La militarización del país y de la seguridad pública no se revierte cambiándole el nombre a las fuerzas armadas que estarán en campo. Ni siquiera es posible hacerlo prometiendo que el foro común, el sistema jurídico civil, será el encargado de procesar eventuales (probables) violaciones de la ley y de los derechos humanos por parte de la futura Guardia Nacional, planteada por el congreso y el neo-presidente López Obrador como parte de la política de seguridad y de lucha al crimen organizado en México. No basta con afirmar que tendrán “formación en derechos humanos”, aunado a todo lo anterior, para asegurar a la sociedad de que los problemas de la violencia de Estado y de la altísima tasa de letalidad de ejército y marina en “operaciones civiles”, supuestamente contra “el narco”, se vayan a reducir. De hecho la Guardia seguirá teniendo formación dentro del sistema educativo militar, permeado por su espíritu de casta. Parte del problema de la violencia en el país depende del empleo de las fuerzas armadas, además de policías ya paramilitarizadas, al servicio de intereses criminales y/o creadoras ellas mismas de poderes fácticos criminales. El mando operativo de la próxima Guardia Nacional estará en manos de militares, de la Sedena, la cual seguirá influyendo y creciendo, en presupuesto y prerrogativas, gracias incluso a una reforma constitucional que, de alguna manera, llegará a contradecir el fallo de la Corte que juzgó inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. El rango constitucional de la Guardia llegará a blindar lo que no se pudo aprobar este año. Al respecto se han expresado centenares de académicos, colectivos y grupos defensores de derechos humanos en el país (link1 – link2).

Desde luego, la propuesta de un modelo post-neoliberal o menos-neoliberal, que restablezca la primacía de la política sobre la economía y el universo tecnocrático, junto con la extensión de un verdadero estado de bienestar y de programas para los más vulnerables, deberá abonar al bienestar y a la redistribución de la riqueza, lo cual a su vez significa mejor seguridad humana y un paso hacia el encauzamiento de ciertos conflictos sociales. Sin embargo, el cambio estructural requiere tiempos y reformas que no se miden en un tan solo un sexenio de gobierno, por tan transformador que sea. En cambio, las fuerzas armadas operan ya y operarán, bajo otra máscara, en los territorios y comunidades. Hay entidades que se han vuelto adictas a una intervención militar que tenía que ser temporal y quirúrgica, pero aun así valdría la pena pensar en un sistema de policías civiles bajo mando civil, con formación mixta y altamente calificada, también en temas de derechos humanos. Yendo más allá del modelo militar, guardando la Guardia Nacional.

El modelo que se va a adoptar, así como lo ha presentado el mismo Secretario de Seguridad Pública Durazo, se inspira en los carabineros italianos y chilenos, o en las guardias nacionales de España y de Francia, o sea en cuerpos armados de represión que, en efecto, respecto del ejército o de la marina, tienen la ventaja de contar con cierta “cercanía” con la población y ser percibidos, en aquellos países, a la manera de las policías, como algo meno “militar”, quizás. De todos modos, esto no los exime de haber protagonizado graves violaciones a los derechos humanos. El problema de este razonamiento y del modelo propuesto de la Guardia, con base en la experiencia de algunos otros países, es que en México u otros países de América Latina la historia y el historial de las fuerzas armadas, cuyos elementos formarían la Guarda Nacional mediante una mezcla reciclada de la Policia Militar, de la Naval y de la “civil” Policía Federal, es distinta, así como el contexto regional y la formación previa de los efectivos. Si bien, como el mismo presidente ha remarcado en distintos foros, las fuerzas armadas de México son “patrióticas”, lo cual daría por sentado de todas formas porque representan la “fuerza del Estado” y su defensa frente a ataques del exterior, son “leales”, porque no han dado golpes de estado, y además no “están integradas por la oligarquía”, por otro lado se han manchado repetidamente de violaciones tan graves a los derechos humanos, en la casi total impunidad, que eso bastaría para poco a poco planear una retirada “estratégica” y una revisión del plan. Y no se habla aquí del pasado sino de la reciente, pensando en Tlatlaya e Iguala como sólo dos casos emblemáticos.

Además, pero no menos importante, cabe preguntarse igualmente si no hay una brecha evidente entre lo que han planteado los Foros de pacificación y de reconciliación, realizados durante el periodo de transición en este 2018 para justamente escuchar a las víctimas y otros actores involucrados en la grave crisis humanitaria y el conflicto armado que vivimos, y la propuesta actual del gobierno. Efectivamente, se detecta hay una distancia entre la retirada gradual de los militares prometida en la campaña y aclamada en los Foros de escucha y la Guardia Nacional que hacen un guiño a los intereses de la corporación castrense en un entorno o contexto nacional que todavía no se ha reconciliado con la violencia estatal y la represión. No es que éstas tan sólo derivan de la acción de los militares, pero sin duda tienen en ese estamento castrense un referente histórico y simbólico importante, una herida no sanada, y un protagonista negativo, perpetrador, en lo que se refiere al narcotráfico, a las desapariciones forzadas, a las matanzas, a las torturas y las ejecuciones extrajudiciales que en muchos rincones del país están a la orden del día. Hay que celebrar la creación tan expedita de una Comisión de la Verdad para el caso Iguala-Ayotzinapa, esperando que sea un ejemplo para otras comisiones y mecanismos de justicia prioritarios para las víctimas, como se pidió en los Foros, pero guardar la Guardia Nacional en un cajón para abrir la puerta a otras propuestas completaría de manera mucho más adecuada ese paso histórico hacia la verdad y la justicia.

@FabrizioLorusso