Guerrero. El gobierno del estado detuvo a la activista María de la Cruz Dorantes, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP). Este hecho se une a la aprehensión previa del vocero de la organización que desde hace diez años, se opone a la construcción de la represa.
El 17 de junio de este año, Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero de la CECOP, fue detenido bajo los cargos de homicidio en grado de tentativa y robo calificado, a lo que se sumaron los cargos de lesiones y despojo simple, por lo que el defensor del territorio permanece recluido en un penal de máxima seguridad en Nayarit.
En Chilpancingo, durante una conferencia de prensa en solidaridad con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, un representante de la CECOP denunció la aprehensión de una integrante del Consejo.
María de la Cruz Dorantes fue detenida por policías ministeriales el pasado lunes 6 de octubre, alrededor de las 10 horas, mientras regresaba de las quimioterapias que recibe por el cáncer que padece. Se informó que fue subida a una camioneta a la fuerza, mientras ella aún resentía dolores por el tratamiento.
Recluida en el penal de Las Cruces en Acapulco, María de la Cruz Dorantes Zamora fue detenida bajo el cargo de robo calificado, el mismo con el que fue aprehendido Marco Antonio Suástegui. Hasta el momento, se reservó el derecho a declarar y se prepara su declaración.
A María de la Cruz Dorantes se le acusa de haber participado el robo de 6 millones de pesos al empresario Humberto Marín, sin embargo, integrantes del consejo aseguran que ese día María de la Cruz ni siquiera estaba presente.
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) mantiene una resistencia contra el proyecto hidroeléctrico promovido por la Comisión Federal de Electricidad en el río Papagayo, ubicado en la zona rural de Acapulco. La reivindicación del CECOP es que el agua no sea privatizada por las empresas transnacionales.
Meses antes de su detención, Marco Antonio Suástegui denunció que el gobierno ofrece dinero a las autoridades e integrantes del consejo para no oponerse al proyecto hidroeléctrico, y en caso de no aceptar, amenazan, fabrican delitos o asesinan.