Con la excepción de la toma policial de la Puerta del Sol durante las Jornadas Mundiales de la Juventud y del desalojo de la primera acampada de Sol la madrugada del 17 de mayo, el movimiento 15M ha celebrado asambleas de sus grupos de trabajo, comisiones y coordinadoras sin grandes problemas desde la primera semana de la acampada de Sol.

Eso puede cambiar si la Delegación del Gobierno logra normalizar su intención de multar a quienes participen en una asamblea pública en Sol que no haya sido notificada. Ese fue el mensaje que trasladaron agentes de la Policía Nacional a las personas que asistieron a la Asamblea General de Sol del 22 enero.

Pese a las amenazas, que han llevado a un intercambio de declaraciones y hasta de mensajes en la red social Twitter con la nueva delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, la Asamblea General de Sol decidió seguir convocando como hasta ahora: las asambleas públicas y pacíficas en la parte peatonal de esta plaza madrileña no serán notificadas ante la delegación. La próxima será la de este domingo a las 12 horas, para la que están pidiendo un especial apoyo.

¿Es obligatorio comunicar una reunión pacífica?

En declaraciones recogidas por Ecodiario, Cifuentes aseguró que «lo que la policía dijo no es que se solicitase un permiso -que no hace falta para ejercer el derecho de reunión, que viene regulado en la Constitución y desarrollado en una Ley Orgánica- sino que hay que comunicar la reunión porque, tal como dicen las leyes, todo aquello que sea reunión de más de 20 personas en un lugar de tránsito público puede provocar, incluso para ellos mismos, cierta alteración y ciertos problemas».

La delegada del Gobierno ha declarado que está «abierta a reunirse con el 15M o con cualquier ciudadano». Al mismo tiempo, Cifuentes ha asegurado que el movimiento está dirigido «por la ultraizquierda» y que «tiene mucho que ver con movimientos antiglobalización y antisistema». También ha mencionado los supuestos perjuicios que supuso en su día la acampada para los comercios de la zona, en la línea de lo que defendió el Gobierno regional durante las primeras semanas de movimiento.

Según el grupo legal de Sol, se trata de una interpretación «restrictiva» del derecho a la libre reunión. Este grupo de trabajo argumenta que el Tribunal Constitucional requiere explícitamente que la libre reunión en un lugar de tránsito público sea de carácter pacífico, pero dicha doctrina (recogida en la sentencia 59/1990) no establece la obligatoriedad de la comunicación previa.

El grupo legal intervendrá en la asamblea del domingo dentro del punto dedicado a dudas jurídicas sobre las numerosas multas y casos de agresiones policiales que han sufrido integrantes del movimiento desde su inicio.

La convocatoria de asamblea coincide con una cadena humana contra el paro apoyada por el grupo de desempleados y desempleadas del 15M, que sí ha sido comunicada y cuenta con el visto bueno de la administración. La Asamblea General tiene previsto sumarse a la cadena a su paso por la Puerta del Sol y comenzar minutos después.