La Montaña de Guerrero, México. Son comunes, entre las motivaciones para la adopción de los sistemas de justicia comunitaria indígena, las fuertes críticas a la ineficiencia del sistema judicial del Estado, que muchas veces puede tomar muchos años para tomar una decisión –y eso si es que la queja no se pierde en los descaminos de la burocracia o de la corrupción-.
En el caso del municipio de Atlamajalcingo del Monte, en Guerrero, en el sudoeste mexicano, los cerca de 7 mil habitantes de las 16 comunidades de tlapanecos y mixtecos (na savi y me’phaa) que lo conforman, tomaron el 15 de agosto pasado una decisión que está basada en una crítica contundente al sistema político mantenido por el Estado. Reunidos en asamblea, los habitantes del municipio decidieron declarar que desconocen la autoridad del cabildo municipal encabezado por Isidoro Andrade Pastrana y, desde entonces, ocupan pacificamente las instalaciones del Ayuntamiento Municipal, donde permanecen hasta ahora para exigir el desafuero de todo el cabildo y el reconocimiento legal del Consejo Municipal nombrado por ellos. Este, según información de la coordinación del movimiento, se nombró conforme los usos y costumbres indígenas.
Ahora los indígenas exigen que el Congreso del Estado de Guerrero reconozca sus autoridades tradicionales indígenas como sus legítimos representantes. El 5 de octubre ocuparon el Congreso para presionar a los diputados y prometen hacerlo otra vez em caso de que su solicitud no sea rápidamente analizada por los parlamentarios.
Desde 2001, parte de las comunidades del municipio adoptaron el sistema de justicia comunitaria y se incorporaron a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que integra las policías comunitarias indígenas de la región. “Cansados de tantas injusticias, de falta de seguridad y violación a nuestros derechos humanos como comunidades, nos incorporamos a la CRAC”, explica el informe de los líderes del movimiento.
“Desde entonces pudimos terminar com muchas injusticias, pero paralelo a eso, surgieron inmediatamente otras formas de maltrato, hostigamiento y violencia hacia nuestras comunidades por parte de las autoridades municipales de Atlamajalcingo del Monte, quienes al no compartir nuestra decisión de sumarnos al proyecto de justicia comunitaria, iniciaron un proceso permanente de divisionismo y fractura en nuestra comunidad”, continúa el texto que acusa principalmente AL Partido Revolucionario Institucional (PRI) por esas acciones.