El colapso del sistema en Honduras causa la migración
Cuatro
mil seiscientos ochenta y tres kilómetros separan a Tijuana y
Tegucigalpa. La conexión está marcada por la ruta migratoria de
seres humanos obligados a salir en busca de un hábitat
seguro.
Decenas
de miles de hondureños migran, a menudo en familias, por las razones
que migran todas las criaturas vivientes: para huir de depredadores
salvajes, para dejar tierras áridas devastadas por la sequía, para
escapar del hambre y por la ruptura de las formas colectivas de
protección y supervivencia. A lo largo del camino son presa fácil,
y mueren en números desconocidos. Cada vez más, las sociedades
hacia donde huyen rechazan migrantes y frustran sus intentos de
establecerse en nuevas tierras. Laboriosos y calificados, su
capacidad productiva se desperdicia y la persecución erosiona su
potencial humano y su felicidad.
El
secreto sucio de esta crisis migratoria no es que hombres, mujeres y
niños del sur estén tratando de invadir Estados Unidos y vivir como
parásitos de la generosidad estadunidense. Esta es la versión cruel
y deshumanizante de Trump y nada podría estar más lejos de la
verdad.
El
hecho que no se quiere reconocer es que Honduras vive una crisis
aguda, un colapso en todas las facetas de la vida, que ahuyenta a la
población empobrecida, perseguida, opositora y rebelde, la gente
diferente e inconforme con un sistema diseñado para beneficiar solo
a unos pocos y condenar a la mayoría a la miseria. Escribiendo ahora
desde Honduras, la frustración, el enojo y hasta la desesperación
son palpables.
De
enero a julio, 70 mil hondureños fueron deportados de los Estados
Unidos y México. Casi nadie se detuvo a preguntar qué les espera en
sus lugares de origen. Todas las personas solicitantes de asilo con
quienes he hablado dicen que enfrentan amenazas de muerte,
reclutamiento forzado de ellos, sus hijos u otros familiares por el
crimen organizado, extorsión bajo amenaza de muerte o golpizas, o el
robo de sus tierras y medios de subsistencia.
Los
medios internacionales apenas mencionan los acontecimientos que
muestran la crisis. El tres de agosto el presidente Juan Orlando
Hernández (JOH), reelegido ilegalmente entre protestas
generalizadas, fue señalado como co-conspirador en el caso de
tráfico de drogas contra su hermano, Tony, en un tribunal de
distrito de Nueva York. La corte empieza un proceso formal que
involucra al mismo presidente, que no se podría llevar a cabo en
este país de impunidad. A “dictador”, ahora se le suma la
acusación de narcotraficante.
Este
año estalló una ola de protestas, o se intensificaron, cuando el
gobierno hizo otro intento ilegal de atracar los recursos públicos,
ahora a través de medidas para privatizar la salud y la educación.
En los hospitales, muchos ya administrados por ONG, mueren pacientes
de enfermedades curables, infecciones hospitalarias y falta de
medicamentos y equipo, a pesar de los valientes esfuerzos del
personal médico.
La
Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, ahora
multisectorial, se ha manifestado y promueve un programa alternativo
que expresa los anhelos del pueblo para frenar el deterioro de los
servicios básicos.
El
gobierno no responde al reclamo popular. Honduras es ahora un país
militarizado. La tropa invade las calles, donde pone retenes y para
hasta por llevar lentes de sol o no bajar la ventana. Casi no hay
protesta sin gases lacrimógenos y balas contra la gente que exige
‘¡Fuera JOH!’. Las fuerzas
gubernamentales han asesinado y herido a manifestantes. Los bloqueos
de carreteras ocurren cada semana.
La
gente no tiene recursos para defenderse de
los abusos, como habría en una democracia funcional. No pueden pedir
al gobierno protección cuando el poder político es aliado o parte
de las organizaciones criminales. Aquí varias personas me dijeron:
‘no sabes a quién temerle más: al policía o al líder de la
pandilla’.
La
Dra. Suyapa Figueroa, líder de la Plataforma, me dijo: “Por eso la
gente huye. Si huyen tienen dos posibilidades: cruzar la frontera o
morir. Aquí solo tienen una.”
Los
gobiernos extranjeros no quieren ver la realidad. Fingen que
eliminando a los individuos corruptos se resuelve la corrupción y
gastan millones de dólares en un juego perverso que ha dejado al
sistema corrupto absolutamente intacto. Cuando pregunté al ex
presidente Manuel Zelaya sobre la visita hace unas semanas de la
delegación de congresistas de EEUU, dijo: “Ellos vienen hablando
sobre lo que está de moda —contra la corrupción. No hablan del
modelo, no hablan del sistema, no hablan del imperialismo, no hablan
del sometimiento del sistema económico, no hablan de la desigualdad
que produce el sistema capitalista. Dicen ‘hay que meter presos a
los corruptos’, de acuerdo. Pero al día siguiente que se ponen los
honestos, a los seis meses son más corruptos que los que se fueron.
Es el sistema el que genera corrupción.”
El gobierno de EEUU no se da por enterado del colapso del sistema que ha permitido el saqueo del país a favor de sus intereses por siglos. Aunque Trump ha anunciado la suspensión de la ayuda a Honduras y otros países centroamericanos, continúa financiando precisamente la administración y las fuerzas represivas de seguridad que bloquean todos los intentos de base para restaurar la democracia y la prosperidad del país. En nombre de contener la migración, refuerza sus causas.
Irónicamente, las “fuerzas progresistas” en
Washington están llamando a aumentar la ayuda al gobierno de JOH, a
pesar de que las principales organizaciones hondureñas de defensa de
derechos han exigido suspender la ayuda a la dictadura e ir al fondo
del crimen de Berta Cáceres, que inmediatamente cortaría la ayuda a
las fuerzas de seguridad.
En
México, el presidente López Obrador recibió a JOH el 26 de julio
en Veracruz. Aquí en Honduras, las fuerzas democráticas han exigido
a México y EEUU cesar el financiamiento al gobierno ilegítimo de
JOH. El programa mexicano propone la creación de 20 mil empleos como
si el problema tras la migración fuera el desempleo. La mayoría de
migrantes con que he hablado en Tijuana tenía empleo, y de hecho,
las amenazas que recibieron tenían que ver con extorsión en el
empleo. Otros viven en la pobreza pero no por falta de trabajo sino
por la estructura de desigualdad, despojo y
salarios de hambre.
Las causas de la migración son políticas. No se puede resolver con programas superficiales contra la corrupción o para el desarrollo. Esta es una simulación para mantener el contexto trágico que obliga a las familias a enfrentar riesgos, incluso la muerte, en busca no de una vida mejor, sino simplemente mantenerse vivos.
Laura Carlsen
(mexicana/estadounidense) es directora del Programa de las Américas, analista política y periodista