México. Pasaron ya ocho años desde la explosión de en la mina de Pasta de Conchos y no sólo los cuerpos de los trabajadores siguen atrapados, pues Industrial Minera México y las autoridades se niegan a rescatarlos, sino que una reforma a la Ley Federal del Trabajo perpetuará las condiciones en que han muerto 105 mineros de 2006 a la fecha en pocitos y minitas de arrastre. Los familiares de los trabajadores muertos achacan la modificación a que las autoridades trabajan por los intereses de las mineras, no de sus gobernados.

Carlos Rodríguez, acompañante de los deudos, acusa que se trata de un caso abierto e impune, donde se violaron derechos humanos y no hay justicia ni reparación del daño. La empresa, acusa, quiere acallar a los familiares con dinero. Les dio 180 mil pesos por minero muerto bajo la amenaza de que si no los tomaban, se quedarían sin nada, y posteriormente presumió públicamente de haber dado la mayor indemnización de la historia, “que no es ni el uno por ciento de lo que se embolsan al año”, aclara Rodríguez. “Y las familias no quieren dinero.  Quieren los cuerpos y que esto no se repita”.  A la fecha no hay un solo responsable encarcelado, sentencia o investigación en curso.

La tragedia –una explosión en la Mina 8 de Pasta de Conchos, Coahuila- sucedió el 18 de febrero de 2006 durante el gobierno federal de Vicente Fox, quien se negó al rescate de los cuerpos –el lugar tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. Felipe Calderón Hinojosa, de la mano de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón (el mismo que operó el desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro), realizó un peritaje que las familias califican como “a modo”, pues “señaló que poner un pie en la mina era morir, mientras que en cien años todos los fallecidos en otros accidentes han sido rescatados”, acusa el laboralista Carlos Rodríguez.

Con la administración del priista Enrique Peña Nieto llegó la promesa de un nuevo peritaje hace ya un año, pero la responsable, la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam, no lo ha iniciado.

Rodríguez señala que el compromiso de la PGR fue posible sólo porque los familiares, después de recurrir a todas las instancias jurídicas en México –donde los rechazaron por “no tener interés jurídico” en reclamar el rescate o el castigo a los responsables- acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a presentar el caso para solicitar su admisibilidad.

La empresa insiste en que es imposible el rescate. Rodríguez lanza: “Si hay gas, se ventila, si hay agua, se desagua, si hay derrumbe, se reconstruye”, detalla.  “Lo han hecho los rescatistas de la región durante cien años”. Si no se ha hecho, argumenta, es porque la justicia está supeditada al poder económico, especialmente al del poderoso Grupo México, propiedad del millonario Germán Larrea.

El problema para la Familia Pasta de Conchos (organización que agrupa a deudos y asesores) y para los mineros actuales no es sólo de justicia para los 65 fallecidos (dos cuerpos sí fueron rescatados), pues los trabajadores siguen sufriendo accidentes y muriendo o quedando mutilados. Tan sólo el pasado 12 de febrero, cinco hombres murieron en la mina Las Charcas, propiedad también de Industrial Minera México de Grupo México.

Los deudos exigen la prohibición irrestricta de la extracción de carbón por medio de pocitos (tiros verticales donde no hay posibilidad de ventilación) y de cuevas (túneles escasamente apuntalados que entran a minas viejas o erradas), ya que en este tipo de explotaciones han muerto la mayoría de los 105 trabajadores del carbón fallecidos después de Pasta de Conchos. Los legisladores federales, en cambio, pretenden aprobar una reforma que los prohibirá sólo en profundidades menores de 100 metros, “sin ningún sustento técnico”, puntualiza el asesor Carlos Rodríguez.

A la caravana que acudió en el octavo aniversario de las muertes a la Ciudad de México la acompañan familiares de mineros fallecidos en otros “homicidios industriales” (como los clasificó en su momento el sindicato minero nacional). Laura Cifuentes perdió en 2011 a su esposo, su hermano y un primo en un pocito de carbón en Sabinas, Coahuila, un lugar al que los supervisores no querían bajar con equipo, y a los trabajadores los enviaban “con un foquito y una pala”. “Cinco días duró el rescate, y también nos habían dicho que no se podría. A nosotros no nos dieron indemnización ni reparación del daño”.

María Trinidad Cantú Cortés, cuyo hijo mayor, Raúl Villasana, está enterrado en la mina, denuncia que en diversos espacios gubernamentales les dan espacio y los citan a reuniones, “pero lo que necesitamos son acciones”. La mujer, que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a presentar el caso, recalca que los mineros en Coahuila trabajan en condiciones inhumanas.

Pocitos y minas de arrastre

Los pocitos y las minas de arrastre son las modalidades que prefieren los empresarios por sobre las minas tradicionales, pues le ahorran costos, señala Rodríguez.

El pocito es “un tiro vertical en donde los frentes de trabajo son horizontales, van paralelos al suelo; para que puedan caminar sobre ellos los mineros tienen que estar inclinados, no llegan a un metro de altura”, señaló el obispo Raúl Vera a Desinformémonos en entrevista anterior. “Ningún pozo tiene salida de emergencia, tienen sólo una entrada y una salida. Es el modo más barato que tienen los concesionarios del carbón para hacer dinero a costa de vidas humanas, por supuesto, y a costa de daños mucho muy severos. Es una esclavitud de la edad Media”.

Jesús Fernando tenía 14 años cuando perdió el brazo en el accidente ocurrido en el pocito de Sabinas que se colapsó en 2011. El menor ganaba 900 pesos por semana, más 100 por tonelada extraída, y no contaba con seguro social.

Guillermo Zamarripa es un trabajador del carbón en la nueva modalidad de explotación: las minitas de arrastre, “que no son sino cuevas abiertas en los tajos abandonados, donde los poceros ahora van, excavan, apuntalan y meten a los trabajadores”, describe Rodríguez. “Son el horror”. Zamarripa gana mil 100 pesos semanales (cuando no hay descuentos), y señala su extrañeza por la reforma propuesta por el poder legislativo: “Quieren prohibir (a los pocitos) de menos de cien metros de profundidad; donde yo estoy, tienen más de 200”.

Familia Pasta de Conchos denuncia que es en este tipo de explotaciones donde más mueren los trabajadores, cuando menos de 2012 a la fecha, y que la reforma propuesta a la Ley Federal del Trabajo para solucionar el problema de los pocitos en realidad los perpetúa, pues solamente los prohíbe hasta los 100 metros de profundidad, además de que las sanciones no se dirigen a las empresas sino a los encargados, y económicamente equivalen apenas a las utilidades que genera un turno de trabajo en un pocito en tres semanas.

“Las condiciones de trabajo no van a variar. Los mineros trabajan de rodillas, sea cual sea la profundidad. La implicación primera es que van a seguir muriendo”, asegura Rodríguez.

“Los empresarios se enriquecen con el material que los mineros sacan. ¿Por qué no mejorar las condiciones en las que lo hacen?”, cuestiona María del Carmen Cantú Cortés, tía y madre de jóvenes mineros.

Rescate, necesario y vigente

Cuando se cumplen 96 meses desde que los mineros quedaron atrapados bajo tierra supuestamente por una explosión –hasta que no se haga el peritaje, las causas siguen inciertas, insisten desde la Familia Pasta de Conchos- los familiares viajaron a la capital del país a exigir el rescate. Algunos perdieron a un hijo o a un padre; otros, como María del Rosario Campos, tienen a tres familiares ahí.

La Familia Pasta de Conchos remarca que sus mineros son los únicos que no han sido rescatados en las muertes industriales recientes. El asesor Carlos Rodríguez insiste en que es necesario y posible hacer el rescate, después de lo cual la autoridad tendrá que iniciar la averiguación para dar con las causas verdaderas del derrumbe y señalar a los responsables. “La PGR es la que tiene la palabra en este momento”, declara.

En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las voces de las madres, viudas e hijos de los trabajadores caídos en la Mina 8 de Pasta de Conchos –propiedad de Germán Larrea, uno de los tres hombres más ricos de México- sonaron para exigir que les devuelvan los cuerpos para darles sepultura. “La mitad de mi corazón está ahí”, explicó la señora Yolanda Ramos.

Como parte de los 160 huérfanos hablaron Mario Alberto Ruiz Tavarez, de apenas unos meses de edad cuando el carbón se tragó a su padre, y Christian Muñoz, de 19 años, quien señaló que justicia sería que los responsables de la muerte de su padre sacaran el cuerpo con sus propias manos, y “ni así. ¿Cuántas cosas me faltaron por vivir con mi papá? Que den la cara los responsables”.

En la entrevista anterior, Raúl Vera insistió en que la razón por la que la Minera México no ha querido entregar los cuerpos es porque a los cinco días dejaron de buscar sobrevivientes. “Ahora estamos entendiendo que vamos a ver que los mineros sobrevivientes quedaron esperando el rescate en el lugar más cercano al tiro vertical, que es el único por donde entra aire. Esos son los hábitos de los mineros.

“Si esos mineros  estaban con vida esperando a que los rescataran, esos mineros van a estar en grupo, los restos –que son cascos, huesos, los brazaletes de hierro que van a estar pegados a sus huesos, porque después de seis años ponle que la ropa ya no existe- ahí están. Eso indicaría que los dejaron morir. Hicieron este crimen. Hicieron estos barrenos para medir el gas; cuando deciden que ya no van a buscar, los cerraron y sellaron cualquier posibilidad de aire, para que se ahogaran”.

Los deudos insisten en que su pelea redituará en una mayor seguridad para los hombres y niños que trabajan actualmente en las minas y que siguen muriendo. María del Carmen Cantú, tía de uno de los atrapados, lo ejemplifica: tiene a dos hijos trabajando en otra mina, y quiere que vivan bien.

“Son trabajadores que acaban sus vidas en las minas, y son muy bajos los salarios. Son 12 horas de trabajo diario, y sacan 750 por semana. No es justo”, finaliza Cantú. “El gobierno tiene que ver por los trabajadores, porque finalmente se enriquecen de ellos”.

24 de febrero, 2014