Arderá la memoria

hasta que todo sea como lo soñamos.

Paco Urondo

El próximo 26 de septiembre se cumple el X aniversario del acontecimiento Ayoztinapa. Un hecho que marcó social y políticamente a este país pero, fundamentalmente, a la vida de 46 familias de estudiantes normalistas y 3 más ajenas a la movilización estudiantil reprimida con violencia extrema. Por supuesto, a la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” y al normalismo rural víctima constante de agresiones gubernamentales de todo tipo, como da buena cuenta el indispensable libro de Luis Hernández Navarro, La pintura en la pared. Una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales, FCE, 2023.

El proceso ha sido largo y tortuoso en la exigencia de verdad y justicia. El extraordinario trabajo realizado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), de 2015 a 2023, concluyó con un sexto informe final con aseveraciones terribles que escandalizarían a cualquier proceso democrático o de reparación histórica. Concluyen su valiosa labor señalando “la negación institucional” permanente, “la carrera de obstáculos” enfrentada por la verdad y “el delito permanente que se sigue cometiendo”, entre otras.

Sin duda, Ayotzinapa como acontecimiento marcó un antes y un después, abrió un espacio político a partir del agravio compartido y movilizó a miles de personas en todo el mundo. Nada de esto ha valido para la consecución de la verdad y menos de la justicia. Los 43 jóvenes siguen desaparecidos. Adriana López Monjardín (2015) retoma a Nicholas Risdell al señalar el “agravio de procedimiento” porque a los terribles hechos se sucedió otro largo y tortuoso proceso de revictimización constante por la inoperancia del Estado cómplice. A eso refiere el GIEI al señalar la imposibilidad de continuar con sus trabajos mientras “la mentira se institucionalice como respuesta” precisando la protección del ejército a toda costa, como única consigna del ejecutivo en turno.

En procesos similares en otros países: Argentina, Perú, Guatemala, por mencionar algunos, se han llevado a cabo procesos de reparación histórica que, necesariamente, incluyen el juicio a los responsables, todos de instituciones del Estado. Aquí al contrario, se desmantelan esfuerzos como el mismo trabajo del GIEI o la Comisión expresa formada en la Fiscalía General de la República para el caso con el fiscal Omar Gómez Trejo a la cabeza hecho a un lado mientras se liberaban acusados de participar en los hechos criminales o se desistían de órdenes de aprehensión contra militares. Funcionarios van y vienen sin vergüenza histórica, como Alejandro Encinas a quien creíamos al menos decente, que dejó su encomienda como Subsecretario de Derechos Humanos y con la encomienda del caso sin resultados relevantes para ahora irse a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento del nuevo gobierno de la CdMx. ¡Así se las gastan! cambio de ventanilla y a otra cosa.

Un par de días después de lo acontecido el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando los familiares confirmaron la desaparición forzada de sus hijos, comenzaron a recorrer las oficinas gubernamentales con sus rostros. Será hasta el 30 de septiembre cuando se oficialice la desaparición forzada de los 43. De entonces a la fecha, padres y madres se erigieron como agentes políticos sin descanso, se organizaron y hasta la fecha, no han cejado en sus exigencias. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! como única consigna.

Cierto que la movilización social ha acompañado este proceso, no solo marchando cada día 26 por Paseo de la Reforma sino produciendo toda suerte de artefactos políticos-estéticos, realizando investigaciones, libros y valiosos documentales constructores de la verdad y la memoria histórica que, del otro lado de la cancha, pretenden borrar de un plumazo. Omisos y cómplices, el Estado todo, menosprecia nuestra memoria y minimiza un acontecimiento que la misma ONU calificó, el 3 de octubre de 2014, como “uno de los sucesos más terribles de los últimos tiempos”.

Una enorme herida, una más, lacera a este país hundido en violencias extremas desde hace mucho tiempo. No hacemos más que sumar agravios y dolores contra personas y comunidades enteras. Recientemente, una comisión más por la verdad de crímenes del pasado, el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico, entregó un informe parcial que, entre muchos datos terribles, habla de 46 masacres documentadas y 8594 detenidos desaparecidos entre 1965-1990. Ahora es peor. Este informe seguramente no solo será ignorado sino denostado, como ha ocurrido siempre y como sigue ocurriendo con organismos compañeros como los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez o Tlachinollan, en el caso particular de Ayotzinapa.

Y ni qué decir de la ausencia o inoperancia, en su caso, de leyes, mecanismos, organismos e instituciones creadas al margen de las familias, únicas expertas, que se crean y desaparecen, carecen de recursos o son simple simulación, con cambios de nombre, para la supuesta atención a muy graves problemáticas. Apenas el año pasado anunciaron con bombo y platillo que la Comisión Nacional de Búsqueda había recibido mil millones de pesos para su operación, cuando la cifra de desaparecidxs sigue en aumento imparable. Los únicos hallazgos son los realizados por los colectivos de familiares buscadores, con muy precarios recursos, en las fosas clandestinas que ellxs mismos descubren y que hasta el año pasado el Estado reconocía en más 2400 fosas. Hubo una certera y terrible pinta callejera que decía: “En México, todos los días son días de muertos”.

Ninguna recomendación de organismos internacionales ha sido atendida, recordemos el caso de Rosendo Radilla, detenido desaparecido en 1974 por el ejército. No hay ningún proceso de reparación efectivo en curso, ni castigo alguno a los responsables y menos, garantías de no repetición.

El Estado apuesta no solo al silencio sino al olvido y más nos vale radicalizar la indignación y la rabia para convertirlas en procesos organizados que rebasen el activismo coyuntural necesario pero insuficiente. Ayuda el enorme y constante trabajo de los medios independientes, como Desinformémonos, que siguen dando precisa cuenta de todas y cada una de las agresiones sufridas en las luchas populares por justicia, por una vida digna, por la defensa del territorio y por conquistas históricas incumplidas. Historificar sigue siendo una tarea permanente, no olvidemos, no perdonemos.

Este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, se va con la cola entre las patas en materia de justicia, no solo en el caso Ayotzinapa que prometió resolver. Su populismo no toca los reales poderes de facto: el económico, con definitiva participación del crimen organizado, y el militar. Su optimista, por decir lo menos, último informe presidencial así lo muestra. Frente a la crisis humanitaria que vive México, ni una sola mención a las víctimas de las violencias fuera de una breve mención a Ayotzinapa como pendiente por resolver y al rescate de siete mineros en los dos desastres, nada naturales, de Coahuila. Significativo si comparamos sus loas y felicitaciones a las fuerzas armadas y a la marina a quienes convirtió en una enorme empresa constructora y administradora.

¿Que podría ser peor? sin duda, pero ello no impide la crítica histórica ni la exigencia por verdad y justicia. Nada reparará el dolor y la tragedia vivida que no deja de acontecer. No se nos olvide que no hay lugar para lxs desaparecidxs que no sea entre nosotrxs, como bien nos recuerda el poeta Eduardo Vázquez.

¡Ayotzinapa vive y vive!