Homicidios: cómo lavarse las manos
En esta columna quiero comentar un ejemplo concreto, uno más de los muchos que hemos tenido en México, de lo que significa “criminalizar a las víctimas”. Me voy a basar, en esta ocasión, en las declaraciones de un hombre político cercano al gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, las cuales, como ocurre en muchos contextos locales, no siempre trascienden a nivel nacional, o bien, pasan desapercibidas en la vorágine de noticias diarias, como si no fueran afirmaciones de gravedad y con implicaciones importantes.
Después de años de luchas y de movimientos sociales, como el Movimiento por la Paz entre otros, y después de que hubo un incesante trabajo de sensibilización de la sociedad hacia el grave conflicto nacional que vivimos en México, tras caravanas, marchas, desplegados, libros publicados, contra-información y muertes de activistas dedicados a la causa de la justicia y la verdad, y luego de que pasaron dos años y medio de la “noche de Iguala” y del movimiento por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues bueno, después de todo, lo cínico al poder aún no se le quita.
Justamente la reproducción cotidiana y automática desde el poder de las falsas verdades y de las manipulaciones, dirigidas a justificar, legitimar y excusar el mismo poder por sus negligencias, el factor que más los medios de comunicación y los periodistas como profesionales deberían combatir. La crítica del poder es una de sus funciones fundamentales sin las cuales no tienen razón de existir. Los movimientos sociales y el periodismo de investigación en estos años en México han destruido las “mentiras históricas” construidas desde el gobierno y sus allegados.
En el caso de Guanajuato, estamos hablando de homicidios dolosos y desapariciones forzadas, problemas menospreciados y solapados por las autoridades. Por estos rumbos siempre parece que no pasa nada. La prensa escrita que se ve en los quioscos es medianamente complaciente, la nacional es casi inexistente, escasa y marginal. Sólo quedan unos cuantos medios digitales y una que otra nota suelta en otros medios tradicionales para salvarse de la indiferencia.
El homicidio es un crimen al alza en todo el país, por cierto, con una tasa nacional de 17.4 homicidios cada 100mil habitantes, pero hay entidades que empeoran más que otras, como la susodicha que pasó de una tasa de 13.60 cada 100mil habitantes en 2010 a 16.39 el año pasado. El promedio es menor que el nacional, pero el incremento es notable y reciente. Y no es que el aumento en un estado dependa necesariamente de lo que acontece a nivel nacional, sino que ha de imputarse, al menos en parte, a las condiciones sociales, políticas, económicas y legales que priman en la entidad.
Todos lo perciben en León, por ejemplo, y la gente en la calle no habla de otra cosa si se introduce el tema de la inseguridad y la delincuencia en la ciudad. Hay repuntes en robos a casa habitación, así como en los homicidios. Desaparecen muchos niños y niñas, hay carteles de la procuraduría pegados en todos lados, si uno se fija tantito. ¿Puras corazonadas populares sin fundamento o verdades percibidas por la gente que corroboran estadísticas?
Recordemos también que Guanajuato, con León a la cabeza, es la tercera entidad de la República por desaparición de niños y niñas. Señala Raymundo Sandoval de NIMA (Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato) con base en un reporte de la Red por los derechos de la infancia en México, en el medio leonés Zona Franca lo siguiente:
A nivel nacional, 6725 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años fueron reportados extraviados o desaparecidos entre 2006 y 2014 a nivel nacional, lo que representa a 3 de cada 10 de los 22 mil reportes. Si bien Guanajuato no es Tamaulipas, que concentra casi el 30 por ciento de las personas menores de edad, la desaparición de menores de edad es una problemática que debe atenderse. En la entidad (GTO), hay 419 personas menores de 18 años desaparecidas, 156 hombres y 263 mujeres.
Ahora reporto lo dicho por el dirigente del PAN en Léon, Alfredo Ling Altamirano, quien, en su intento por apoyar al también panista gobernador de Guanajuato, rebasado por el aumento de la tasa de homicidios, dijo:
“No es responsabilidad del gobernador, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista social. El gobernador no ha matado a nadie y no es responsabilidad del gobernador, hacer una aseveración de esa naturaleza sería decir qué hay una política de omisión con la seguridad y no la hay”.
¡Qué bueno que el gobernador no ha matado a nadie! Eso sí podría espantar realmente a la inversión japonesa y estadounidense en Guanajuato. Pero queda cierto que en buena parte de los casos de desaparición y de homicidio, sí existen fenómenos importantes de omisión de la acción, de la intervención, de la prevención y de la eficacia por parte de las autoridades encargadas de la seguridad y la procuración de justicia, lamentablemente. Y ni hablar de los casos en que no sólo hay omisión o tolerancia, sino colusión o participación. Negar esta realidad es cínico, una manera de lavarse las manos.
En 2015, fue Márquez quien atribuyó “a la cultura de las riñas”, a “rencillas que se han dado entre familias” en la región el alza en los índices de los homicidios. En 2016, las explicaciones fueron del tenor siguiente:
“Es un tema en el cual estamos trabajando en el día a día, y que vemos cómo a veces son homicidios muchos de riñas, pleitos en comunidades y colonias que luego esos son asuntos más de interés familiar, de negocios de aquella gente que también está metida en el crimen organizado”.
Un popurrí de elementos dentro de un análisis sociológico dudoso al cual se añadió otra frase amenazante: “El que anda chueco va a terminar mal”. Y en fin, se agrega a las declaraciones una pizca de criminalización ex ante: “Pero afortunadamente esto es algo que no daña de manera directa a la sociedad y a los que trabajamos en el día a día”, según Márquez.
Volviendo al 2017, Ling Altamirano aporta al “debate” para aclarar a la audiencia de quién sería, entonces, la responsabilidad de los asesinatos:
“La causa de los asesinatos en Guanajuato o en cualquier parte del país no son generados por esquemas de políticas estatales o municipales, son otras causas que van con el crimen organizado y esas van tipificadas al nivel federal, nosotros no queremos echar la culpa al nivel federal pero cada quien su parte”.
Los asesinatos y las desapariciones forzadas se dispararon a raíz de la guerra al narco de Felipe Calderón (tasas de homicidio triplicadas, por ejemplo, entre 2007 y 2011, y muy altas hasta la fecha, además de un registro oficial de cerca de 30mil personas desaparecidas en el país). La llamada “guerra al narco” es, sin duda, es una política pública que se implementó y se sigue implementando en la actualidad y que, si bien fue lanzada a nivel federal, tiene corolarios y aplicaciones en los estados y en los municipios que, además, en muchos casos han seguido pautas semejantes para generar su “seguridad”. Se ha vuelto una peligrosa característica estructural del sistema de seguridad en México que, desde luego, está bien lejos del modelo de seguridad humana y respeto de las garantías que es el más deseable.
La causa de las muertes violentas, según la declaración, habría de buscarse en el crimen organizado. Bueno, puede ser, en parte. Pero entonces habría que rendir cuentas y explicar a la población qué investigaciones están abiertas al respecto y, sobre todo, cuáles cárteles u organizaciones criminales se están disputando el territorio. O sea, hay que admitir que, al hablar de crimen organizado, se está diciendo que hay organizaciones luchando por la entidad.
De todos modos, criminalizar a las víctimas de un crimen previamente, sin pruebas, es una práctica que se repite siempre desde las instancias de poder en México, hasta que se les tacha de “bajas colaterales” o que la gente cree que si algo te pasa es porque algo has hecho. Otra falacia y media verdad que rara vez se explica muy bien, y que termina por generar la idea de que el hampa es un fenómeno cuasi-natural que se lleva la vida de la gente, como la Parca huesuda o los huracanes, un destino inevitable. Sin embargo, incluso frente a fenómenos atmosféricos mayores es el factor humano, la capacidad de prepararse antes y de reforzar la infraestructura física y social que hace la diferencia. Es eso lo que salva o no vidas, antes ese tipo de embates. La idea implícita de la declaración es un clásico utilizado por los gobernantes, es decir, qué se trata de gente que anda en “malos pasos” y no de víctimas de un sistema excluyente, o bien, de la ausencia, descontrol o corrupción de las autoridades. Además, señala Cuéllar en su columna de Zona Franca,
“Definir recursos para las tareas de prevención del delito, de combate a las adicciones, de fortalecimiento a la procuración de justicia y a la seguridad preventiva, son facultades de Márquez, como también lo es asignar recursos a la política de subsidios para el establecimiento de nuevas inversiones en el estado”.
El enfoque preventivo y de seguridad integral, fundado en el respeto de los derechos humanos, la educación, la prevención del delito y la construcción del tejido social, está descuidado a favor de la tradicional visión de la seguridad policiaca o militarizada y de un enfoque represivo que sólo puede tapar fallas y calmar brotes de violencia, sin constituir jamás una solución de largo plazo.
