DESCARGA EL INFORME COMPLETO SOBRE TORTURA SEXUAL AQUÍ
México, 28 de noviembre de 2014. Con las diez medidas para la impartición de justicia anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto, se intenta crear la impresión de que la tortura sexual, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son un tema de falta de control de algunos elementos policiacos, como actos de algunas manzanas podridas, pero en realidad se trata de una violencia metódica y estratégica para reconfigurar el control absoluto de la sociedad, explica Bárbara Italia Méndez, integrante de la campaña nacional Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual, y ella misma sobreviviente de esta práctica.
La campaña nacional Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual, es una iniciativa que surgió de un grupo de mujeres sobrevivientes del ataque gubernamental del 3 y 4 de mayo de 2006 a San Salvador Atenco. Nació con el objetivo de visibilizar y combatir la tortura sexual a mujeres que son atacadas o detenidas por agentes policiales, militares o marinos, comúnmente en el marco de las políticas de seguridad del Estado. La campaña cuenta con la solidaridad de diversos organismos y organizaciones de derechos humanos internacionales y mexicanas.
Por algunos años, explicó Italia Méndez durante el acto de cierre anual de la campaña, consideramos que en México, esta estrategia de control social estaba dirigida a mujeres que luchan y que se implementaba solamente en estos contextos. Sin embargo, agregó, fue evidente un cambio a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, que inició con el entonces presidente Felipe Calderón- y que continúa en el actual gobierno: Es en este contexto que se conocen los casos de muchas mujeres que fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a atroces sesiones de tortura física y sexual, con la finalidad de inculparse e inculpar a otros en ilícitos que no cometieron.
Un caso destacado de tortura sexual durante la guerra contra el narcotráfico es el de Belinda Garza Melo, detenida hace siete años en Torreón, Coahuila, por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), quienes por más de 40 horas la torturaron física, sexual y psicológicamente, de acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Tres meses después, fue presentada ante los medios de comunicación como integrante del cártel del Golfo y permaneció siete años presa, sin que se dictara sentencia. Garza Melo se unió a la campaña, fue visitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, dos meses después, sin aviso previo, fue liberada. Italia Méndez considera que esto es consecuencia de la campaña, y precisa que aún están revisando cómo quedo el tema jurídico de la mujer liberada. Aún están bajo proceso Yecenia Armenta y Verónica Razo.
En esta etapa, las organizaciones de derechos humanos presentaron un informe ante instancias internacionales, principalmente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Con ello, afirma Bárbara Italia Méndez, se pone en la mesa la estrategia de control social, lo que también se logra con organizaciones sociales y ciudadanía a nivel nacional a través de la organización y el contacto social. Así tenemos la oportunidad de abrir espacios de comunicación con la gente que se come la versión del Estado de que somos delincuentes, detalla la activista.
Ahora también se trata de visibilizar que está práctica no solamente la cometen agentes estatales, sino federales, militares, de la Marina, a todos los niveles, explica la integrante de la campaña.
Es importante que entre todos hagamos conciencia de que el Estado usa el lenguaje del terror como presión para desmovilizar y que no haya acción frente al horror. Nos tenemos que seguir movilizando para lograr un cambio, y hoy nos toca solidarizarnos con Ayotzinapa, finaliza Italia Méndez.
