarlo, seremos bienvenidos y hasta apapachados, como lo hacen con Eliseo Villar, que ha sabido colocarse como un personaje que está terminando por entregar a la CRAC. Lo que el gobierno ni él mismo contemplan es que los pueblos son sabios, nuestros abuelos y abuelas nos han enseñado a levantarnos una vez que caemos, y que lo que echó raíz profunda es imposible terminarlo del todo.
