México, 20 de octubre de 2014. La ejecución de tres estudiantes de Ayotzinapa y desaparición forzada de 43 más “es odio de clase”, sostiene el profesor normalista Enrique Ávila Carrillo. Advierte que viene un gran ataque contra quienes apoyan a los jóvenes y resalta que no se ha tocado el papel del ejército en la masacre, “y hay qué hacerlo. Lo que hicieron no creo que haya sido sólo encubrimiento”, acusa.

Ávila Carrillo, sobreviviente de la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968, resalta que en la zona cercana a Iguala hay tres destacamentos militares: “¿Cómo es posible que alguien pueda desaparecer a 43 muchachos y el ejército no sepa nada? Yo iría a buscar en sus cárceles”. El profesor normalista lo vincula con el papel del ejército en Guerrero durante la guerra sucia: “Hay que recordar dónde empezaron los vuelos de la muerte, y dónde desaparecieron 600 personas. Hay un gran odio del ejército en este estado contra los estudiantes y los movimientos sociales”.

El 26 de septiembre, la policía municipal de Iguala, Guerrero, atacó a un convoy de normalistas de Ayotzinapa que regresaba de una colecta de fondos. En tres ataques que duraron al menos cuatro horas, seis civiles fueron ejecutados y 43 jóvenes permanecen en calidad de detenidos-desaparecidos. Las autoridades señalaron que en la zona hallaron restos humanos en fosas clandestinas, pero no se ha confirmados que pertenezcan a los estudiantes.

Los egresados de las Normales Rurales trabajan en zonas considerados “calientes”, como Guerrero, Michoacán y el norte de Veracruz. Al egresar con un “sentido social y una identidad comunitaria” muy arraigados, los profesores rurales se convierten en un obstáculo para la delincuencia organizada, valora el académico. “Hacen alianzas con grupos políticos locales, incluyendo autodefensas, policías comunitarias y hasta llegan a tener contacto con guerrillas; con su organización obstaculizan el libre tránsito del narco y lo hacen aún en contra del ejército”, describe. Además, “no se ha dicho nada del papel de éste último como principal conducto y pase de miles de toneladas de lo que sea que trafiquen, en camiones y aviones”, insiste.

Iguala tiene presencia de al menos nueve cárteles del narcotráfico, de acuerdo con especialistas en la zona, y es puerta de entrada a Tierra Caliente, lugar codiciado por la delincuencia organizada.

Hay un ambiente de terror en distintas zonas del México por la unión entre la delincuencia organizada, la policía municipal y el ejército, insiste el profesor  Ávila. En Iguala “todo mundo sabe que trabajan abiertamente. Y el regimiento de ahí cubrió a la policía municipal y a los que dispararon sobre los normalistas” el 26 de septiembre. “Si lo que dice Solalinde (que los estudiantes fueron quemados vivos) es cierto, eso es una bestialidad, es darles un escarmiento en una zona para que no vuelvan a entorpecer”, interpreta.

El ambiente de terror, predice el académico, se reflejará en la vida cotidiana: “Hay sectores que tradicionalmente apoyaban a los normalistas que ahora se echarán atrás. Y va a venir una presión tremenda sobre los representantes de la Teología de la Liberación; quizá a Alejandro Solalinde lo intenten relacionar con maleantes”.

La campaña de medios de comunicación se suma al clima de terror, señala Ávila. Éstos “crearán un ambiente morboso”, buscarán chivo expiatorio “que no será el gobernador”, y la gente “se lo creerá todo”, predice. Agrega que en ningún medio se habla de la responsabilidad del presidente Enrique Peña Nieto, “el principal responsable del caos que hay, y yo hasta pienso que esto lo hicieron para quitar los reflectores de Tlatlaya”, donde el ejército está acusado de la ejecución extrajudicial de un grupo de personas vinculadas al narcotráfico.

Ávila Carrillo insiste en que el gobierno tiene planeado desparecer a las normales, y no cree que con los ojos de la opinión pública internacional sobre Ayotzinapa, esto cambie. “No es una decisión de Peña Nieto, sino de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las Normales no son rentables desde el punto de vista de la competitividad, y los lugares que ocupan los agresados, el gobierno los contempla como fuentes de empleo para quienes salen de las universidades patito”, finaliza.