México, 16 de octubre de 2014. Los guerrerenses “viven a merced de los grupos de la delincuencia”, sostiene el abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. La vida cotidiana se ve trastocada, y la clase política está totalmente mimetizada con el crimen organizado, detalla.

“Es difícil discernir qué zona es menos violenta. Todo se concentra en Tierra Caliente, Costa Grande, Acapulco, la Zona Norte; la que se salva un poco es La Montaña”, abunda el defensor. El día de ayer, el gobernador Ángel Heladio Ramírez afirmó que el estado está en paz y que la violencia se concentra en Iguala, donde el 26 de septiembre la policía municipal atacó a un convoy de normalistas, con resultado de seis civiles ejecutados y 43 estudiantes desaparecidos.

Las declaraciones del gobernador “son sumamente subjetivas e inexactas”, califica Rosales Sierra. Como contrapunto, el abogado expone que los números oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública contradicen a Aguirre: Guerrero se encuentra en el primero o segundo lugar nacional de violencia, a partir del indicador de número de averiguaciones previas iniciadas. “Eso es un indicativo claro”, remata.

La inseguridad, además, va más allá de hechos puntuales: “Es permanente. La delincuencia organizada altera la vida cotidiana, impone su ley, ejerce control territorial y se mimetiza con la clase política”, relata el defensor.

Una semana después de la masacre de estudiantes, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se dio a la fuga, al igual que su jefe de policía. En diversos medios se hizo pública su relación con el crimen organizado –al grado de que su esposa es hermana del líder del cártel Guerreros Unidos- y se acusó a distintos políticos de promoverlo en su carrera como funcionario, entre ellos al secretario de Salud del gobierno estatal, que apenas hoy, 20 días después de la ejecución y desaparición de los normalistas, presentó su renuncia.

“La clase política está totalmente infiltrada. Para lograr un cambio, se necesita la transformación profunda y total de las instituciones, tanto de justicia como políticas. Y eso, a corto plazo, es muy difícil”, finaliza el defensor.

En cuanto a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, Rosales Sierra aclara que conocen muy poco de las líneas de investigación del gobierno federal, “apenas lo que sale en los medios”, pues las autoridades argumentan que si dan la información, se compromete la investigación.