Hace 44 años nació Inés Fernández Ortega en la escarpada Montaña de Guerrero. Su niñez la vivió entre laderas y peñascos, siempre acompañando a sus padres. Creció en medio de penurias y precariedades. Sus largas jornadas en el campo las turnaba con el pastoreo de cabras. Inés subía y bajaba los cerros para arrear a sus animales. Tenía 15 años cuando conoció a Fortunato, que también cuidaba chivos en las colindancias de El Camalote y Barranca Tecoani. Muy jóvenes cimentaron su matrimonio que por más de 2 décadas han enfrentado multiplicidad de agresiones y amenazas, por denunciar la violación sexual que padeció Inés por parte de militares.

Trabajan muy duro en la siembra del maíz, frijol y calabaza en la parcela que les otorgó la comunidad. Pronto tuvieron a Nohemi su primera hija. Inés redobló sus esfuerzos para trabajar en el campo cargando a su bebé en su espalda. Fortunato cortó adobes con el apoyo de su familia para levantar su casa. En su pequeña vivienda armó la cocina con tablas y láminas de cartón. En el piso de tierra Nohemí aprendió a caminar. Fortunato e Inés participaron en las marchas y protestas que impulsó la organización del pueblo indígena Me phaa (OPIM), para denunciar las atrocidades del ejército cometidas en la región de Ayutla de los Libres.

En la madrugada del 7 de junio de 1998 el ejército ejecutó a 10 indígenas del pueblo Ñuu savi y un estudiante de la UNAM cuando pernoctaban en la escuela primaria Caritino Maldonado, en la comunidad de El Charco. Los militares tuvieron información que una columna del ejército revolucionario del pueblo insurgente (ERPI) se había incorporado a la asamblea donde participaban autoridades indígenas. Durante la noche subieron varios pelotones que rodearon la escuela, se atrincheraron, y al grito de ¡salgan perros! arremetieron con ráfagas y granadas de fragmentación. Fue una masacre que es parte de la estrategia contrainsurgente que por décadas ha aplicado el ejército en regiones indígenas para dinamitar la organización comunitaria y enraizar el terror entre la población más vulnerada. La militarización en la región incrementó el número de violaciones graves a los derechos humanos, por las ejecuciones, las desapariciones de líderes locales, las torturas como método de investigación, las violaciones y torturas sexuales contra mujeres indígenas.

El 22 de marzo del 2002 cuando Inés se encontraba en su casa acompañada de cuatro hijos, irrumpió un grupo militares fuertemente armados. Preguntaban de manera amenazante por su esposo. Inés permaneció callada. Su silencio irritó a los soldados. 3 se metieron a su cocina donde atendía a sus niños, le apuntaron con las armas, la sometieron y la violaron. Nohemi con sus hermanitos corrieron llorando a la casa de sus abuelos. Nadie de la comunidad se atrevió a encarar a los agresores

Para Inés el camino de la justicia en México fue sumamente tortuoso. Los ministerios públicos se negaron a investigar a los militares y la tildaron de mentirosa. El apoyo del centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan, fue clave. En el 2004 acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La confrontación con el estado fue dura porque en todo momento protegieron a los perpetradores. A los 6 años la Corte Interamericana declaró por unanimidad que el estado Mexicano era responsable de la violación a los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial de Inés Fernández Ortega.

Como mujer forjada en la Montaña, luchó cuesta arriba para alcanzar la justicia. Con su temple y altivez demostró que tenía razón. Así lo manifestó en el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del estado mexicano que se realizó el 6 de marzo de 2012, en Ayutla de los Libres. Sin que le temblara la voz le espetó al secretario de gobernación, “no creo en la palabra del gobierno porque no sabe cumplir ni respetar los derechos de las mujeres.”

Cinco semanas antes de la agresión de Inés, el 16 de febrero del 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena del pueblo Me phaa, se encontraba lavando su ropa en el arroyo de Barranca Bejuco. Cuando se disponía a bañarse, ocho militares acompañados de un civil, que llevaban un detenido, la rodearon. La interrogaron sobre los “encapuchados” que andan en el cerro, le mostraron la fotografía de una persona y una lista con nombres. El interrogatorio fue con las metralletas enfrente. Valentina no respondió a las preguntas. Uno de los militares le asestó un duro golpe en el estómago. Sometida e inconsciente por el golpe se abalanzaron contra ella para violarla.

A sus 17 años, Valentina tuvo que cargar con el estigma de ser “mujer de los guachos”. Los militares entraron a su comunidad para amedrentar a la autoridad y a los jefes de familia por la denuncia pública que realizó la OPIM contra ellos. Las amenazas del ejército y el intento de secuestro de su hija menor, obligaron a Valentina a salir de su comunidad y del estado. Permaneció oculta con el temor a cuestas por atreverse a exigir justicia. Soportó los maltratos del ministerio público que rechazó su denuncia, enfrentó multiplicidad de riesgos y amenazas de muerte. Los militares se obstinaron en silenciarla. Su espíritu combativo y el amor por Yenys, su pequeña hija, evidenciaron a un estado que protege a los militares que torturan sexualmente a las mujeres.

Las autoridades mexicanas no creyeron en la palabra de Inés ni de Valentina, más bien, todo el aparato de justicia arremetió contra ellas. Las dos vencieron el miedo y saltaron los obstáculos que encontraron en sus comunidades para salir en busca de justicia. Caminaron desde la madrugada en los escabrosos senderos de la Montaña. Preparaban sus totopos (tortilla dorada) para medio comer en las largas jornadas de lucha. Nunca dejaron a sus hijas, siempre las acurrucaron sobre sus espaldas. Valentina con el apoyo del centro de derechos humanos de la Montaña acudió al sistema interamericano.

El 31 de agosto de 2010 la Corte Interamericana determinó la responsabilidad internacional del estado mexicano por violar los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como a los derechos del niño, en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú. También ordenó a México a conducir en el fuero ordinario la investigación y adoptar reformas legislativas para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales. En 2014 México reformó el Código de Justicia Militar parcialmente. En el mes de julio de 2011 la investigación por la violencia sexual de Valentina se inició en el fuero ordinario de nuestro país.

La investigación tuvo avances importantes porque se logró determinar la responsabilidad de dos militares por la violación sexual y la tortura cometida contra Valentina. En junio de 2018 el juzgado séptimo de distrito en Guerrero dictó sentencia condenatoria imponiendo una pena de 19 años y 5 meses a cada militar. Fue una sentencia emblemática para México y el continente.

En el caso de Inés Fernández, el primero de marzo de 2023, el juez segundo de distrito en el estado de Guerrero, dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión y destitución del cargo a Hugo Humberto García de León, sargento segundo de infantería del ejército mexicano, por el delito de tortura, violación, robo y allanamiento de morada en agravio de Inés Fernández.

Inés y Valentina, siempre altivas, siguen dando la batalla en este proceso de remilitarización que enfrenta el país. Su lucha actual es por la implementación de las reparaciones comunitarias. Se trata de prevenir y proteger los derechos de las niñas y mujeres indígenas de la Montaña, de resarcir las graves afectaciones que causaron en la región las violaciones sexuales cometidas por el ejército. Lamentablemente las autoridades han supeditado estas reparaciones que requieren presupuestos específicos a los programas federales destinados a promover los derechos de las mujeres. Persiste la visión etnocéntrica y discriminatoria de que las mujeres indígenas no merecen tener servicios de salud dignos, ni contar con un centro comunitario que brinde todos los servicios a las mujeres que son víctimas de violencia.

Las luchas de Inés y Valentina no han sido en vano. Recientemente, en el marco del 175 aniversario de la erección del estado de Guerrero, el gobierno les otorgó el premio estatal Nicolás Bravo, por distinguirse en la promoción y defensa de los derechos humanos en Guerrero y en México. Un reconocimiento ganado a pulso, con lágrimas, desprecios y amenazas.

Inés y Valentina prepararon un mensaje para leerlo al público, sin embargo, no les dieron el micrófono. Ya no pudieron decirle a la gobernadora que este reconocimiento es para todas las mujeres que son víctimas de la violencia, por las mujeres asesinadas y desaparecidas. Por las niñas que no tienen acceso al estudio y que son obligadas a casarse. Con gran altives Inés y Valentina honraron a las mujeres indígenas de Guerrero.