Guerrero, México. Apenas 18 días después de que Ángel Aguirre Rivero, ex priísta y actual miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tomó posesión de la gubernatura de Guerrero, ocurrió en el estado un nuevo asesinato político. El campesino ecologista Javier Torres Cruz fue emboscado cerca de la comunidad de La Morena, y su hermano resultó lesionado al acudir al lugar para tratar de salvarle la vida.

Torres Cruz, defensor de los bosques de la sierra de Petatlán, interpuso años atrás una demanda penal en contra del cacique Rogaciano Alba Álvarez por el asesinato, hasta ahora impune, de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. A partir de ese momento las amenazas se incrementaron, por lo que en diciembre de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares que el gobierno, obviamente, no acató, pues el activista fue asesinado.

Integrantes de la organización civil guerrerense  Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), emitieron un comunicado en el que afirman que “aunque Javier Torres fue asesinado; la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en La Sierra de Guerrero”.

El Tadeco demandó que se deje de utilizar el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación contra las comunidades de la Sierra de Guerrero. Además, considera necesario se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados. Exigen la salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero y la reparación de daños a familiares perjudicados. Finalizan con un llamado a la solidaridad de organizaciones  sociales y defensores de derechos humanos.

Cabe señalar que cuatro de las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido en contra del Estado mexicano, se asientan en Guerrero: la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, las violaciones de elementos del Ejército de las indígenas me’ phaa Valentina Rosendo e Inés Fernández; y el caso de los ecologistas de la sierra de Petatlán, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.

Montaña de Guerrero

Mientras que en La Montaña y Costa Chica de Guerrero se efectúan asambleas informativas y de rechazo a la incursión de empresas extranjeras a territorio comunitario, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) busca dialogar con comuneros y ejidatarios con el fin de convencerlos de los “beneficios” de  la entrada de las compañías mineras.

En el foro “Territorios y pueblos indígenas en la mira de la explotación minera”, efectuado en la Ciudad de México con la participación de  la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), se advirtió que la minería es un nuevo colonialismo con otras tecnologías y que al mencionar el supuesto avance y progreso para los pueblos, no se mencionan, entre otras afectaciones, el tener sulfuros, ácidos y cianuro encapsulados en los cerros.

En una de las intervenciones de la CRAC, Claudio Carrasco, coordinador regional de la comunidad Espino Blanco, recordó la presentación en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, en noviembre 2010, de la minera Hoschild con documentos autorizados por la Sedena e Inegi para labores de exploración de territorios. Explicó que actualmente se realizan asambleas generales y pláticas con los comisariados, ya que ellos son los primeros a los que se intenta “comprar”, asimismo se alertó que las trasnacionales y el Estado mexicano intentarán entrar por la fuerza.

Pablo Hernández, coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, denunció el daño que se haría a los cultivos de café en La Montaña y Costa Chica. Por una parte, dijo, está la amenaza de desequilibrio ecológico y por otra la vulneración a las formas de organización de los pueblos al no consultar a las comunidades respecto a sus propias tierras. Hernández se mostró preocupado ante la declaración del nuevo gobierno de que la CRAC no tiene facultades para impartir justicia. Según datos estadísticos, las cifras de violencia y actos ilícitos han disminuido más de un 80 por ciento en las comunidades adheridas a la Policía Comunitaria.

Valentín Hernández, asesor jurídico de la CRAC, hizo un llamado a la gente de otras organizaciones y pueblo en general a unirse en la defensa de su territorio: “por ejemplo la gente de Acapulco debe ver que la contaminación de los ríos también les podría afectar”, señaló.

Por una parte se libra la batalla en contra del despojo trasnacional, y por otra las vejaciones cometidas por el Ejército, los robos y abusos a indígenas por parte de empresas paraestatales y comerciantes privados, además de las condiciones de aculturación que se gestan en La Montaña.

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña

Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de La Montaña, es un referente en cuanto a organismos que procuran justicia y equidad para pueblos originarios y mestizos de La Montaña y Costa Chica. Sus denuncias provocan el descontento en algunos “monstruos del sistema”, como ocurrió en  Ayutla de Los Libres tras la desaparición forzada y ejecución de los luchadores sociales Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y Tlachinollan tuvo que cerrar sus oficinas en ese municipio.

El director del Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recibió el año pasado el premio John F. Kennedy por el trabajo del centro de derecho humanos; y este mes de mayo, la organización Amnistía Internacional (AI) entregará el Sexto Premio de los Derechos Humanos al Tlachinollan y a su director y fundador.

Entrevistado en las instalaciones del centro en la ciudad de Tlapa, Barrera Hernández ubica la distinción de AI en un contexto “difícil para México, por la incapacidad que hay de las autoridades para contener la violencia y la falta de cumplimiento a las sentencias, sobre todo las de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos en el caso de Guerrero y todos los casos que hay”.

“En Guerrero –señala- es la época más cruenta, más violenta, sobre todo ante un gobierno fallido que no asumió un compromiso para defender la vida, el patrimonio y sobre todo a los pueblos que le han dado historia a nuestro estado. La cara opuesta es el compromiso fehaciente de los indígenas, campesinos, defensores, hombres y mujeres  de la sociedad civil que están navegando y luchando a contracorriente para hacer realidad los derechos humanos”.

Abel Barrera advierte que para este estado “lo más complicado, pero al mismo tiempo esperanzador, es que la conflictividad social se está dando contra el modelo de sociedad que se quiere imponer. Antes los cacicazgos querían simplemente tener el control del poder para poder lucrar, tener policías a su mando, tener las instituciones para enriquecerse. Hoy este cacicazgo ha devenido en un gobierno empresarial donde todo el entramado legal, las instituciones, están constituidas para fortalecer el proceso de acumulación capitalista, y esto hace que las violaciones a los derechos humanos sean no sólo individuales sino colectivas”.

-¿Son necesarias otras organizaciones de derechos humanos, se necesitan ampliar los trabajos de Tlachinollan?

–Tlachinollan se entiende desde la lucha de los pueblos, siempre ha sido el interés de nuestra organización identificar cómo se tiene que empoderar más a los sujetos colectivos. Nuestro esfuerzo está orientado a que sean los pueblos, las organizaciones, las ciudadanas y los ciudadanos,  los propios defensores de derechos humanos, más que pensar en extender o multiplicar el trabajo de Tlachinollan -claro que es muy importante y necesitamos consolidarlo más sobre todo en estas regiones pobres de la Montaña y Costa Chica- pero el fin último es que sean los pueblos, los propios campesinos que defienden sus tierras, los indígenas que dicen no a los mega proyectos, o a las amenazas de ciertas empresas, que empiezan a apropiarse de las tecnologías para tener su propia voz como el caso de las radios comunitarias, a ejercer su propio poder en el tema de la justicia. Ahí es donde le encontramos sentido a todo este trabajo.

Publicado el 01 de mayo de 2011